Tras el fallecimiento del dictador Francisco Franco España inauguraba en 1977, expectante, una nueva etapa marcada por la recuperación de las libertades políticas democráticas. Durante aquel enero de 1977 -la semana trágica del 23 al 30 de enero- la involución impulsada por nostálgicos de la ultraderecha descaradamente amparados por los aparatos policiales y por la magistratura pudo haber frustrado la ilusión democrática en la España postfranquista. 

El 23 de enero cae mortalmente Arturo Ruiz García, el 24 de enero fallece a consecuencia de las heridas producidas por un bote de humo lanzado por la Policía otra estudiante en Madrid, Mari Luz Nájera, cuando participaba en una protesta por los disparos de día anterior que habían cegado la vida de Arturo Ruiz. El 25 de enero varios pistoleros asesinan a cinco abogados laboralistas en el despacho de Atocha 56. 

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Arturo Ruiz.

Arturo Ruiz tenía 19 años, había nacido en Darro, residía en el Barrio El Pilar de Madrid, a donde se habría desplazado la familia cuyo padre ejercía de Secretario Municipal en la población madrileña Gargantilla de Lozoya. Cursaba BUP nocturno y trabajaba de albañil; era militante de la Joven Guardia Roja y de Comisiones Obreras, comprometido políticamente y activista quien, como millones de españoles de entonces, reclamaba en las calles la amnistía y legalización de todos los partidos políticos y sindicatos de clase. 

"Con la desestabilización del Estado buscaban la paralización de cualquier iniciativa democratizadora"

La extrema derecha de entonces, una parte importante de los mandos del Ejército y la mayoría de la Policía (los aparatos represivos de la dictadura franquista) se movilizaban contra las demandas democráticas. A los gritos de ¡¡¡Amnistía total!!! que reclamaban jóvenes, estudiantes, obreros y gran parte de la población española, la extrema derecha responderá con atentados terroristas. Con la desestabilización del Estado buscaban la paralización de cualquier iniciativa democratizadora.

Aquel domingo 23 de enero de 1977 se habría convocado una manifestación Pro Amnistía que finalmente no fue autorizada por Martín Villa, ministro de Gobernación. El responsable del Gobierno Civil era Juan José Rosón. 

Miles de personas se concentran en las inmediaciones de la Plaza España donde actúa la Policía y dispersa violentamente a cientos de asistentes hacia calles entre Gran Vía y Plaza de Callao. En la intersección de las calles Silva y Estrella distintos grupos de pistoleros ultraderechistas se apostaron confrontando primero verbalmente con los manifestantes y, más tarde, deciden disparar sus armas de fuego.

'Cayó fulminado de dos disparos de pistola por la espalda que le destrozan pulmón y corazón'

Los hermanos de Arturo están seguros que “fueron a por mi hermano, quizás le reconocieron por su físico y porque le conocerían de otras….ocasiones”. Cayó fulminado de dos disparos de pistola por la espalda que le destrozan pulmón y corazón. El autor material y el grupo acompañante huyó del lugar, sin ser identificados ni detenidos por la “Policía antidisturbios” que, sin embargo, se detuvo en destruir un “sencillo señalamiento con ladrillos en forma de cruz en donde se apreciaba un gran charco de sangre”.

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Hoja-informativa de la Asociación PeñaGrande-Lacoma del Barrio El Pilar denunciando el asesinato de Arturo Ruiz García y los que se produjeron en los días de enero de 1977 exigiendo "el esclarecimiento de los hechos y la inmediata detención de los autores de estos asesinatos que entorpecen la paz y la marcha hacia la democracia. !!!!!!!!!!!!NO MÁS ASESINATOS!!!!!!!!!!!!

Iniciada la investigación policial por presunto asesinato -y descartada la primera versión oficial del Gobierno Civil que hablaba de “enfrentamientos con agentes policiales o de enfrentamientos entre grupos de manifestantes y contramanifestantes”- se identificará como autor de los disparos a José Ignacio Fernández Guaza el Posturas de 29 años, integrante del grupo ultraderechista Triple A y conocido pistolero muy reputado en las cloacas de la seguridad del Estado.

En menos de 24 horas pasó del País Vasco a Francia. Presumiblemente partiría hacia Argentina pero lo cierto es que jamás se supo su paradero. Sin embargo, la hermana del asesino habría manifestado en la instrucción judicial que “trabajaba para la Guardia Civil o la Policía;…. realizaba funciones que la Policía no podía hacer”. 

Hoy 43 años de aquel día tendría, de seguir vivo, 62 años.

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El pistolero de la Triple A José Ignacio Fernández Guaza.

El cómplice de Fernández Guaza, el ultraderechista Jorge Cesarsky, líder de la Alianza Anticomunista Argentina Triple A, implicado también en el asesinato de Arturo Ruiz fue condenado a 6 años por delito de terrorismo y tenencia ilícita de armas (prestó su pistola para que Fernández Guaza efectuara los disparos), pero sólo cumplió uno al beneficiarse precisamente de la amnistía que demandaba el propio Arturo. 

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Jorge Cesarsky.

