El nuevo BIC del Valle del Darro, inscrito por el Gobierno andaluz en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz, ha introducido diferencias respecto a la anterior protección que han puesto en alerta a organizaciones como Icomos, que asesora a la Unesco en materia de patrimonio, muy especialmente ante posibles nuevas infraestructuras viarias. 

Así se desprende de la documentación recogida en el expediente tramitado por la Junta, que aprobó la inscripción del nuevo BIC en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el pasado 27 de febrero. 

Una de las principales preocupaciones que han emergido con el nuevo BIC se centra en la posible construcción de nuevas carreteras o el cambio de trazado para las vías que ya existan. ¿Es una actividad prohibida totalmente? La nueva fórmula elegida por el Gobierno andaluz, respecto a la de 2017, suscita recelos porque prohíbe cualquier obra que suponga la apertura de un nuevo trazado o una modificación sustancial del existente "que pueda impactar negativamente en el paisaje". 

Textualmente dice así:

"Con el fin de evitar daños irreparables a los elementos patrimoniales y al paisaje consolidado, queda prohibido:

a) Cualquier obra de adecuación de la infraestructura viaria que suponga la apertura de un nuevo trazado o una modificación sustancial del existente que pueda impactar negativamente en el paisaje.

No obstante lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la ordenación urbanística general, el planeamiento urbanístico podrá introducir modificaciones en los trazados de las infraestructuras viarias actualmente existentes, siempre que no supongan una alteración sustancial y contribuyan a la protección, mantenimiento y puesta en valor de la Zona Patrimonial".

Así se detalla en las instrucciones particulares recogidas en el anexo del decreto aprobado ahora por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta. Deja abierta una vía para autorizar nuevas vías, así como modificar sustancialmente los trazados de las existentes, evaluando el impacto que puedan tener sobre el Valle. 

Y es una de las diferencias respecto al anterior expediente BIC de 2017, que fue anulado años más tarde por el TSJA -no por su contenido, sino por considerar que hubo defectos en la notificación, como había planteado un denunciante-, lo que motivó la reactivación del proceso, no sin reticencias por parte del actual gobierno de la Junta.  

"Con el fin de evitar daños irreparables a los elementos patrimoniales emergentes o soterrados y al paisaje consolidado", lo que quedaba prohibido en 2017 era "cualquier obra de adecuación de la infraestructura viaria que suponga la apertura de un nuevo trazado o una modificación sustancial del trazado existente". Sin excepciones, sin añadidos, sin que hubiera que valorar si impactaban o no negativamente en el paisaje.

Ese cambio fue advertido en las alegaciones presentadas por Icomos, Ateneo de Granada, plataformas como Defendamos la Vega otra Vez, así como las planteadas por PSOE o IU y la propia Universidad de Granada

Ese cambio fue advertido en las alegaciones presentadas por Icomos, Ateneo de Granada, plataformas como Defendamos la Vega otra Vez, así como las planteadas por PSOE, IU o Podemos y la propia Universidad de Granada. Todas fueron rechazadas por la Junta, que no aceptó las cuestiones planteadas por estas organizaciones e instituciones, las cuales alertaron de otras variaciones similares y expresaron sus dudas por ejemplo respecto a la conservación de árboles y su eliminación o a la manera en la que se prohíben las nuevas edificaciones. 

La respuesta de la Junta fue similar, señalando que la nueva redacción de ese apartado "prohíbe expresamente la apertura de nuevos viarios o modificaciones sustanciales de los existentes que puedan suponer un impacto negativo al paisaje y los valores patrimoniales del BIC; por lo tanto, únicamente podrían autorizarse, en su caso, aquellas que no suponan una afección negativa a la Zona Patrimonial, sujetas en todo caso a la autorización previa de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico". 

En todos los casos, las alegaciones reclamaban a la Junta que incluyera un apartado detallando las obras que requerían autorización, aspecto también rechazado señalando que ya está recogido en la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

La fórmula sí da respuesta al Ayuntamiento, "preocupado" por la mejora de accesos al Sacromonte

También el Ayuntamiento de Granada dio traslado a la Junta de Andalucía de sus alegaciones, entre ellas la referida a las infraestructuras viarias, aunque en su caso, planteó la necesidad de que se permitiera "la mejora de los accesos al Sacromonte". Es uno de los proyectos barajados de cara a los nuevos planes urbanísticos. 

La Junta tranquiliza al Consistorio en su respuesta: "A fin de solventar cuestiones como la alegada, se asume la necesidad de que en el decreto de inscripción del BIC se admitan modificaciones en estos trazados a través de los instrumentos de ordenación urbanística, siempre y cuando no supongan una alteración sustancial, ni perjudiquen al BIC y redunden en la mejora de la protección, mantenimiento y puesta en valor de la Zona Patrimonial". En la línea de lo finalmente recogido en las instrucciones particulares. 

Advertencia de Icomos y el Ateneo: el nuevo BIC rebaja la protección

Tanto Icomos, la organización que asesora a la Unesco en materia de patrimonio histórico, como el Ateneo de Granada, institución que defendió activamente la necesidad de reactivar el BIC del Valle del Darro tras su anulación por el TSJA, advirtieron a la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte que el nuevo Decreto planteado supone "una disminución de la protección otorgada al Valle del Darro" en 2017, y le instaron a que restituyera la "protección patrimonial completa" de la declaración anterior. Además, solicitaban que se diera traslado del nuevo régimen de tutela al Estado, así como al Centro de Patrimonio Mundial, para cumplir con las directrices prácticas de la Convención de Patrimonio Mundial. 

En el caso de la Universidad de Granada, que fue la institución que lideró la solicitud a la Junta para que no demorara la declaración BIC tras su anulación por el TSJA, su petición directamente fue que se "mantuviera la protección del Valle del Darro tal y como se concretó" en el Decreto de 2017. 

El argumento esgrimido por la Junta para rechazarlo es que las nuevas instrucciones "coinciden en su práctica totalidad" con las de 2017. En otras de las respuestas a las alegaciones rechazadas, se concreta en que la coincidencia es del 99 por ciento. 

Repetidamente, la Consejería, a través de la Jefatura de Bienes Culturales, traslada a las instituciones y colectivos que sus propuestas eran rechazadas porque no contribuían "a la mejora del régimen de protección previsto para el BIC, y en aras de la mayor seguridad jurídica, ya que las determinaciones y régimen de protección previstos" en la nueva Resolución "son sustancialmente idénticos" a los establecidos en 2017 en el Decreto y que "no fueron objeto de cuestionamiento por la sentencia que anuló la inscripción en 2017". 

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