El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha reiterado en una sentencia que la Diputación de Granada debe asumir como "competencia propia" y "con cargo a sus presupuestos" la prestación del servicio de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, sin que pueda exigir a los ayuntamientos, "como viene haciendo", el pago de una cantidad a modo de contraprestación.

En la sentencia, que ha dado a conocer el PP, el TSJA rechaza el recurso contencioso-administrativo formulado por el Ayuntamiento de La Tahá contra el acuerdo de pleno que, en enero de 2016, aprobó el reglamento regulador del servicio público de tratamiento de residuos municipales en la provincia de Granada.

Lo hace al entender que "lo ilegal no es el reglamento en sí sino los actos aplicativos que del mismo viene haciendo la Diputación", como "lo demuestran las cuatro sentencias" de Juzgados de lo Contencioso-Administrativo "que anulan sistemáticamente las liquidaciones por el coste del servicio público de tratamiento de residuos urbanos que la Diputación viene girando contra ayuntamientos granadinos de menos de 5.000 habitantes, como los de La Tahá-Pitres, Güéjar-Sierra, Dílar o Morelábor".

Así, a pesar de esta desestimación del recurso, el TSJA recalca que la Diputación debería "en lo sucesivo abstenerse de persistir en una aplicación contraria a derecho de su reglamento", según consta en la resolución, consultada por Europa Press.

El portavoz del grupo popular en la Diputación, José Robles, ha hecho hincapié en que, aunque el TSJA dice que el reglamento del tratamiento de residuos es legal, "deja claro" que el tratamiento de residuos en los municipios menores de 5.000 habitantes es una competencia propia de la Diputación de Granada.

Ha incidido en que es la quinta sentencia que advierte al gobierno provincial de José Entrena (PSOE) de que "el servicio de tratamiento de residuos debe ser sufragado por la institución provincial y no por los ayuntamientos, en los municipios menores de 5.000 habitantes. Los ayuntamientos de Güéjar Sierra, Dílar, La Tahá y Morelábor ya denunciaron esta situación y la justicia acabó dándoles la razón".

Robles ha instado al presidente de la Diputación a rectificar y a devolver a los ayuntamientos el dinero "cobrado indebidamente", al tiempo que ha censurado que municipios gobernados por el PSOE "pagaron por el servicio de tratamiento sin que fuera su competencia", entre los que ha citado Cijuela, con 105.000 euros y 3.000 habitantes; Fuente Vaqueros, con 184.000 euros, o Moclín, con 100.000 euros.