La Diputación de Granada recurrirá la sentencia sobre el tratamiento de residuos del municipio de Dílar para que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "se pronuncie sobre el sostenimiento del servicio".

Así lo ha indicado en una nota de prensa la institución provincial, que ha recordado que, en la sentencia que ha dado a conocer este miércoles el Partido Popular, que gobierna el municipio, el juzgado declara que "la competencia para prestar el servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes es de la Diputación, pero que en ningún momento señala que sea un servicio gratuito".

"La citada sentencia es fruto de un recurso planteado por el Ayuntamiento de Dílar, uno de los pocos que se negó a firmar un convenio bilateral con la Diputación para la prestación del servicio de tratamiento de residuos", han indicado desde la institución provincial.

Así, el recurso de apelación no se presentará porque "exista inconveniente en la prestación del servicio, sino porque considera conveniente un pronunciamiento del Alto Tribunal andaluz para que, en todo caso, unifique criterios sobre el sostenimiento del servicio, de forma que todos los ciudadanos tengan un mismo trato por la igualdad ante la ley" y el "respeto al principio de capacidad económica e igualdad fiscal".

Se trata de "una obligación de la Administración para con todos los ciudadanos evitar desigualdades entre ellos, especialmente por el lugar de residencia". En este sentido, la diputada provincial de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente, María Ángeles Blanco, ha señalado que "sería injusto que un ciudadano no tuviera que pagar la tasa de tratamiento de residuos por vivir en un municipio de 4.999 habitantes y sí tuviera que pagar un vecino de otro municipio con 5.001 habitantes".

"El tratamiento de residuos es una tasa que ha de cubrir el coste del servicio, al igual que la recogida del servicio de basura o el suministro del agua", ha señalado Blanco, para subrayar que sería injusto que "unos ciudadanos tuvieran determinados beneficios fiscales por su lugar de residencia". De ahí, ha dicho, que la Diputación recurra la sentencia, "porque es esencial que los órganos jurisdiccionales unifiquen criterios".