El pleno ordinario del próximo septiembre aprobará la nueva ordenanza fiscal con la tasa de basuras, una vez que el TSJA anuló la anterior aprobada por el PP. Con la nueva tasa, los municipios que más reciclen pagarán menos. También trabaja el gobierno provincial en la puesta en marcha de una comisión de alcaldes. Aunque tendrá carácter asesor, el presidente de la Diputación se compromete a no adoptar medidas en contra de la opinión mayoritaria.

El alcalde en funciones se puso este jueves en contacto con Luis Salvador, una vez que había contactado con los servicios jurídicos y los técnicos municipales, para transmitirle su confianza en que las diligencias penales se archivarán. Ledesma ha considerado "lógico" que Salvador haya recordado que no aceptará imputados. Hay que ser "coherente" con lo que se firma, en alusión al pacto de regeneración democrática que suscribieron PP y Ciudadanos.

Para la secretaria de Organización del PSOE granadino, Elvira Ramón, la norma "cercena las libertades civiles y políticas de la ciudadanía" y supone "un nuevo recorte de derechos" del Gobierno de Rajoy, que se suma a los realizados en educación, sanidad o políticas sociales.

El secretario general de los socialistas de la capital exige al presidente provincial del PP explicaciones y responsabilidades ante la investigación de la Fiscalía. Considera que la dirección del PP “no puede seguir mirando hacia otro lado, mientras los casos judiciales cercan al alcalde y dos concejales de su equipo”. Critica "la tibieza" de Ciudadanos y le pide que fuerce con su voto en el salón de plenos "el verdadero cambio de política y transparencia" que han pedido los ciudadanos.

El alcalde y los ediles denunciados por el empresario Ramón Arenas han presentado alegaciones solicitando el archivo de las diligencias de investigación penal abiertas por la Fiscalía. Defienden la legalidad de la operación urbanística denunciada y señalan al empresario, al que acusan de haberse movido con el único interés de "especular" con los terrenos y de haber emprendido esta batalla legal en respuesta a la negativa del Ayuntamiento. Mientras tanto, la oposición exige explicaciones por la gestión urbanística municipal, que consideran "bajo sospecha".

Ramón Arenas litiga desde hace años con el Ayuntamiento a cuenta de la parcela de su propiedad junto al Pabellón Mulhacén. Culpa al Ayuntamiento de no haber podido darle uso, tras una década desde su compra, y de haber provocado con ello su "ruina" personal y empresarial. El pasado mes de abril recurrió a la Fiscalía, que ha abierto diligencias de investigación penal. Repasamos los principales argumentos de su denuncia, que ha ampliado con dos escritos.

Todos los denunciados han presentado alegaciones a la investigación abierta por la Fiscalía, entre ellos el alcalde y su responsable de Urbanismo, Isabel Nieto. Los dos piden el archivo de las diligencias y, en el caso de la edil, con un duro escrito en el que denuncia que la intención del empresario denunciante con su parcela fue "especular claramente", así como las "coacciones" que tanto ella como los funcionarios que han tramitado estos expedientes ha recibido durante todo el proceso por parte de Ramón Arenas. Recuerda que ha planteado una reclamación patrimonial de 6 millones al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Órgiva, gobernado por el PSOE, ha considerado "presuntamente ilegal" el acuerdo que ha adoptado la oposición, PP, Ganemos y Ciudadanos, para que se lleve a cabo una auditoría ext

El alcalde en funciones, Francisco Ledesma, que figura entre la decena de denunciados en su calidad de secretario de la junta de gobierno local, asegura que el equipo de gobierno tiene la "plena y absoluta" confianza en que la investigación abierta por la Fiscalía se archivará. Defiende la operación urbanística, que contaba con los informes técnicos preceptivos, y atribuye la batalla legal del empresario Ramón Arenas a que el Ayuntamiento evitó su intento de "especulación" con el terreno que posee en la zona. El alcalde, los concejales, los altos funcionarios y técnicos denunciados han formulado ya alegaciones ante la Fiscalía.

Critica que una zona donde debería haber jardines, pistas de pádel y aparcamientos haya quedado convertido en un restaurante de comida rápida y varios bares privados.