De la instrucción del caso que impulsó el juez Rafael Estévez se deduce que “Jorge Cesarsky utilizó el día de los sucesos una pistola”-según confirma la Jefatura Superior de Policía- “con la que realizó un disparo, siéndole luego arrebatada el arma por José Ignacio Fernández Guaza, quien de forma inmediata la usó para realizar a su vez dos disparos más, que se presumen fueron los que causaron la muerte de Arturo Ruiz García…; los hechos han quedado suficientemente aclarados en su aspecto fundamental, aunque continúan realizándose gestiones para la detención de Fernández Guaza y la obtención de nuevas pruebas”.

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El abogado Juan Ignacio Ortiz de Urbina.

Pero nunca se hizo justicia. Nunca hubo diligencia alguna en averiguación del paradero del presunto asesino huido: la Dirección General de Policía suspendió pesquisa alguna; nunca se promovió petición de extradición o comisión rogatoria a otro país desde el Ministerio de Justicia.

"No sigas investigando, acabarás como los de Atocha"

Tampoco avanzó mucho el abogado Juan Ignacio Ortiz de Urbina, personado en nombre de la familia en la instrucción del caso mientras recibía en su despacho amenazas: “No sigas investigando… acabarás como los de Atocha”; ….su expediente fue robado de su propio domicilio.

Finalmente, la Audiencia Nacional se hizo cargo del caso y se incorpora a la causa de los asesinatos de Atocha, ahora en el Juzgado de Instrucción nº 1  a cargo del juez Rafael Gómez-Chaparro. Pero aquí las diligencias se paralizan…, se diluyen.

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Eduardo Ruiz Fernández -quien nunca, como su esposa, se repusieron de la tremenda desgracia del asesinato de su hijo- recibió contestación del que fuera Gobernador Civil de Madrid en 1977. Juan José Rosón, ya ministro de Interior en 24 de marzo de 1981: ….lamento participarle que no puedo hacer nada en su favor, puesto que las diligencias e investigaciones se encuentran sub-judice, siendo la actuación judicial la única que entiende sobre la muerte de su hijo.

"En 2016 la familia se suma a la querella colectiva presentada ante la Justicia argentina por crímenes impunes durante el franquismo y hasta las primeras elecciones democráticas de 1977"

Tras el fallecimiento de los padres de Arturo sus hermanos solicitaron en 1997 la reapertura del caso instando a promover diligencias de localización de Fernández Guaza, con resultado infructuoso ya que el Juez Gómez de Liaño vuelve a archivar. En 2000 la Audiencia Nacional certificó la prescripción. En 2016 la familia se adhiere a la querella colectiva presentada ante la Justicia argentina por crímenes impunes durante el franquismo y hasta las primeras elecciones democráticas de junio de 1977 al considerar que “aquel asesinato es un delito de lesa humanidad que no prescriben nunca”.

Somos de la opinión que la transición a la democracia no puede ser enfatizada como ejemplar ni como modélica mientras existan ángulos ciegos de impunidad por los crímenes cometidos bajo el amparo o desidia de los aparatos del Estado durante el tardo franquismo hasta bien entrado los años ochenta del siglo XX. 

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Homenaje recuerdo a Arturo Ruiz en 1987.

La Ciencia política y la Historiografía matizan el modelo o vía española de la dictadura a la democracia porque fue la más sangrienta de Europa: 700 víctimas de las cuales 512 fueron provocadas por el terrorismo de ETA y GRAPO, también hubo 188 asesinatos debidos a las Fuerzas Orden Público y aparatos del Estado en connivencia con la extrema derecha: se cuentan 49 asesinatos por grupos de extrema derecha; 16 asesinados por grupos antiterroristas; 61 en enfrentamientos entre Policía y grupos armados; 54 asesinados por la represión policial y fuerzas orden público; otros 8 fueron asesinados en cárceles o comisarías.

Por tanto, es un “mito que hubiese una transición pacífica” (Sophie Baby). En sus orígenes nuestra democracia fue una democracia de “sangre y plomo” con un voto ignorado de las armas (Xavier Casals). Viçens Navarro mantiene que mientras existan ángulos ciegos de nuestra Transición no superaremos la “democracia incompleta… el bienestar insuficiente”. Y para ello es necesario indagar y conocer “sobre lo que no se habla en nuestro país”.

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En estos días hemos conocido que una Misión del Parlamento Europeo se trasladará a España para conocer los motivos por los que 379 asesinatos producidos por el terrorismo de ETA (de un total de 883) que aún están por resolver, aunque constan iniciados las causas y procedimientos respectivos (Diario ABC, 21 de enero de 2020).

Sin embargo, los hermanos de Arturo Ruiz García (Antonio, Eduardo, Juan, Miguel Ángel, Manuel, Elvira y Blanca) deben acudir a instancias de la Justicia Universal porque la jurisdicción española (la interpretación de los tribunales) no garantiza sus derechos a la Verdad, Justicia, Memoria y Dignidad de su hermano. Algo parecido ocurre en el esclarecimiento de las circunstancias de los asesinatos de las “188 víctimas de los aparatos del Estado durante la transición nada pacífica”.

¿Hasta cuándo esta anomalía? ¿Hasta cuándo la impunidad?

Rafael Gil Bracero

Presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica (AGRMH)

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Las fotografías recogidas en este artículo han sido facilitadas por el autor.

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