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Imagen de archivo de personas mayores en una residencia. JUNTA DE ANDALUCÍA 

Junto a la sanidad pública, analizada en el diario de campaña de El Independiente de Granada -Empeora el estado de la sanidad pública de Andalucía- y la educación -La escuela pública busca su sitio en el 19J, tras quedar relegada por las derechas-,  nada como la gestión de los derechos sociales para evaluar también el comportamiento de un gobierno.

Un total de 4.733 personas dependientes murieron en 2021 sin haber recibido la prestación. Y en cuanto a la discapacidad, el gobierno de derechas tarda en Granada más de año y medio en valorar el grado.

Y, en estos dos casos, los datos oficiales hablan por sí solos: un total de 4.733 personas dependientes murieron en 2021 sin haber recibido la prestación. Y en cuanto a la discapacidad, el gobierno de derechas tarda en Granada más de año y medio en valorar el grado.

De ese total de dependientes fallecidos, tras el cual hay un drama familiar, el 75 por ciento, 3.506 personas murieron con resolución favorable de la Junta de Andalucía de reconocimiento del Programa Individual de Atención (PIA).

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Por tramo de edades, el mayor número de fallecidos, con 2.943, son mayores de entre 80 y 100 años y 52, con más de 100. Pero también se registraron muertes entres menores de edad: uno, con menos de 3 años; otro, entre 4 y 6; y entre 7 a 21 años, 8 casos. Entre 22 a 64 años, un total de 129 granadinas y granadinos perecieron con la resolución, a la espera de recibir la ayuda y otros 380, entre los 65 y 79 años.

A tanto drama, hay que sumar las 763 personas dependientes que murieron sin que tan siquiera la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, controlada por Cs, con Rocío Ruiz al frente, evaluara su grado, solicitado, incumpliendo el plazo para ello de 90 días.

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Y otros 397 granadinas y granadinos, con resolución de grado favorable, pero pendiente de la valoración de su programa de ayudas.

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Todos estos datos fueron facilitados por escrito por el propio Gobierno andaluz - la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación- a las diputadas socialista Soledad Pérez y Carmen Dolores Velasco, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, consultado por El Independiente de Granada.

En toda Andalucía, fueron un total de 36.838 andaluces fallecieron en 2021 sin haber recibido la prestación de dependencia. El 75,8% de los fallecidos, 27.929, lo hicieron con una resolución de la Junta de Andalucía reconociendo ya su Programa Individual de Atención 

Son datos del informe Sistema de Monitorización de la Mortalidad Mensual (Momo) de las personas solicitantes de la Dependencia en España, que elabora el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) del Ministerio de Derechos.

El 13,08% de los andaluces fallecidos en 2021, 4.821, lo hicieron sin tener una resolución de su grado de dependencia, mientras que otro 11,09%, 4.088, murieron con una resolución de reconocimiento de su grado de dependencia, aunque pendiente del Programa Individual de Atención.

En 2015, el PP, entonces en la oposición, lanzaba duras críticas porque 930 granadinos habían muerto esperando recibir ayuda de la Ley de Dependencia. Con los datos de una respuesta parlamentaria a una pregunta de Javier Arenas y Patricia del Pozo -hoy consejera de Cultura y Patrimonio Histórico-, el PP denunció la "dejadez" y "falta de responsabilidad del Gobierno socialista. Se llegó a preguntar cuántos andaluces más tenían que "morir esperando" a ser valorados o a recibir prestación antes de que la Junta tomara las medidas oportunas. 

19 meses tarda la Junta en Granada en valorar la discapacidad en Granada

Un total de 19 meses -más de año y medio- debe soportar quien solicite en la provincia de Granada la valoración del grado de discapacidad, según determinó la institución del Defensor del Pueblo Andaluz en una larga investigación de oficio que comenzó en 2020.

Y ello, porque la institución constató durante 2019, que “la respuesta a las peticiones de la ciudadanía, lejos de mejorar o cuando menos estabilizarse, iba en incremento y que, en consecuencia, la paralización en la actividad administrativa consecuencia de la crisis de salud pública, vendría a agravar una dificultar preexistente”.

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu realizó un “seguimiento estrecho” durante todo 2020 y 2021, “mediante las pertinentes y sucesivas peticiones de informe dirigidas a las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación”

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu realizó un “seguimiento estrecho” durante todo 2020 y 2021, “mediante las pertinentes y sucesivas peticiones de informe dirigidas a las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación”, en las que no solo se interesó por personas afectadas que formularon su queja ante la institución, entre ellas, de Granada, sino también recabó “datos generales de situación, volumen y carga de trabajo en los Centros de Valoración, sus posibles causas y las respuestas y medidas adoptadas por parte de la Administración competente para la normalización de su funcionamiento”.

