El Consejo de Alcaldes de la provincia ha celebrado esta mañana una nueva reunión en el salón de plenos de la Diputación de Granada, con la participación de regidores de municipios de la provincia y representantes municipales, en el que se ha informado de la devolución de oficio de la tasa de tratamiento de basura correspondiente a los años 2016, 2017 y 2018 a todos municipios menores de 5.000 habitantes de la provincia.

En el marco de este órgano dependiente de la institución provincial, su presidente, José Entrena, ha informado que el abono, que alcanza los 5,6 millones de euros se hará “antes de final de año” a todos los municipios menores de 5.000 habitantes -139 municipios- y no solo a los 10 ayuntamientos que han reclamado por vía judicial. “No parece justo que fuera así”, ha manifestado. También ha señalado que se retirarán los recursos existentes en los tribunales de justicia.

Entrena ha recordado que la resolución judicial que da lugar a esta devolución establece que el Reglamento del Tratamiento de Residuos es válido y ajustado a derecho, aunque obliga a la institución provincial a hacerse cargo de este servicio en los municipios menores de 5.000 habitantes. 

Esta sentencia, ha insistido, “es contradictoria con otras resoluciones del mismo Tribunal, y en concreto, con la que declaró ilegal y anuló la tasa que el anterior gobierno del PP impuso a los ciudadanos para financiar el coste del servicio”. 

En este sentido, ha recordado que dicha sentencia establecía que la competencia del cobro del tratamiento de residuos era exclusivamente municipal, de ahí que anulara la tasa que cobraba Diputación en el mandato del PP.

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La devolución se materializará antes de final de año. j.g./dipgra

"La situación actual tiene su origen en una decisión errónea y malintencionada del anterior gobierno del PP", dice Entrena

Entrena ha relatado que la situación actual tiene su origen en la decisión errónea y malintencionada del anterior gobierno del PP que, primero disolvió el Consorcio Provincial para el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (RESUR), que formaban la Diputación y los municipios de la provincia, para implantar después un sistema, declarado ilegal por los tribunales, que incrementaba el coste del servicio y obligaba a los ciudadanos de la provincia a pagar una tasa anulada por resolución judicial. 

“Aquella resolución nos obligó a replantear la gestión del servicio y lo hicimos abaratando el coste del tratamiento de residuos y rebajando el precio por tonelada de 32,61 euros a 23,16”, ha explicado el presidente, que ha subrayado que ello ha supuesto un ahorro a los municipios de más de 9,4 millones en los tres años de mandato.