El gobierno de Torres Hurtado se defiende
El equipo de gobierno respondió ayer a la investigación por posibles irregularidades urbanísticas abierta por la Fiscalía con un duro ataque al denunciante, el empresario Ramón Arenas. Pelotazo urbanístico y especulación fueron algunos de los términos que empleó el alcalde en funciones, Francisco Ledesma, para referirse a las razones que mueven al denunciante.
Son expresiones que figuran también entre los argumentos de las alegaciones presentadas ante el Ministerio Público solicitando el archivo de las actuaciones. El gobierno de José Torres Hurtado, denunciado junto a la concejala de Urbanismo, Isabel Nieto, Francisco Ledesma en su calidad de secretario de la junta de gobierno local, siete altos funcionarios y técnicos municipales, y el empresario Roberto García Arrabal -supuesto beneficiario de la operación- ha solicitado el archivo de las actuaciones.
Tiene la "plena y absoluta" confianza de que se archivarán, como aseguró Ledesma a los periodistas, ante los que defendió la legalidad de las actuaciones, recordando que los miembros del equipo de gobierno actúan siempre con los preceptivos informes elaborados por los técnicos, en los que confían. Es precisamente uno de los tres argumentos que ha enviado el alcalde a la Fiscalía solicitando el archivo.
Francisco Ledesma atiende, este jueves, a los periodistas. miguel rodríguez
El gobierno de Torres Hurtado acusa al empresario de responder con esta denuncia porque el Ayuntamiento frustró su intento de "especular" con los terrenos, razón última que ve detrás de su batalla legal. Es el argumento que desarrolla Isabel Nieto en su escrito de alegaciones a la Fiscalía. Muy duro y en el que denuncia "las coacciones" que tanto ella como los funcionarios de Urbanismo han sufrido por negarse a esas pretensiones.
La oposición pide explicaciones
"Bajo sospecha" ven PSOE e IU la gestión urbanística en el Ayuntamiento de Granada y exigen explicaciones, al sumarse esta investigación a otras anteriores como la de la zona de ocio del Serrallo. A la petición de explicaciones se sumó también Ciudadanos, que tras advertir de que será "implacable" ante cualquier caso de "corrupción política", pidió no obstante "no precipitar juicios de valor". Precisamente PSOE e IU también volvieron la mirada al grupo de Luis Salvador, recordándole que sostiene al gobierno de Torres Hurtado.
La voz al grupo municipal socialista la puso su viceportavoz, Baldomero Oliver, que exigió una auditoría externa en el área de Urbanismo, a la que espera que se sume el resto de grupos de la oposición, especialmente Ciudadanos, "el socio de gobierno" del PP.
Para el concejal de IU, Francisco Puentedura, esta investigación, la cuarta, según recordó, exige explicaciones "claras" y dimisiones, si se produjera alguna imputación. El edil de IU también señaló a Ciudadanos, preguntándole a Luis Salvador si va a seguir sustentando a un gobierno que está "bajo sospecha".
Salvador ya avanzó que serán "implacables" ante cualquier caso de "corrupción política" en Granada, como lo están siendo en Andalucía. Aunque, tras recordar el acuerdo de regeneración democrática que firmó el PP como paso previo a su pacto de estabilidad y que incluye dimisiones si hay imputación, el portavoz de Ciudadanos "no precipitar juicios de valor" en tanto se conozcan "todos los detalles de la investigación".
También se pronució Vamos Granada, exigiendo al equipo de gobierno y a todos los investigados que se adelanten y den cuenta con "absoluta transparencia" para que no haya "ni una sombra de duda".
Doce denunciados y seis posibles delitos
El empresario Ramón Arenas, propietario de una parcela en la manzana objeto de la investigación, denuncia que el Ayuntamiento ha ido supuestamente modificando las condiciones urbanística inicialmente establecidas favoreciendo los intereses del otro empresario y abocándolo a la "ruina".
Dirige su denuncia contra doce personas:
- José Torres Hurtado, alcalde de Granada
- Isabel Nieto, concejala de Urbanismo
- Francisco Ledesma, concejal (como secretario de la Junta de Gobierno Local)
- Roberto García Arrabal, empresario (Fontdeis SL)
- Directora general de Urbanismo
- Director general de Licencias
- Jefe del Servicio de Patrimonio
- Vicesecretario general de Urbanismo
- Subdirectora de Gestión
- Coordinador general de Urbanismo
- Interventor general
- Ingeniero técnico municipal
La Fiscalía, en su decreto de apertura de diligencias penales, sostiene que los hechos denunciados podrían constituir posibles delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación administrativa, prevaricación común, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Entre las diligencias que ha ordenado practicar, la Fiscalía ha pedido a la Policía Judicial que recabe toda la documentación precisa para determinar la legalidad o no de los hechos denunciados, tomando declaración a los denunciados y a cuantas personas estime oportuno. También se dirige a la Inspección Urbanística de la Junta y a su Dirección General de Urbanismo para pedirles informes detallados sobre la operación urbanística.
