Nieto pide el archivo de las diligencias en un duro escrito en el que denuncia coacciones del denunciante
Asegura Isabel Nieto en su escrito de alegaciones, que el Ayuntamiento hizo llegar ayer a los medios junto al del alcalde y el de Francisco Ledesma -denunciado en su calidad de secretario de la junta de gobierno local-, que la denuncia de Ramón Arenas ante la Fiscalía presenta un relato "distorsionado" y "deliberadamente confuso". Parte de esa premisa de "desorden" y "confusión" para estructurar sus alegaciones, con el objetivo de intentar "ordenar" los hechos "para mayor comprensión de la Fiscalía".
Hace un relato cronológico del procedimiento que parte en 2005, cuando se segregan las parcelas y se venden, la de uso docente para la empresa de Ramón Arenas, Aremat, por 427.052 euros, y la de Fontdeis -la empresa de Roberto García Arrabal, denunciado también- por 897.156 euros.
La concejal atribuye el retraso en el posterior desarrollo urbanístico de estos terrenos a un recurso interpuesto en su día por la Junta por la venta de cuatro parcelas, entre ellas las dos referidas. Un recurso que finalmente fue desestimado, dando la razón al Ayuntamiento e incluso condenando en costas a la Administración autonómica, como llega a precisar. Asegura la edil que, aunque no hubo en su momento suspensión del acto municipal, se consideró prudente esperar a la resolución del contencioso.
La "actitud" de ambos empresarios ante ese recurso de la Junta fue "diferente", según el relato de Nieto. Fontdeis solicitó la resolución de la compraventa, lo que llevó al Ayuntamiento a iniciar un nuevo expediente y sacar un nuevo pliego en el que se recoge que una instalación con uso comercial como "complementaria" a la instalación deportiva.
La intención, "especular claramente", a juicio de Nieto
No hubo petición con respecto a la parcela de Aremat. La concejala traslada a la Fiscalía en sus alegaciones que la intención que tenía su propietario era "especular claramente", lo que justifica en que en 2005 recibió una denuncia en la que se indicaba que se había instalado un anuncio en la parcela sobre la futura construcción de aparcamientos y trasteros. Llegó a solicitar licencia de obras que el Ayuntamiento declaró "inviable", porque incluía un proyecto de ocupación del subsuelo -para el parking- del 100 por ciento. Se le requirió la documentación necesaria -estudio de detalle- y finalmente el empresario dejó caducar la licencia.
La concejala pide el archivo de las diligencias a la Fiscalía y defiende la legalidad de la operación. miguel rodríguez
Urbanismo le advirtió de que el aparcamiento pretendido no podía convertirse en el uso principal de la parcela, que tenía uso docente. En 2007 se inició la resolución del contrato de compraventa por incumplimiento del plazo y las condiciones del pliego.
Desde ese momento, refiere Nieto, los funcionarios que han participado en la tramitación de estos expedientes han sido objeto de "amenazas continuas de presentar querellas", sintiéndose "coaccionados permanentemente".
Comportamiento "absolutamente inmoral"
La edil llega a asegurar que el empresario se ha comportado de manera "absolutamente inmoral", refiere que en su momento "silenció" el defecto de cabida (los 300 metros cuadrados de su parcela que resultaron invadidos por el pabellón deportivo), y que llegó a "manipular" las lindes en algunas de sus actuaciones, de lo que "se delató" en un interdicto que presentó en el Juzgado y que no prosperó.
En un momento de su escrito de alegaciones atribuye al interés por "especular" toda la actuación del empresario, para hacer frente a las sucesivas hipotecas sobre la parcela que había firmado y que la edil cifra en 1.788.000 euros.
Detectado el defecto de cabida, el Ayuntamiento intenta solucionarlo y propone un acuerdo en el que tiene que avenir a la Dirección del colegio colindante, a Fontdeis y a Aremat. Llegado el momento de la firma, Arenas -según la concejala- pone como condición que se permita el uso lucrativo, aunque nunca lo llega a plantear por escrito.
Ese momento coincide, explica, con una reclamación patrimonial por parte del empresario de 6 millones de euros al Ayuntamiento.
La concejala, que en un momento del relato repite ante cada argumento que el empresario "miente", pide por todo lo que expone el archivo de las diligencias, al considerar que los hechos quedan aclarados y que el denunciante está utilizando "una vez más" a la Administración de Justicia con "fines perversos" y para sus "intereses personales", consiguiendo "dañar el honor de muchas personas".
