Integra el consorcio en el Servicio Andaluz de Empleo
La Junta reactiva el Centro Albayzín tras un año de agonía para los trabajadores
El Consejo de Gobierno aprueba el decreto-ley que permitirá liquidar los atrasos de las nóminas y poner de nuevo en funcionamiento, con normalidad, la decena de consorcios escuela de Andalucía, entre los que se encuentra el centro granadino, integrándolos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Según las previsiones de la Junta, para octubre habrá culminado el proceso.
Miguel Rodríguez
Con su integración en el Servicio Andaluz de Empleo, la Junta pretende resolver los impagos y normalizar la situación del Centro Albayzín.
El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto-ley que permitirá la integración de los consorcios escuela de Formación Profesional para el Empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a través de la modificación de los fines de esta agencia.
Según ha informado en rueda de prensa el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, la aprobación de este decreto-ley, que se remitirá al Parlamento para su convalidación, constituye un "paso decisivo" para culminar el proceso "largo pero necesario" para la integración de los consorcios escuela en la estructura de la Junta.
De este modo, tanto los 167 trabajadores de los diez centros de la red como todo su equipamiento e infraestructura pasarán a formar parte del SAE, con lo que, según Sánchez Maldonado, se garantiza la continuidad de una oferta formativa que en este curso se impartirá a más de 4.900 alumnos.
La norma, que también establece el procedimiento para culminar la integración, justifica la "extraordinaria y urgente necesidad" requerida para su tramitación como decreto ley por la "inestable situación financiera" que atraviesan los consorcios y la "incertidumbre sobre la continuidad" de su actividad.
Con esta cobertura jurídica, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio podrá adoptar las soluciones necesarias como titular de las competencias en Formación Profesional para el Empleo, que en la pasada legislatura ostentaba Educación. Para ello, también se han modificado los fines y la denominación de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, que a partir de ahora se llamará Agencia Pública Andaluza de Educación.
En octubre se completará la integración de los centros en el SAE
El consejero ha manifestado que el objetivo es que en el próximo mes de octubre la gran mayoría de estos consorcios estén integrados de manera definitiva en el SAE y funcionando. Ha apuntado que el SAE va a asumir tantos los activos como los pasivos de los consorcios y ha garantizado que existirán "todos los controles" para que no se dé ningún tipo de "irregularidad" en un futuro, tras ser preguntado sobre el asunto de las "irregularidades" que se detectaron en algunos consorcios.
"Donde yo esté de consejero, habrá poca irregularidad", ha sentenciado Sánchez Maldonado, quien ha explicado que en una o dos semanas se llevará al Consejo de Gobierno una modificación presupuestaria para fijar la cantidad destinada al funcionamiento de los consorcios, que se estima en 12 ó 13 millones anuales.
Ha indicado que se ha seguido la recomendación de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el sentido de que no es conveniente seguir con la fórmula de la subvención anual para la red de consorcios, sino optar por fijar una partida presupuestaria en las cuentas de la comunidad.
Tras indicar que no hay una homogeneidad en el tiempo que lleva parado cada consorcio o en los meses que sus trabajadores no cobran las nóminas, el consejero ha confiado en que en tres o cuatro semanas haya el máximo número de consorcios liquidados, estén hechas las valoraciones de sus activos y pasivos, y que empiecen a trabajar y a cobrar los trabajadores.
El consejero ha expresado que con el paso que se da hoy se culmina un proceso muy complejo y largo, pero necesario y muy esperado tanto por los trabajadores como por los alumnos de los consorcios, que siguen siendo un activo muy importante y de gran trascendencia para la creación de empleo en la comunidad.
Los trabajadores de los consorcios escuela se han mostrado "contentos" después de la "solución" arbitrada por la Junta para este colectivo, de forma que esperan poder empezar las clases y el curso a mediados de octubre. Fuentes de este colectivo se han mostrado "contentos" después de que el Consejo de Gobierno haya aprobado este martes el decreto-ley que permitirá la integración de los consorcios escuela de Formación Profesional para el Empleo en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), a través de la modificación de los fines de esta agencia. En declaraciones a Europa Press, este colectivo espera que con este decreto ley "dejemos de estar en tierra de nadie" y esperan poder cobrar, ya que "según los diferentes consorcios, nos adeudan desde dos meses de nóminas hasta consorcios escuela a los que les deben hasta 14 meses en nóminas; estamos en mismo proceso pero en diferentes escalones", ha añadido. Por ello, estos trabajadores piden a la Junta que "sea consciente de que las escuelas llevan tiempo sin funcionar, por lo que deben acondicionarlas y ponerlo todo en pie". Asimismo, han resaltado que "ya hay muchas solicitudes para los cursos", por lo que esperan poder empezar el curso a mediados de octubre. En los últimos meses han protagonizado numerosas protestas para reivindicar una solución y llegaron a reunirse este verano con el Defensor del Pueblo Andaluz, que anunció una actuación de oficio.
