¿Hay voluntad de la Junta para declarar BIC el Valle del Darro?
Imagen del entorno del Valle del Darro. indegranada
La Junta de Andalucía va a finalizar el año sin reactivar el expediente para la declaración BIC del Valle del Darro, un paso al que por ley está obligada después de que así se lo reclamaran UGR, los centros vinculados al CSIC y la Real Academia de Bellas Artes, y al que se comprometió públicamente hace ya más de un mes.
El pasado 25 de noviembre, a través de una nota de prensa, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico anunció que retomaría los trámites. Lo hizo después de desvelar El Independiente de Granada sus planes, que pasaban por dejar pasar al menos tres años sin mover ficha, a pesar de que tras la sentencia del TSJA que anuló el expediente también aseguró que ya lo había retomado.
Como informó este diario, Cultura se aferró al plazo de tres años de espera establecido por la ley cuando un expediente BIC caduca para no dar pasos, una interpretación que no comparten expertos ni los gabinetes jurídicos de instituciones como la Universidad de Granada. Las críticas suscitadas por la manera de proceder del Gobierno andaluz ante uno de los enclaves de mayor valor cultural, histórico, medioambiental y paisajístico, como es el Valle del Darro, llevó a la UGR, al CSIC y a la Real Academia de Bellas Artes a recurrir también a la Ley de Patrimonio. Aunque en su caso para hacer valer la potestad que le otorga para reclamar que se ponga en marcha de nuevo la protección como Bien de Interés Cultural.
Con ese paso la Junta rectificaba, pues hasta ese momento incluso había ignorado el importante movimiento liderado por la UGR para garantizar la máxima protección para el espacio.
Se calcula que el número de parcelas a las que podría afectar la declaración como BIC de esta zona será de unas 1.600
La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha mostrado su intención de volver a reactivar la protección del Valle del Darro para su catalogación como BIC con la tipología de Zona Patrimonial. El delegado territorial, Antonio Granados, subrayó "la voluntad de la consejera Patricia del Pozo de proteger todo el entorno pero con máximo respeto a la seguridad jurídica".
Recordar que fue mediante sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de junio de 2020, cuando se procedió a la anulación del Decreto de protección emitido en 2017 como consecuencia de su defectuosa tramitación. Esta anulación de la declaración daría lugar también a la caducidad de la incoación una vez transcurridos 18 meses desde su inicio sin haber recaído resolución del procedimiento conforme a derecho.
Aunque la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía exigía esperar tres años desde la caducidad del procedimiento para volver a iniciar el mismo, la petición de varias instituciones consultivas, tal y como contempla la propia legislación de patrimonio histórico, ha facultado a la Administración autonómica a iniciar de nuevo la tramitación.
La citada reactivación supondrá un importante esfuerzo de medios humanos y materiales pues el BIC incluye un gran ámbito de delimitación, con múltiples titulares a los que habrá que localizar y notificar de nuevo toda la tramitación administrativa.
Según indica el delegado territorial de Cultura “la declaración del Valle del Darro afectaba a unos 22 kilómetros cuadrados y a 13 kilómetros de longitud, parte de ellos en suelo urbano y parte en suelo no urbanizable” a lo que añade que "realizado un cálculo por el personal técnico de la Delegación Territorial, a través del Sistema de Información Geográfica GIS, el número de parcelas a las que podría afectar la declaración será de unas 1.600". Texto íntegro de la nota difundida el 25 de noviembre.
La Plataforma en Defensa del Valle del Darro ya expresó su temor a que se tratara únicamente de "una cortina de humo". Por ello solicitaron entonces la "inmediata" reactivación del expediente, lo que pasado un mes no se ha producido.
Ni en los consejos de gobierno celebrados desde entonces por el Gobierno andaluz -el último este martes- ni tampoco contactos con los colectivos más implicados en la defensa de este enclave, que solicitaron entonces un encuentro con el delegado territorial, Antonio Granados.
Mientras tanto, la Junta licitó en septiembre el estudio informativo sobre la Ronda Este (Cierre del Anillo), con un plazo de ejecución de 12 meses a partir de la adjudicación. Según consta en el perfil del contratante de la Junta de Andalucía, el contrato se adjudicó el pasado 15 de noviembre y quedó formalizado el día 24 de ese mes. La adjudicataria es la empresa Actividades de Consultoría Técnica, Investigación y Servicios Avanzados.
También se reactivan otros proyectos, como el que la iniciativa privada pretende impulsar en la Hacienda Jesús del Valle -declarada BIC- para darle uso turístico.
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