En marzo, las obligaciones pendientes de pago del Ayuntamiento de Granada superaban los 66 millones de euros -a estas alturas se le adeudan 22 millones a Inagra y 11 a Rober-, y el periodo medio de pago a proveedores se situaba en 93 días, volviendo a incumplir los 30 días de plazo y agravando una situación que ya había provocado anteriores informes de alerta por parte del interventor municipal.

A esos datos se une otra información constatada en la liquidación del presupuesto consolidado -el del Ayuntamiento, organismos autónomos y entidades dependientes-: el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla del gasto. Son aspectos importantes, pues haber incumplido por ejemplo la estabilidad presupuestara, aunque solo haya sido en 181.919 euros y pueda parecer una cantidad poco significativa para las cifras millonarias que se manejan en un presupuesto y en unas cuentas como las de la capital, obliga por ley a elaborar un nuevo plan de saneamiento, que de hecho ya dejó encargado el anterior gobierno local del PP.

Hay capítulos, como el de Personal o las partidas de transporte que tienen un gasto real muy por encima del presupuestado, no ya este ejercicio, con las cuentas prorrogadas, sino en 2015. 

En el caso del transporte público, se presupuestaron 10 millones, pero el gasto efectivo fue de 13 millones. Por tanto, para este año solo se cuenta con 10 millones, pero ya se sabe que se necesitarán 13 y que quedan pendientes 3 del año anterior.  Hay otro capítulo, el correspondiente a Personal, en el que se debería haber ahorrado un millón de euros y, sin embargo, presentó un desfase de 13 millones -frente a los 101 millones presupuestados se gastaron 113-.

Esta suma de malos datos económicos no son sospechas, sino conclusiones e información recogida en los informes económicos elaborados, entre otros, por el interventor municipal y de los que este lunes se ha dado cuenta al pleno y sirven para hacer una fotografía de la situación de las cuentas municipales que, en palabras del portavoz del gobierno socialista, Baldomero Oliver, está "al borde del abismo" e inevitablemente caminando hacia la intervención por parte de las administraciones que velan por el cumplimiento de los planes de ajuste y de estabilidad, tanto la Junta de Andalucía y el Ministerio de Hacienda. 

Si se presenta cualquier situación imprevista, como consecuencia de actuaciones urbanísticas o de la propia Operación Nazarí que investiga irregularidades en la gestión del Urbanismo de la capital, "esto no hay quien lo levante", ha señalado Oliver para apuntalar la idea de "quiebra técnica" y de una más que probable intervención de las cuentas municipales, alertando también de que se irán agravando cuestiones como el plazo medio de pago a proveedores: "a la vista de lo que hay, en los próximos meses se puede llegar a 120 días".

En su comparecencia ante los medios, antes de que se celebrara el pleno, el portavoz socialista ha anunciado que una vez que los técnicos concluyan el nuevo plan de saneamiento que encargó PP, el equipo de gobierno lo presentará a los grupos de la oposición para estudiarlo y consensuar las medidas que se llevarán a cabo.

"Aunque la Operación Nazarí no fue un plato de gusto, la dimisión forzada de Torres Hurtado como alcalde tiene como efecto secundario que se ha quitado 'un embolao' de encima", ha llegado a exclamar el portavoz socialista para criticar "la irresponsabilidad" del anterior gobierno del PP por haber llevado la economía municipal "al límite", por haberla situado en una situación "más que crítica".

Le toca ahora gestionarlo al gobierno socialista, como ha indicado Oliver para reiterar una vez más que en primer lugar, antes de plantearse una subida de impuestos, optarán por una "racionalización" del gasto, "no con tanto oropel, no tan orientado a intereses electorales ni a peleas internas y sí a recuperar el interés general".

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