La Fiscalía Superior de Andalucía ha archivado las diligencias penales que abrió a raíz de la denuncia presentada por el sindicato de UGT sobre la entrega de varios lotes de mascarillas quirúrgicas defectuosas al personal sanitario en centros hospitalarios de Andalucía.

Según ha informado la Fiscalía, el escrito de archivo expone que de "la denuncia presentada no se deduce la comisión de delitos en la forma en que indica y no consta la identidad de los verdaderos responsables de tales actuaciones".  Alude a resoluciones del Tribunal Supremo en el ámbito penal en las que se señalan que "no se justifica la apertura de un proceso penal para la investigación de unos hechos meramente sospechosos que por sí mismos pudieran ser constitutivos de delito".

También incluye para fundamentar su archivo la doctrina de la Fiscalía General del Estado sobre Diligencias de Investigación Penal en la que "el fiscal no interviene antes de la comisión de delito, sino a posteriori por lo que ha de focalizar su esfuerzo en combatir conductas que presenten los caracteres de delito y desechar tanto las investigaciones generales o prospectivas dirigidas a la búsqueda de 'algo' que pudiera ser indicio de delito".

El pasado 5 de mayo  la Subdirección de Servicios Generales de la Consejería de Salud emitió un informe en el que reconoce el suministro a los profesionales sanitarios de mascarillas caducadas desde 2015 en la zona de la Axarquía de Málaga en una compra realizada en marzo de ese año, indica la Fiscalía. El informe además también constata que en los envases de las mascarillas hay una señal negra que oculta la fecha de caducidad e indica que "no se pensara por parte del personal de suminitros que ocultara la fecha de caducidad y que ninguna persona del Área de Gestión Sanitaria Este de de Málaga-Axarquía (AGSEMA) ha manipulado la fecha de caducidad de ningún envase de mascarrillas ni ha advertido dicha circunstancia".

Junto a este lote también incluye la denuncia la retirada de mascarillas defectuosas distribuidas por el Ministerio de Sanidad y otro lote defectuoso repartido por una donación sin que hubiera sido revisado ante de su distribución a los sanitarios. La Fiscalía no aclara si en ese informe la Consejería de Salud y Familias recoge las más de 36.000 unidades que la propia Junta adquirió para repartir en centros hospitales y que no cumplían con las garantías de calidad, motivo por el que se vio obligada a retirarlas. 

La resolución de archivo de la denuncia, presentada el 14 de mayo, ha sido notificada al secretario general de la Federación de Empleados Públicos de los Servicios Públicos (FESP) de Andalucía de UGT Andalucía, Antonio Tirado, y no permite presentar un recurso pero sí el derecho a ejercitar acciones que fueran procedentes ante el órgano judicial competente.