La Audiencia Provincial de Granada acoge desde este martes el juicio contra el exvicepresidente de la Diputación de Granada, Julio Bernardo Castro (IU), y otras once personas más por el llamado caso Mercamed sobre supuestas irregularidades en las contrataciones para la celebración de una feria empresarial en Tetuán que contaba con financiación europea.

 

La Fiscalía ha solicitado la pena ocho años y cinco meses de prisión y 17 años de inhabilitación para el exvicepresidente de la institución provincial, además de dos multas, una de ellas de 250.000 euros.

 

Este juicio, que prevé prolongarse hasta el 21 de abril en la Sección Primera de la Audiencia, también sentará en el banquillo de los acusados a representantes de empresas y a técnicos contratados en la institución provincial.

 

Los acusados se enfrentan a penas de ocho años y cinco meses de prisión por supuestos delitos de prevaricación administrativa perpetrada por funcionario público, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsificación de documento mercantil.

 

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos giran en torno a la Feria de Cooperación Empresarial Mercamed que se celebró del 26 al 28 de abril de 2011 en la localidad marroquí de Tetuán. Se impulsó al amparo del programa Poctefex financiado con fondos europeos en un 80 por ciento. El condicionante era destinar el 90 por ciento de sus fondos a actividades en el marco territorial de la Unión Europea y nunca menos del 10 por ciento restante en países extracomunitarios.

 

Los gastos contabilizados en la Diputación por esta feria fueron de 300.000 euros, quedando pendiente una liquidación definitiva para ser reintegrados por la Unión Europea previa justificación.

 

En este marco, sostiene el fiscal que los acusados -los gestores de la Diputación y los particulares que concurrieron y contrataron la prestación de servicios- "se concertaron entre sí con la finalidad de adjudicar los contratos a empresas y personas determinadas", usando para ello la modalidad de contratos menores sin publicidad.

 

En algunas ocasiones "prescindieron del procedimiento legalmente establecido y dotaron de legalidad la contratación efectuada" y otras veces fraccionaron los contratos para no superar el umbral establecido por ley que obliga a sacarlos a concurso público. Todo ello, según agrega el fiscal, pese a las advertencias y reparos expresados por los servicios de la institución provincial implicados en la contratación, en particular el jefe de la sección administrativa en la Delegación de Empleo de la Diputación.

 

Mantiene el Ministerio Fiscal que los acusados, entre ellos un subordinado directo de Julio Bernardo en el área de Cooperación y otros técnicos contratados en aquellas fechas en la Diputación, "actuaron en el ámbito de sus respectivas funciones eludiendo el trámite de fiscalización previa y mecanismos de control encomendados a la Intervención de la Diputación conforme a la Ley de Haciendas Locales".

 

Supuestamente con la finalidad de eludir los controles de la licitación pública, "confeccionaron expedientes incompletos, simulados o artificiales para otorgar una apariencia de legalidad a la contratación, ocultando intencionadamente la existencia de relaciones entre las empresas vinculadas, favoreciéndolas".

 

Asimismo, "los acusados dieron su aprobación a los proyectos preparados y adjudicados ad hoc, usaron documentación de la que nunca existió constancia en la Diputación, manipularon convenientemente las ofertas y presupuestos a base de copiar los preexistentes, emitieron facturas duplicadas por un mismo y único concepto y ordenaron los pagos a favor de quienes no habían prestado servicios y ello -agrega el fiscal- para eludir los controles europeos" sobre la contratación para empresas no europeas y los requisitos de la ley y bases de ejecución presupuestaria. La causa también se dirige contra varias entidades mercantiles en calidad de responsables civiles directos.