El grupo popular en la Diputación de Granada pedirá al gobierno provincial, del PSOE, que recurra la sentencia del 'caso Mercamed' sobre irregularidades en los contratos de la feria celebrada en 2011 en la localidad marroquí de Tetuán con el fin de que no queden "impunes" hechos "delictivos" que a su juicio han quedado "totalmente demostrados" en la etapa de gestión de PSOE e IU.

Estas declaraciones se producen después de que la Audiencia de Granada haya condenado al exvicepresidente de la Diputación de Granada Julio Bernardo Castro (IU) a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación en este caso y haya absuelto a las once personas -entre asesores, técnicos de la institución provincial y representantes de empresas- que fueron juzgados junto a él.

La diputada provincial del PP María Merinda Sádaba ha opinado que esta sentencia es un "varapalo y un revés" para el gobierno de PSOE e IU durante el mandato 2007-2011 y se ha mostrado crítica con el actual presidente de la Diputación, el socialista José Entrena, quien fuera miembro del cogobierno como vicepresidente tercero.

Sobre el caso Magreb, afirma la diputada que fue archivado sin que la Diputación presentara recurso y el "Ministerio Fiscal con un día de retraso", dejando "en el aire el destino de 300.000 euros e implicando a los mismos afectados por el caso Mercamed" y a otros vinculados al PSOE, como la mujer del alcalde de Granada, Paco Cuenca".

"Nosotros queremos que José Entrena aclare qué ha pasado con el dinero público de la Diputación relacionado con las facturas de Mercamed, puesto que las cuentas no cuadran", ha agregado.

Por su parte, el portavoz del grupo popular en la Diputación, José Robles, ha opinado que el pacto de gobierno PSOE-IU "ha intentado tapar este asunto a toda costa", "dejando a un lado su defensa del interés general de los granadinos y de la provincia".

Por ello, ha exigido "explicaciones públicas" por las decisiones adoptadas por José Entrena respecto a los casos Mercamed y Magreb "y que supusieron que la Diputación quedara fuera de la acusación a pesar de ser parte principal implicada".