El PP granadino ha asegurado este jueves que "no cejará en su defensa de la capitalidad judicial de Granada", recordando que en la pasada legislatura los populares impulsaron una declaración institucional en el Parlamento andaluz para lograr el respaldo de la Cámara.

Así se lo han trasladado al Colegio de Procuradores de la capital los candidatos del PP por Granada al Parlamento de Andalucía Marifrán Carazo y Juan Ramón Ferreira, en el contexto de la reunión mantenida con estos profesionales para abordar tremas relativos a la administración de Justicia, con especial hincapié en los que son competencia de la Junta y los que tienen que ver con Granada.

El PP se ha comprometido a "estudiar que procuradores y abogados que ejercen en turno de oficio y asistencia jurídica gratuita cuenten con un seguro de responsabilidad civil y cobertura de la Seguridad Social a cargo de la Administración Autonómica". En esta misma línea, los populares han trasladado a los procuradores que trabajarán para lograr "una mayor y mejor retribución de sus servicios, claramente insuficiente actualmente, así como a estudiar mejoras en el funcionamiento y en la contraprestación que la administración le dé a estos profesionales, tanto en el ámbito económico, como en lo referido a la calidad del servicio", según ha declarado Ferreira.

Respecto a la capitalidad judicial, Carazo y Ferreira han resaltado "la defensa que el PP ha realizado, junto con los colectivos ciudadanos, de la permanencia de las secciones penales del TSJA en nuestra ciudad lo que supuso un triunfo de todos los granadinos en la defensa de Granada como capital judicial de Andalucía". En este sentido Carazo ha asegurado que "no vamos a permitir ninguna decisión que ponga en entredicho la capitalidad judicial de Granada".

Asimismo, los populares se han congratulado por "la vuelta de las competencias relativas a patentes y marcas al Juzgado de lo Mercantil de Granada", un hecho que "refuerza la potencia judicial de la ciudad", según ha destacado Ferreira. 

Los populares han lamentado también "la dejación de funciones" del Gobierno andaluz respecto a la reunificación y reordenación de las sedes judiciales de Granada, concretamente por "el mal aprovechamiento y uso" de complejo judicial de La Caleta.

En este sentido han recordado que estas instalaciones están "parcialmente sin uso, cuando en la ciudad se pagan alquileres de cientos de miles de euros anuales para infraestructuras judiciales, como es el caso de la Audiencia Provincial en Plaza Luis Rosales o el Juzgado de Menores en Arabial". A su juicio, esta "dejación" se evidencia también en el Banco de España, sede de la Fiscalía, "del que tan sólo se ha rehabilitado un tercio, siendo necesario un impulso para la culminación de las obras".

Carazo y Ferreira han trasladado también su preocupación por "la falta de respaldo" de la Consejería de Justicia a los partidos judiciales de Motril, Órgiva y Almuñécar. En este sentido han reprochado a la Administración autonómica su "eterno incumplimiento de las promesas de nuevos juzgados en dichas cabeceras de comarca, afectando a los profesionales que trabajan allí, a los profesionales liberales que se desplazan, así como a los miles de ciudadanos que reciben un mal servicio por no gozar de las instalaciones necesarias".