Una queja recurrente de los docentes es la cantidad de leyes orgánicas que nos han acompañado en las últimas décadas, dando lugar a una suma de letras siempre inacabada, y donde cada partido, bajo el mantra del diálogo, impone su modelo con fecha de caducidad impresa. Cada ley, además, viene acompañada de los respectivos Decretos y Órdenes que la desarrollan, saturando de normativa a un profesorado que se encuentra en una selva burocrática absolutamente desproporcionada. Por otro lado, el papel ha cedido casi todo el protagonismo al teclado y la pantalla se ha apoderado en gran medida de la metodología, entronizando el mundo digital como la panacea que resuelve todas las lagunas educativas y arrinconando la antigua clase magistral convertida ahora en una rara avis que es preciso proteger como especie en extinción. Ante cualquier desajuste, desde la administración competente se desarrolla un plan, en no pocas ocasiones con tan buena voluntad como escaso éxito, al que se le concede funciones de pócima mágica y cuyo mérito se mide por los euros invertidos. Así presupuesto tras presupuesto el discurso gubernamental se limita a señalar el aumento del dinero destinado al área, como si de un valor en sí se tratara y para simular que la educación preocupa mucho, cuando no es más que un espacio de confrontación repleto de lugares comunes. Si interesara de verdad -educar, no la publicidad- se adoptarían medidas revolucionarias que sin duda podrían provocar avances de relieve.

Por ello me voy a permitir sugerir a la Administración andaluza, que para ello tenemos competencias, un par de propuestas. No vale hacerse trampas al solitario. Conozco el paño administrativo porque he presidido la Comisión de Educación en el Parlamento y recientemente el Consejo Escolar de Andalucía. Por tanto lo que voy a sugerir no es una ocurrencia sino fruto de experiencia política y también docente, combinación que no abunda entre quienes tienen que adoptar decisiones que afectan a casi dos millones de alumnos y a más de cien mil docentes.

"Urge revisar seriamente la ratio y es una pena que la ILP llevada al Parlamento no se haya admitido a trámite. La respuesta facilona de la media no es seria"

Urge revisar seriamente la ratio y es una pena que la ILP llevada al Parlamento no se haya admitido a trámite. La respuesta facilona de la media no es seria. Es cierto que en el mundo rural la ratio desciende notablemente, pero es elevada en los núcleos de las ciudades. Quien señale que no es una razón para mejorar la calidad desconoce una de las explicaciones ofrecidas para rgumentar la saludable situación que ofrece Pisa sobre la educación en Castilla y León donde, por razones poblacionales, la ratio es sensiblemente inferior. Aun así, en 2022 se rebajó la máxima en Infantil y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachiller, pasando a 22, 27 y 32, respectivamente. Esta medida en un gobierno del PP despeja la excusa de que se trata de una competencia estatal. Puede y debe asumirlo Andalucía. Bajar la ratio no es la solución definitiva, ni única, pero está en el camino de las respuestas.

"Una segunda medida exige un compromiso decidido por la atención a la diversidad. Afirmo con rotundidad que suspendemos"

Una segunda medida exige un compromiso decidido por la atención a la diversidad. Afirmo con rotundidad que suspendemos. Y no niego el interés y la preocupación de quienes legislan, menos aún del profesorado que atiende, muchas veces con impotencia, a tantos estudiantes con significativos déficit de aprendizaje. No es sólo cuestión de protocolos, sino de arbitrar medidas cuantificables sobre los especialistas que necesitamos incorporar, PTIS, aulas de apoyo y específicas, de manera que sea posible incluir en las mejores condiciones. No, no lo estamos haciendo y debiera ser un compromiso serio del gobierno andaluz sin los atajos acostumbrados. No nos engañemos elaborando planes con cuadraditos para marcar y donde siempre acertamos el pleno al 15, ni calculando la diversidad que está tan presente en nuestros centros y que se ha incrementado tras la pandemia, porque no se trata de saber en qué mares se ahogan nuestros alumnos, sino de enseñarles a nadar o proporcionales el flotador.

Es preciso actuar con profesionales, los necesarios y los suficientes; organizar un plan de formación que ayude a los docentes a sacar lo máximo de quienes parten con lo mínimo; dotar a los centros de los medios necesarios para que la inclusión no sea una etiqueta carente de profundidad; acomodar las ratios teniendo en cuenta la presencia de este alumnado y reconocer el derecho que asiste a personas tan vulnerables para que la formación ilumine un futuro que se les presenta con sombras.

Iniciativas estas que no pretenden ser exclusivas. Seguro que hay más reivindicaciones que nos ayudan a progresar, pero desde mi perspectiva estas medidas son inexcusables. Conformarse y aplaudirse siempre, pese a innegables avances, significa negar la posibilidad de seguir creciendo, verbo que no debe dejar de latir en el binomio enseñanza-aprendizaje.

"No reduzcamos la educación a la tiranía de las cifras"

No reduzcamos la educación a la tiranía de las cifras. Porque es posible que apelar con tanto énfasis al presupuesto, con el objetivo último de defender la política educativa de un gobierno, no sea más que una estrategia para anestesiar conciencias. Y necesitamos conciencias vivas, muy vivas, y no placebos que nos engañen.

José Antonio Funes Arjona (Salar, Granada, 1964) es licenciado en Filosofía y Letras (Filosofía y Ciencias de la Educación) y Teología. Durante 30 años ha ejercido como docente. Parlamentario andaluz de Ciudadanos en la X Legislatura (2015-2018). Ha sido presidente del Consejo Escolar de Andalucía (2019-2022).