El alcalde y los ediles denunciados por el empresario Ramón Arenas han presentado alegaciones solicitando el archivo de las diligencias de investigación penal abiertas por la Fiscalía. Defienden la legalidad de la operación urbanística denunciada y señalan al empresario, al que acusan de haberse movido con el único interés de "especular" con los terrenos y de haber emprendido esta batalla legal en respuesta a la negativa del Ayuntamiento. Mientras tanto, la oposición exige explicaciones por la gestión urbanística municipal, que consideran "bajo sospecha".

Ramón Arenas litiga desde hace años con el Ayuntamiento a cuenta de la parcela de su propiedad junto al Pabellón Mulhacén. Culpa al Ayuntamiento de no haber podido darle uso, tras una década desde su compra, y de haber provocado con ello su "ruina" personal y empresarial. El pasado mes de abril recurrió a la Fiscalía, que ha abierto diligencias de investigación penal. Repasamos los principales argumentos de su denuncia, que ha ampliado con dos escritos.

Todos los denunciados han presentado alegaciones a la investigación abierta por la Fiscalía, entre ellos el alcalde y su responsable de Urbanismo, Isabel Nieto. Los dos piden el archivo de las diligencias y, en el caso de la edil, con un duro escrito en el que denuncia que la intención del empresario denunciante con su parcela fue "especular claramente", así como las "coacciones" que tanto ella como los funcionarios que han tramitado estos expedientes ha recibido durante todo el proceso por parte de Ramón Arenas. Recuerda que ha planteado una reclamación patrimonial de 6 millones al Ayuntamiento.

El alcalde en funciones, Francisco Ledesma, que figura entre la decena de denunciados en su calidad de secretario de la junta de gobierno local, asegura que el equipo de gobierno tiene la "plena y absoluta" confianza en que la investigación abierta por la Fiscalía se archivará. Defiende la operación urbanística, que contaba con los informes técnicos preceptivos, y atribuye la batalla legal del empresario Ramón Arenas a que el Ayuntamiento evitó su intento de "especulación" con el terreno que posee en la zona. El alcalde, los concejales, los altos funcionarios y técnicos denunciados han formulado ya alegaciones ante la Fiscalía.

Critica que una zona donde debería haber jardines, pistas de pádel y aparcamientos haya quedado convertido en un restaurante de comida rápida y varios bares privados.

El viceportavoz del grupo socialista, Baldomero Oliver, espera contar con el respaldo del resto de grupos, incluido Ciudadanos, para que prospere esta iniciativa, que considera necesaria ante la "extrema gravedad" de la investigación iniciada por la Fiscalía de Granada. Para los socialistas, la gestión urbanística de Torres Hurtado está "bajo sospecha".

El portavoz de Ciudadanos, Luis Salvador, asegura que pedirá explicaciones al gobierno local y que su partido, al igual que está haciendo en Andalucía, será "implacable" ante los casos de "corrupción política" en Granada y pedirá la dimisión de cualquier cargo público afectado por esos casos.

El concejal de la formación de izquierdas pregunta a Ciudadanos si va a seguir sustentando al gobierno de Torres Hurtado, que está "bajo sospecha" en Urbanismo.

La Fiscalía ha ordenado ya la práctica de diligencias a la Policía, entre ellas la declaración del alcalde, José Torres Hurtado, la responsable de Urbanismo, Isabel Nieto, y el de Economía y Hacienda, Francisco Ledesma, además del constructor Roberto García Arrabal. La denuncia fue presentada por el empresario Ramón Arenas, que litiga desde hace años como perjudicado por la operación urbanística que ahora investiga la Fiscalía. Es la segunda operación urbanística que ordena investigar la Fiscalía este año, después de que el pasado junio abriera diligencias por unas obras autorizadas a un hotel.