La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico reiniciará la tramitación para la protección BIC del Valle del Darro. Esta decisión supone toda una rectificación a sus planes y llega después de una movilización sin precedentes a raíz de las informaciones publicadas por El Independiente de Granada.

A través de una nota de prensa, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico ha hecho pública esta decisión, tomada una semana después de que la UGR, el CSIC y la Real Academia de Bellas Artes de Granada se dirigieran al presidente de la Junta para pedirle que reactivara el procedimiento. Con este movimiento la Junta de Andalucía está obligada a reiniciar el expediente que había quedado anulado por sentencia del TSJA. Inicialmente lo había ignorado. La propia consejera Patricia del Pozo, después de esa petición, había insistido en que era necesario esperar tres años antes de poner de nuevo en marca esa petición. 

Esa insistencia de la Junta en esperar tres años habían suscitado dudas y levantado preocupación respecto al impacto que proyectos como el recuperado Cierre del Anillo puede tener en el entorno.

La implicación de UGR, CSIC y Real Academia había sido solicitada desde ámbitos culturales y políticos. En esta reivindicación, han sido claves los movimientos en defensa del Valle del Darro realizados por el que fue director de la Alhambra Reynaldo Fernández; la parlamentaria socialista Teresa Jiménez; y el grupo municipal de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Granada que lidera Antonio Cambril. 

El delegado territorial de Cultura, Antonio Granados, ha resaltado en la nota de prensa remitida a los medios "la voluntad de la consejera Patricia del Pozo de proteger todo el entorno pero con máximo respeto a la seguridad jurídica". 

La UGR, el CSIC y la Real Academia de Bellas Artes habían solicitado al presidente de la Junta que no esperara tres años

La Junta ha recordado que "fue mediante sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de junio de 2020, cuando se procedió a la anulación del Decreto de protección emitido en 2017 como consecuencia de su defectuosa tramitación". El Gobierno andaluz ha insistido en que esa anulación de la declaración conllevaba también "la caducidad de la incoación", dado que habían transcurrido 18 meses desde su inicio sin haber recaído resolución del procedimiento conforme a derecho. Esa interpretación jurídica había sido puesta en duda por el propio gabinete jurídico de la UGR. 

En cualquier caso, como sí admite ahora la Junta, aunque la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía establece esa espera de tres años desde la caducidad del procedimiento para volver a iniciar el mismo, "la petición de varias instituciones consultivas, tal y como contempla la propia legislación de patrimonio histórico, ha facultado a la Administración autonómica a iniciar de nuevo la tramitación". 

La reactivación supondrá "un importante esfuerzo de medios humanos y materiales, pues el BIC incluye un gran ámbito de delimitación, con múltiples titulares a los que habrá que localizar y notificar de nuevo toda la tramitación administrativa". 

Según indica el delegado territorial de Cultura, "la declaración del Valle del Darro afectaba a unos 22 kilómetros cuadrados y a 13 kilómetros de longitud, parte de ellos en suelo urbano y parte en suelo no urbanizable" a lo que ha añadido que "realizado un cálculo por el personal técnico de la Delegación Territorial, a través del Sistema de Información Geográfica GIS, el número de parcelas a las que podría afectar la declaración será de unas 1.600". 

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