Empleo calcula que no más allá de finales de octubre estará en funcionamiento
La oposición exige en el Parlamento a la Junta que agilice el pago de las nóminas a los trabajadores del Centro Albayzín
En comisión parlamentaria, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, admite que la solución se ha alargado "en exceso en el tiempo", lo que atribuye a la complejidad del procedimiento y defiende la integración de los consorcios escuela en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Los grupos parlamentarios le exigen celeridad para que los trabajadores puedan cobrar las nóminas atrasadas y puedan reanudarse los cursos de formación en estos centros.
Miguel Rodríguez
La Junta adeuda 14 nóminas a los trabajadores del Centro Albayzín.
El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha estimado que "no más allá de finales de octubre" estarán los consorcios escuela en funcionamiento, entre ellos el Centro Albayzín, y sus trabajadores cobrando sus nóminas atrasadas, y ha anunciado que buscará una solución paralela al CIO de Mijas -excluido de la integración en el SAE como el resto-, cuya concesión acaba a finales de año.
Después de que el consejero haya explicado el decreto ley aprobado en Consejo de Gobierno para la integración de los consorcios en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), todos los partidos de la oposición han pedido en comisión parlamentaria "celeridad" y una fecha para que la Junta pague las nóminas atrasadas a los trabajadores de los consorcios escuela y todos han coincidido en pedir que el CIO de Mijas "esté también en el paquete de integración en el SAE", puesto que "no hay que dejarlo morir y no queremos que se quede fuera por nada del mundo".
En su comparecencia parlamentaria en comisión, el consejero ha asegurado que "la hoja de ruta está clara, ante un problema complejo" y ha precisado que "cuando se acaben las auditorías se sabrá el total de la deuda".
En ese sentido, ha apuntado que todo dependerá de cuando se acaben las auditorías, de forma que, según ha explicado, "ya están auditados cuatro de los consorcios, mientras que el resto estará listo a finales de mes o en la primera semana de octubre, entonces estarán perfectamente auditados y entonces se producirá la cesión al Servicio Andaluz de Empleo (SAE)".
El consejero ha explicado que en una o dos semanas se llevará al Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria para fijar la cantidad destinada al funcionamiento de los consorcios, que se estima en 12 ó 13 millones anuales.
Sobre el CIO de Mijas, el consejero ha explicado que este consorcio "tiene unas condiciones particulares, diferentes del resto de consorcios, que tiene una concesión administrativa que finaliza en diciembre de 2015 y con una situación judicial especial en estos momentos".
Por ello, ha explicado que la Junta "tratará de dar una solución paralela a los trabajadores del CIO de Mijas a la que vamos a ofrecer al resto de trabajadores de consorcios". Asimismo, a partir de que se termine la concesión, se sacará de nuevo a concesión "y se adecuarán estas instalaciones de excelencia a los tiempos actuales".
Sánchez Maldonado durante la comisión parlamentaria este jueves. prensa parlamento
El consejero reconoce que "la culpa de la situación de los consorcios no es exclusiva de los cambios normativos en materia de administración local, pero parte de su situación tiene su raíz en esas leyes que afectan a las administraciones locales, aparte de los problemas básicos provocados por la maniobra de asfixia financiera a que somete el Gobierno central a la Comunidad en los últimos tres años".
En su comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero informó de la situación actual de los consorcios de empleo, ha resaltado la "implicación" de la junta de Andalucía y recordó el origen del problema y de una situación "extremadamente compleja".
Asimismo, tras recordar que estas escuelas "son un activo extraordinario y de gran trascendencia para el empleo en la Comunidad, con un extraordinario nivel de formación, en muchos casos de excelencia", por lo que ha insistido en que "la apuesta de la Junta por estos centros permanece inalterable".
Ha recordado que según el decreto ley, los consorcios "se integrarán en la Junta de Andalucía, a la que se subrogarán bienes y derechos de sus activos y pasivos". Ha explicado que cada consorcio "deberá dar pasos previos, esto es, deberán aprobar su disolución, elaborar un proyecto de cesión global donde se contemple la fecha de la cesión efectiva a efectos contables, y posteriormente el SAE se subrogará como empleador".
"Con este decreto hemos dado un paso definitivo que permitirá culminar este complejo proceso, que tenía un solo objetivo, esto es, mantener la actividad de consorcios escuela para el empleo para que éstos ofrezcan una oferta especializada, toda vez que en su dilatada existencia estos consorcios han mantenido niveles de inserción laboral de sus alumnos cercanos al 90 por ciento y un prestigio incuestionable en los sectores", ha aseverado el consejero, quien indica que "ahora cuanto antes toca poner en marcha el nuevo programa formativo para 10 consorcios y 167 trabajadores y ofrecer formación de excelencia".
Peticiones de a oposición
La diputada del PP Teresa Ruiz Sillero ha criticado que la Junta "ha engañado a los trabajadores porque la Junta no les paga; no valen falsas excusas, ni echar la culpa a los ayuntamientos" y ha efectuado una serie de "20 preguntas de control y un ruego desesperado", sobre cada uno de los consorcios, las fases de integración en el SAE, plazo para la aprobación del plan formativo y fecha de inicio de curso, entre otras, además de pedir que pague ya los salarios atrasados a los trabajadores.
La diputada de Podemos Carmen Lizárraga lamenta los impagos a la Seguridad Social, los impagos de agua y luz y los impagos de nominas "que a veces se remonta a hace un año", y ha pedido que establezca una fecha para el pago de esas cantidades, ya que "hay una delgada línea que separa la vida de la muerte y no queremos certificar la defunción de estos consorcios". Por ello, tras mostrar su "desconfianza", ha pedido que "estos no sean más migajas preelectorales ni una ristra de promesas incumplidas e inacabadas".
El diputado de Ciudadanos Carlos Hernández White ha preguntado cuándo se pagaran las nóminas atrasadas y cuál será el futuro de estos centros "cuando muchos de ellos son un ejemplo de excelencia". Hernández hizo mención expresa al CIO de Mijas, que "parece que no existe, a pesar de que tiene 12 nóminas sin pagar, parece que no es de excelencia ni que sea clave para el sector turístico", por lo que considera que "merece una solución para continuar con su actividad" y pide que "se le dé una solución al CIO de Mijas y que se establezca un plan de futuro".
El diputado de IU José Antonio Castro, para el que el decreto ley "es un motivo de alegría", de forma que "hay luz al final de este doloroso e inexplicable túnel". No obstante, lamenta que "las familias implicadas han pasado muchos meses sin cobrar", tras "una serie reiterada de anuncios de la Junta sin que no tuviera visos de solventarse, parecía que nos quedábamos con los trabajadores", además de criticar la "escasa sensibilidad de la viceconsejera de Educación, similar a una piedra" y pedir más concreción sobre el plazo de pago de salarios atrasados.
El diputado del PSOE Rodrigo Sánchez Haro se ha congratulado del decreto ley para la integración de los consorcios, norma que "tendrá el respaldo del PSOE" y espera que también el del resto de partidos. Tras reconocer que ha sido "un largo y tedioso proceso", ha valorado la "voluntad de la Consejería, la de dar cabida a los consorcios y a lo que ello conlleva", frente a lo que ha lamentado que "antes cuestionaban a estos consorcios los que ahora enarbolan esta actividad" y asegura que "la única aportación del PP ha sido la de crispación y recortes".
