Medidas adoptadas por la Diputación de Granada ante la pandemia del Covid-19

Una denuncia y dos ampliaciones

Política - M.A. - Jueves, 13 de Agosto de 2015
Ramón Arenas litiga desde hace años con el Ayuntamiento a cuenta de la parcela de su propiedad junto al Pabellón Mulhacén. Culpa al Ayuntamiento de no haber podido darle uso, tras una década desde su compra, y de haber provocado con ello su "ruina" personal y empresarial. El pasado mes de abril recurrió a la Fiscalía, que ha abierto diligencias de investigación penal. Repasamos los principales argumentos de su denuncia, que ha ampliado con dos escritos.
Ramón Arenas culpa al Ayuntamiento de no haber podido darle uso a su parcela.
Miguel Rodríguez
Ramón Arenas culpa al Ayuntamiento de no haber podido darle uso a su parcela.

La denuncia, presentada el 22 de abril. va acompañada de 1.446 folios de documentación, que el empresario aportó a la Fiscalía de Granada en un CD ordenado en 59 anexos. Lo hizo tras una consulta previa, en marzo, a la Fiscalía General del Estado, que lo remitió al ámbito provincial. Estos son, en síntesis, los argumentos que aporta y los hechos que denuncia: 

  • Ramón Arenas se adjudicó, a través de su empresa Aremat Formación, una parcela municipal, con uso para equipamiento docente, en 2005. 
  • Su parcela fue "invadida" por la construcción de un pabellón deportivo municipal que fue adjudicado, mediante concesión municipal, en 2007. Culpa a ese hecho de no haberle podido dar uso. 
  • Sostiene que las condiciones de la adjudicación se han ido modificando, alterando el pliego de cláusulas -con vulneración de los principios de publicidad y concurrencia-. Así, lo que debía ser un pabellón deportivo -con unas características concretas-, tres pistas de pádel, una zona ajardinada, un aparcamiento de 200 plazas y un edificio de una planta de uso terciario (comercial), ha derivado en un pabellón que incumplió lo estipulado y no sirvió para el uso inicial (Mundobasket), un restaurante de cómida rápida y varios establecimientos hosteleros, sin rastro del parking. 
  • Entre las irregularidades que denuncia no solo cita las condiciones del contrato, sino su importe. Este cambio habría tenido como objetivo, según el denunciante, evitar el control del Consejo Consultivo, reduciendo de 6.156.506 euros a 6.010.121 euros. 
  • El empresario sostiene que desde 2012 ha venido reclamando informes y estudios de detalle relativos a la concesión administrativa y que no se le permitió conocerlos pese a ser interesado porque su parcela es colindante. 

En su largo litigio, que ahora investiga la Fiscalía, también ha recurrido al TSJA, como el propio empresario recuerda, presentando un recurso contencioso-administrativo. 

Arenas llama la atención sobre la conexión de los hechos que ha denunciado con otras supuestas irregularidades urbanísticas objeto de investigación. En concreto cita el caso del Serrallo y la parcela para uso deportivo situada en el Parque Tecnológico de la Salud, vendida por la Agencia IDEA y deja constancia de "la similitud" tanto de "las partes intervinientes" como de "la mecánica procedimental". 

El empresario ha dirigido su denuncia contra:

  • José Torres Hurtado, alcalde de Granada
  • Isabel Nieto, concejala de Urbanismo
  • Francisco Ledesma, concejal (como secretario de la Junta de Gobierno Local)
  • Roberto García Arrabal, empresario (Fontdeis SL)
  • Directora general de Urbanismo
  • Director general de Licencias
  • Jefe del Servicio de Patrimonio
  • Vicesecretario general de Urbanismo
  • Subdirectora de Gestión
  • Coordinador general de Urbanismo
  • Interventor general
  • Ingeniero técnico municipal

La Fiscalía infiere, "ab initio", que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delito contra la ordenación del territorio, prevaricación administrativa, prevaricación común, falsedad, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Ampliaciones de la denuncia

Desde que presentó la denuncia en abril, el empresario ha presentado dos escritos ampiándola. Uno el 20 de julio, en el que aporta documentación sobre la instalación del resturante de cómida rápida, alterando según expone las condiciones del concurso inicial, y otro el 11 de agosto solicitando el amparo de la Fiscalía después de que el Ayuntamiento desestimara su recurso contra la caducidad de su licencia. 

Arenas recusó a Isabel Nieto "por enemistad manifiesta" y, pese a ello, según informó en ese segundo escrito al fiscal, fue ella misma la que resolvió su recurso. Según él, el recurso debió paralizarse para resolver la recusación y, entonces, darle trámite.