El Parlamento andaluz ha convalidado este miércoles, por unanimidad, el decreto ley que permitirá la integración de los Consorcios Escuela de Formación Profesional para el Empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a través de la modificación de los fines de esta agencia. Asimismo, ha rechazado tramitarlo como proyecto de ley como ha reclamado el PP-A en el debate con los votos en contra del resto de grupos.

En virtud de esta iniciativa, tanto los 167 trabajadores de los diez centros de la red como todo su equipamiento e infraestructura pasarán a formar parte del SAE, garantizándose así la continuidad de una oferta formativa que en este curso se impartirá a más de 4.900 alumnos.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha explicado que la norma, que también establece el procedimiento para culminar la integración, justifica la "extraordinaria y urgente necesidad" requerida para su tramitación como decreto ley por la inestable situación financiera que atraviesan los consorcios y la incertidumbre sobre la continuidad de su actividad.

Con esta cobertura jurídica, la Consejería podrá adoptar las soluciones necesarias como titular de las competencias en Formación Profesional para el Empleo, que en la pasada legislatura ostentaba Educación. En este sentido, también se han modificado los fines y la denominación de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, que a partir de ahora se llamará Agencia Pública Andaluza de Educación.

Ha recordado que la actual situación de los consorcios se genera debido a las reformas introducidas por las nuevas leyes estatales de racionalización del sector público y de la Administración local, aprobadas en 2014 y 2013, respectivamente. Ambas normas establecieron modificaciones de calado que impiden la participación de las entidades locales en la red formativa andaluza.

En octubre de 2014 se inició la disolución de los consorcios

A raíz de esta situación, el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo el 21 de octubre de 2014 que iniciaba la disolución de los consorcios para su posterior cesión global de activos y pasivos a una entidad jurídicamente adecuada que permitiese la continuidad de la actividad formativa. Con el decreto ley aprobado hoy, se da el paso decisivo para culminar este proceso con la integración de la red en el SAE.

La norma, ha expuesto Sánchez Maldonado, recoge las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el sentido de que la red de consorcios debía dejar de sustentarse económicamente por una subvención anual de la Junta casi en su totalidad. Asimismo, se adecúa a las medidas de rigor y transparencia del Gobierno andaluz en la gestión de la formación profesional para el empleo.

Para facilitar la integración en el SAE, se modifica la ley de creación de esta agencia pública en el apartado dedicado a su objeto y fines, y se introduce entre ellos "la gestión de infraestructuras, los recursos humanos y el equipamiento de los centros de formación para el empleo de titularidad de la Junta de Andalucía". Igualmente, se añade la ejecución de acciones incluidas en esta materia y la planificación de la oferta que se realice por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.

En cuanto al procedimiento, la red de centros estará adscrita a la Junta a través del SAE, que se subrogará tanto en los bienes, derechos y obligaciones de sus activos y pasivos. Previamente, cada consorcio deberá aprobar un proyecto de cesión global que comprenda, entre otros aspectos, la fecha a partir de la que tendrá efectos contables y la información sobre activos y pasivos. Una vez aceptada por el SAE , la cesión se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Además, Sánchez Maldonado ha asegurado que el CIO de Mijas (Málaga) también podrá acogerse a la misma hoja de ruta que el resto de consorcios escuelas de formación para el empleo merced de este decreto ley.

El PP cree que se debería tramitar como proyecto de ley

Por parte del PP-A, la diputada Teresa Ruiz-Sillero ha reclamado que este decreto ley se tramite como proyecto de ley para "dar garantías" a los consorcios y que, entre otras cuestiones, también se incorpore el CIO Mijas, y ha censurado que el PSOE-A "meta miedo a los trabajadores" afirmando que si esto ocurre, se para la integración en el SAE, cuando "no es verdad". Así, a pesar de respaldar el decreto ley, ha afirmado que al PP-A no le gusta este decreto y que "no apoya la labor de gobierno del PSOE-A".

Ha afirmado que este decreto ley se aprueba porque la presidenta de la Junta, Susana Díaz, "no paga la nómina a los trabajadores de los consorcios" y ante un anterior decreto ley que se aprobó pero que "no sirvió para nada", que fue un "fracaso del PSOE-A". Esta circunstancia para el PP-A, es consecuencia de los "caprichos" del PSOE "de estar moviendo la competencia de formación", cuando advierte que "la formación profesional para el empleo está llena de corrupción".

Félix Gil, diputado de Podemos, ha defendido el consenso que se alcanzó para dar una "solución rápida" a la situación de los consorcios, que ahora se refleja en este decreto ley, así como ha subrayado que el hecho de que los consorcios pasen a depender del SAE "garantiza no tener que crear nuevos instrumentos ni tener que hacer más gastos". "La formación es lo único que puede hacer en una sociedad avanzada que tengamos una capacidad de tener empleo en un mundo globalizado", ha aseverado.

Por parte de C's, Carlos Hernández ha saludado el decreto ley ya que entiende que es la Consejería de Empleo la que debe tener las competencias de los consorcios de formación; porque garantiza la continuidad de los centros y favorece a trabajadores y alumnos del cara al futuro, y porque, para C's, "debe empezar a reducirse los entes instrumentales de la Junta".

El diputado de IU José Antonio Castro ha afirmado que su grupo ve justificada la urgencia y necesidad del decreto ley, si bien ha criticado el "retraso" provocado por la Junta para dar solución a este conflicto, a la par que ha subrayado el "quinario" que han tenido que atravesar los trabajadores de estos centros ante la situación "insostenible" que han padecido. Así, ha puesto en valor la movilización de los trabajadores cuando "si no llega a ser por su protestas continuas, no hubiera existido este decreto", y ha pedido a la Junta que sea "diligente" y se comprometa a informar de cómo va el proceso de integración en el Parlamento.

Noelia Ruiz, parlamentaria del PSOE-A, ha ensalzado el compromiso del Gobierno andaluz mediante este decreto ley para buscar una solución a la problemática económica y de funcionamiento que venían atravesando los consorcios de formación, cuando "es consciente de la importancia que tiene la formación profesional para el acceso al empleo". Así, con este decreto ley, como ha señalado, se pretende "garantizar el trabajo a los integrantes de los consorcios, que son los que han sufrido más esta situación", y que ha sido elaborado con consenso de las partes.