La UDEF sigue tirando del hilo de la presunta trama urbanística
Los agentes entregan a la jueza del caso Nazarí un nuevo informe que analiza la documentación incautada a una de las funcionarias investigadas, María Paz Spínola, en el que se detallan la ocultación de informes, la relación profesional de su exmarido con uno de los constructores implicados o la participación de Manuel Lorente en asuntos que no eran de su competencia.
El informe analiza documenación incautada en los registros. m.rodríguez
La investigación de la presunta trama urbanística durante los años de gobierno del PP en Granada sigue avanzando. La UDEF ha entregado un nuevo informe a la jueza del caso Nazarí, la titular del Juzgado de Instrucción número 2, en el que detalla las conclusiones del estudio de la documentación incautada a una de las funcionarias investigadas, María Paz Spínola, que fue directora general de Urbanismo.
En ese informe se afianzan algunas de las pautas de actuación de los investigados que ya se han desvelado en documentación anterior. La UDEF desvela en este caso que el exmarido de esta funcionaria tuvo una relación profesional con empresas del grupo García Arrabal, uno de los constructores implicados. La Policía, no obstante, apunta que desconoce si fue "habitual o esporádica".
Repasa la Unidad Central de Delincuencia Económica la documentación incautada referida a la manzana de Torre de la Pólvora, donde se modificaron las condiciones de la adjudicación a la empresa de García Arrabal, una operación que perjudicó a uno de los denunciantes, el empresario Ramón Arenas. De García Arrabal tambíen repasa con detalle la Policía su intención de construir una residencia universitaria en el PTS y los distintos informes que se fueron recabando para tratar de ajustarla, sin que llegara a aprobarse.
También indaga en el papel de Manuel Lorente, con documentación en la que figuraba como director técnico de Obras. Tras recordar que una de las testigos declaró que Lorente era "de hecho quien dirigía el Urbanismo" en Granada y que ya en otros informes se ha indicado las "posibles injerencias" en otras áreas que no le correspondían, detalla su participación en la adjudicación de un quiosco en el Parque Tico Medina.
Estas son algunas de las consideraciones que expone la UDEF:
Barranco de San Jerónimo. Sobre esta operación urbanística -una promoción de viviendas de José Julián Romero-, se detectan informes dirigidos a Emuvyssa cuya elaboración se había solicitado expresamente y que, en uno de los casos -referido a la ineficabilidad de una parcela propiedad municipal- suponía un perjuicio para las arcas municipales. Hay abundante documentación al respecto, incluida alguna referida a los propietarios y a la falta de información que recibieron en el momento de la compra. También se constata que el promotor solicitó la ejecución de obras de urbanizacion con fecha posterior a la denominada Acta de Puesta en Servicio que le permitió la licencia de primera ocupación.
Aparcamientos públicos. La UDEF detalla cómo calculaban el precio y también que la empresa adjudicataria del parking termina siendo la que acondiciona la superficie, sin que medie concurso. De esta manera, el presupuesto de esa obra excede el canon a pagar, de manera que este no es ingresado sino que se justifica mediante certificaciones de obra.
Caso Serrallo. Además de llegar a la conclusión de que el Ayuntamiento colaboró con Estanislao Arana en la elaboración de informes periciales a favor de la discoteca, la UDEF recuerda que Spínola ocultó en las alegaciones que presentó en su día a la Fiscalía que un técnico advirtió de que las actividades de la sala de fiestas estaban "proscritas por el ordenamiento jurídico".
En relación a este caso pormenoriza cómo se elaboró la Ordenanza Municipal de Edificación, que fue finalmente anulada por el TSJA. En esa ordenanza, en cuya elaboración según la Policía habría participado Spínola, se incluyó, tras la denuncia por irregularidades formulada por Jacobo de la Rosa -funcionario clave para destapar la presunta trama-, un artículo para dar cobertura a la discoteca. Se trata del artículo 32.3 de esa ordenanza, que establecía la posibilidad como uso complementario el de espectáculos o centro de reunión en usos de dominio público -viario o espacios libres-. Un artículo que se incluye "para dar mayor cobertura legal o normativa" y que "jusificaría la sala de fiestas ubicada en el parque público junto al Centro Comercial Serrallo y que al parecer la normativa del PGOU no permite". La Policía recuerda también que ese artículo se omitió en el borrador enviado a los colegios de Arquitectos y Arquitectos Técnicos.
Casa Ágreda. En su informe, los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica ponen las consideraciones de la directora general de Urbanismo en uno de sus correos como ejemplo de que algunas decisiones se tomaban "en otras instancias superiores". A raíz de la negativa del Registro a inscribir la opción de compra, Spínola afirma en un correo: "TOMAAAA. SI NOS HICIERAN CASO".
