El principio del fin
Pasadas las seis de la tarde del 20 de julio de 1936, veinte efectivos de la Guardia de Asalto republicana custodian desconcertados el Gobierno Civil (actual facultad de Derecho), el gran objetivo de los sublevados una vez conseguida ese mismo día la adhesión de los cuarteles de la plaza. De un momento a otro, los militares y las fuerzas de Falange aparecerán por la calle Duquesa.
En su interior, el gobernador civil, César Torres, preside desde la mañana un desesperado comité permanente del Frente Popular, que a esas alturas dispone ya de poco margen para hacer frente a la cascada de adhesiones que reciben los sublevados entre los elementos militares de la ciudad, pese a los intentos del general Campins, gobernador militar, de mantenerlos leales al gobierno.
El proceso sumario incoado por la autoridad militar contra la cúpula del Frente Popular dejó a éste poca posibilidad de defensa. Sólo el gobernador civil encontrará un resquicio para evitar la pena capital. Así, acusados de un delito de rebelión, fueron juzgados el 1 de agosto el propio César Torres, el presidente de la Diputación, el comerciante Virgilio Castilla Carmona (48 años), líder socialista de gran carisma; el insigne ingeniero y jefe de la Demarcación de Obras Públicas, Públicas, Juan José Santacruz Garcés (46 años); el dirigente de Socorro Rojo Internacional, abogado y concejal socialista de Granada, Enrique Marín Forero (35 años) ; el sindicalista de UGT, militar retirado y maestro artillero de la fábrica de pólvoras, Antonio Rus Romero (46 años); , y el ex cenetista José Alcántara García (30 años), del Partido Sindicalista.
Todos ellos se encontrarían en los calabozos, entre otros, con el alcalde, Manuel Fernández Montesinos, arrestado esta misma tarde en su despacho del Ayuntamiento de Granada, que ocupaba hacía apenas una semana.
El caso es que las escuadras falangistas se adelantaron a la decisión del general Campins, de armar a las Juventudes Sociales, a las milicias comunistas y anarquistas, y a primera hora de la tarde del 20 de julio lograron hacerse con el control de Los Mondragones y salir armados a las calles con el comandante Valdés al frente.
Para entonces, el capitán Nestares domina la comisaría de Vigilancia y Seguridad, frente al Gobierno Civil, y ha paralizado la entrega de armas a milicianos destinados a marchar sobre Córdoba. A esa hora, cuatro y media de la tarde, según escribe Rafael Gil Bracero en el volumen La Guerra Civil en Andalucía Oriental 1936-1939, “el Frente Popular, sin armas, ya no tendrá oportunidad de reaccionar en cuanto las tropas ocupen sus primeros objetivos“.
En el interior del Gobierno Civil se encuentra el teniente de la Guardia de Asalto, Rafael Martínez Fajardo, que cuando aparecen por allí los militares sublevados y escuadras falangistas se une a ellos y evita que sus hombres hagan fuego en defensa de la República.
La tropas toman el edificio sin apenas resistencia. Se oyen disparos aunque no se registran víctimas. El presidente de la Diputación, Virgilio Castilla, lleva un arma en la mano cuando el comandante Valdés sube por las escaleras para ocupar el poder civil de la provincia. Según el atestado, la declaración de Valdés, la acusación del fiscal y la sentencia, Castilla disparó contra la Valdés sin acertarle antes de ser reducido y detenido.
Durante la rápida instrucción de la causa, los seis acusados negaron los cargos. El más vehemente en su defensa fue el ingeniero Juan José Santacruz, porque no estaba en el Gobierno Civil cuando llegaron los falangistas y los soldados de Artillería. El jefe de Obras Públicas insiste reiteradamente durante el proceso que ya no era miembro del Frente Popular y que no intervino en ninguna trama para armar a milicias subversivas.
Esa tarde Santacruz -que diseñó la carretera a Sierra Nevada y el puerto de Motril- estaba en el estudio de pintura de su hija en la calle Molino de Corteza del Carmen y de allí se marchó a su domicilio en Plaza Nueva 2, donde a las dos y media de la madrugada fue detenido. Su abogado se quejaba amargamente en el escrito de defensa: “hechos todos que hubiéramos demostrado plenamente si la denegación de la prueba propuesta -declaración de los agentes que lo detuvieron- no hubiera dejado a nuestro patrocinado en el estado de indefensión en que la aludida negativa le sitúa“.
Virgilio Castilla declaró que desconocía que se hubiese declarado el estado de guerra y que exhortó a la guardia de asalto a no disparar contra el ejército que se aproximaba al Gobierno Civil; admitió que efectivamente encontró un arma en el edificio pero que, lejos de hacer uso de ella contra Valdés, se la entregó al capitán Nestares y proclamó su disposición en todo momento a “conservar y hacer conservar el orden”.
Antonio Rus declaró haber acudido al Gobierno Civil a recibir órdenes sobre una columna de milicianos que debía marchar sobre Córdoba, añadió que el gobernador civil dejó claro a las tropas que custodiaban el edificio que debían disparar contra los asaltantes y que vio a Castilla con un arma en la mano aunque no pudo precisar si la disparó.
Enrique Marín Forero,… del Ayuntamiento de Granada, fue confundido con su hermano, que trabajaba en el Gobierno Civil, pero a pesar de ello fue acusado de conspirar igualmente desde el consistorio. Reconoció que en el Ayuntamiento “se había oido” algo sobre la constitución de una columna para marchar sobre Córdoba.
El gobernador César Torres evitó la pena de muerte al aceptar el tribunal que siempre actuó acatando órdenes del Gobierno de Madrid. Aportó eso sí datos sobre la aparición en su despacho de unas supuestas listas negras de militares y falangistas. Torres salió del paso asegurando que en realidad eran dos listas, una de oficiales a los que el Frente Popular quería trasladar a otras plazas, y otra de falangistas que, en caso de levantamiento popular, serían detenidos preventivamente para salvaguardar su integridad.
Eliminado el poder civil, democrático y legítimo, con una farsa de juicio, siguiendo las instrucciones de Francisco Franco y de Queipo de Llano, el terror ya se podía imponer sobre el pueblo...
Para que nunca se olvide. Para que nunca se repita.
En colaboracion con
y las asociaciones memorialistas de la provincia de Granada.
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Sus primeras crónicas se publican, mientras estudia Filología Hispánica, en El Telegrama de Melilla o en la edición Melilla de El Diario de la Costa del Sol y se escuchan en Antena 3 Radio. En la Universidad Complutense se licencia en Ciencias de las Información y obtiene la Suficiencia Investigadora. En Madrid trabaja en Europa Press y lidera la publicación, junto a otros autores, de El Manual del Estado Español (1994, Ediciones Lama).En Granada, permanece nueve años en la Delegación de la Agencia Efe, que abandona para incorporase como subdirector a Granada Hoy. En CajaGranada ha sido director de Comunicación y trabajó en su Obra Social. Es director de Proyectos de Geepp Ediciones.