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Seis meses establecidos en la norma. Dentro de los términos de razonabilidad de la actuación de la Administración sería no superar los ocho meses en los tiempos medios de respuesta a las solicitudes de valoración de la discapacidad, no excediendo en demasía de los seis meses que, con carácter general, marca la norma. "Resulta necesaria una revisión sobre las previsiones administrativas para este procedimiento, con el único objeto de garantizar los derechos de las personas con discapacidad", dice el Defensor, que recomienda que, tomando en consideración la obligación legal que establece el Real Decreto 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, "se desarrolle por vía reglamentaria el procedimiento administrativo de reconocimiento de grado de discapacidad", subraya Jesús Maeztu.

El informe, al que tuvo acceso El Independiente de Granada, constata que la provincia de Granada “cuenta con un retraso en la resolución de valoración de la discapacidad de diecinueve meses”. El excesivo tiempo de demora está extraído, resalta la institución, del propio del Informe remitido por la Delegación Territorial de abril de 2021.

Además, incluye el informe la referencia a una queja tramitada por esta Institución, en el que la persona interesada presentó en Granada “su solicitud en diciembre de 2019 y no fue valorada hasta el 15 de julio 2021”, 20 meses

Además, incluye el informe la referencia a una queja tramitada por esta Institución, en el que la persona interesada presentó en Granada “su solicitud en diciembre de 2019 y no fue valorada hasta el 15 de julio 2021”, 20 meses.

A Granada solo le supera Málaga, que soporta una lista de espera de 24 meses para los casos de valoración del grado de discapacidad, y de 26 meses, para las revisiones de grado que se realizan en este Centro de Valoración.

Y esta gran demora, a pesar de que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación puso en marcha dos planes de choque fallidos que, a juicio de la institución y a la luz de su informe, son “insuficientes”. El primero en julio de 2020, con el refuerzo de 156 personas en sus centros de valoración, durante seis meses, de los que 13 para el Granada. El segundo lo anunció en marzo de 2021, con tan solo 90 trabajadores.

Jesús Maeztu señala en su informa que las “largas lista de espera y demoras que van más allá de lo aceptable”

Jesús Maeztu señala en su informa que las “largas lista de espera y demoras que van más allá de lo aceptable” y concreta con contundencia: “Existe un retraso generalizado y estructural en gran parte de los CVO (Centro de Valoración y Orientación) de Andalucía, motivado en su mayoría, por el volumen de la demanda ciudadana, y por desequilibrio existente entre el volumen de trabajo a realizar con el número de personas designadas para estas tareas, ya sea de índole técnica realizando los trabajos de valoración del grado en su vertiente sociosanitario, como en tareas puramente administrativas tanto en el despacho de expediente, como en la organización de citas, entre otras”.

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“Las demoras relatadas tienen un gran impacto en la vida de las personas con discapacidad y sus familias, pero inciden de manera acusada en su situación laboral, ya que sin acceso al mercado laboral y sin formación, no es posible la incorporación a la vida activa de las personas con discapacidad, pudiendo generar marginación y pobreza con unos tiempos tan dilatados”, dice el Defensor del Pueblo andaluz.

“Especialmente preocupa a esta Defensoría las personas con discapacidad más severamente afectadas, que tienen mayores dificultades en el ejercicio de sus derechos y se encuentran objetivamente en una situación más vulnerable, ya que presentan una mayor necesidad frente a situaciones como las relatadas. Estos hechos reclaman la atención de los poderes públicos y toda su voluntad política”, resalta el informe.

Dos derechos que, simplemente con los datos oficiales, revelan una deficiente gestión.

Si quieres leer los diarios de campaña anteriores, que El Independiente de Granada ofrece a sus lectoras y lectores para analizar, desde diversas perspectivas, las elecciones autonómicas del 19J, puedes acceder a los siguientes enlaces:

• La escuela pública busca su sitio en el 19J, tras quedar relegada por las derechas

• Una campaña contra la resignación

• 19J: Discordia o Memoria

• La desaparición de la Escuela Andaluza de Salud Pública que paró el adelanto electoral

• Ser andaluza con engaño

• Pedro Sánchez trata de romper la atonía del PSOE-A y la otra izquierda sigue enredada

• Progreso o involución, Andalucía en el 19J