En la exposición de motivos del decreto ley se recuerda que la actual situación de los consorcios se genera debido a las reformas introducidas por las nuevas leyes estatales de racionalización del sector público y de la Administración local, aprobadas en 2014 y 2013, respectivamente. Ambas normas establecieron modificaciones de calado que impiden la participación de las entidades locales en la red formativa andaluza.
A raíz de esta situación, el Consejo de Gobierno aprobó un acuerdo el 21 de octubre de 2014 que iniciaba la disolución de los consorcios para su posterior cesión global de activos y pasivos a una entidad jurídicamente adecuada que permitiese la continuidad de la actividad formativa. Con el decreto ley aprobado hoy, se da el paso decisivo para culminar este proceso con la integración de la red en el SAE.
La norma recoge las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía en el sentido de que la red de consorcios debía dejar de sustentarse económicamente por una subvención anual de la Junta casi en su totalidad. Asimismo, se adecúa a las medidas de rigor y transparencia del Gobierno andaluz en la gestión de la formación profesional para el empleo.
Modificación legislativa
Para facilitar la integración en el SAE, se modifica la ley de creación de esta agencia pública en el apartado dedicado a su objeto y fines, y se introduce entre ellos "la gestión de infraestructuras, los recursos humanos y el equipamiento de los centros de formación para el empleo de titularidad de la Junta de Andalucía". Igualmente, se añade la ejecución de acciones incluidas en esta materia y la planificación de la oferta que se realice por parte de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.
En cuanto al procedimiento, la red de centros estará adscrita a la Junta a través del SAE, que se subrogará tanto en los bienes, derechos y obligaciones de sus activos y pasivos. Previamente, cada consorcio deberá aprobar un proyecto de cesión global que comprenda, entre otros aspectos, la fecha a partir de la que tendrá efectos contables y la información sobre activos y pasivos.
Tras el informe previo y favorable de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, el SAE aceptará finalmente la cesión, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
La Red de Consorcios Escuelas de Formación para el Empleo gestiona una oferta formativa especializada y adaptada a las necesidades específicas de cualificación en sectores económicos de zonas concretas de la comunidad autónoma.
Con un nivel de inserción medio del 90 por ciento, está integrada por los centros del Mármol en Fines (Almería); Hostelería en Cádiz; Joyería en Córdoba; Madera en Encinas Reales (Córdoba); Artesanía, Restauración y Rehabilitación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en Granada; Hostelería en Islantilla (Lepe, Huelva); Hostelería y Turismo en Puente del Obispo (Baeza, Jaén); Hostelería en Benalmádena (Málaga); La Cónsula de Hostelería en Málaga, y Artesanos en Gelves (Sevilla).
Los trabajadores llegaron a reunirse con el Defensor este verano, que anunció una actuación de oficio. oficina dpa
El PP duda de las intenciones de la Junta
La parlamentaria andaluza por el Partido Popular de Málaga Esperanza Oña ha asegurado este martes que el problema que sufren las escuelas de hostelería de la provincia es "la falta de voluntad política" por parte de la Junta de Andalucía, que "hace tiempo que decidió prescindir de ellas y por eso las asfixia presupuestariamente".
En este sentido, ha destacado que "tenemos razones para dudar de las intenciones del Gobierno andaluz, cuando de primera hora el CioMijas se queda fuera del decreto-ley que permitirá integrar en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a estos consorcios", hecho que, según ha señalado, "nos ha sorprendido enormemente, pues este centro ha sido excluido sin disimulo, lo que supone un agravio comparativo con el resto".
Asimismo, Oña ha considerado que la aprobación este martes por parte del Consejo de Gobierno andaluz para la integración de la red de consorcios escuela de formación en la Consejería de Empleo -proveniente de la Consejería de Educación- "podría ser más un trámite administrativo que una solución y dudo que esta integración vaya a revertir a corto plazo la situación de inactividad y de impago a trabajadores que viven desde hace más de tres años", ha criticado.
Al respecto, ha recordado en un comunicado que no es la primera vez que la Junta "vende a bombo y platillo" un cambio administrativo similar como solución para esta red de consorcios y escuelas.
"De hecho, ya en el anterior mandato, el entonces consejero de Educación, Luciano Alonso, apostó por trasladar la gestión de estos centros al ISE, la agencia pública de esta Consejería", ha señalado Oña, al tiempo que ha incidido en que "está claro que de nada sirvió, salvo para generar más incertidumbre y dejar a las escuelas de hostelería en un limbo administrativo".
En este sentido, la parlamentaria del PP ha defendido que "lo que hace falta es que la Junta pague las nóminas, garantice los suministros y afronte el normal funcionamiento de estos centros".
