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Una mujer de La Zubia, exonerada de pagar casi 300.000 euros por avalar a su exmarido gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

E+I+D+i - IndeGranada - Lunes, 8 de Enero de 2024
La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en julio de 2015.
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La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en julio de 2015.

La Asociación de Ayuda al Endeudamiento ha conseguido que perdonen la totalidad de sus deudas. 293.520,18 euros, a una granadina de La Zubia aplicando la llamada “Ley de la Segunda Oportunidad”. 

Según relata esta asociación, los hechos se remontan a 2012. Durante su matrimonio la mujer avaló prácticamente la totalidad de las deudas de la empresa del que era su cónyuge, lo que recayó sobre ella cuando la sociedad quebró y comenzó a generar deudas a las que no podía hacer frente, situación que le obligó a solicitar diferentes vías de financiación con el objetivo de hacer frente a dichas cuotas que iban devengando dichos créditos. 

A pesar de su esfuerzo por pagar todo puntualmente, sus gastos personales y familiares no llegaban a cubrir todas las cuotas y los correspondientes intereses y comisiones de demora. Entró entonces en una vorágine de constantes reclamaciones, amenazas y llamadas de recobro, lo cual ya no solo afectaba a su economía, sino también a su salud. 

El estrés generado por las llamadas de recobro sumado al miedo de que embargaran su nómina, más de 2.000 euros, la llevó a investigar sobre la Ley de la Segunda Oportunidad. Fue ahí cuando solicitó asesoramiento a la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. 

Tras estudiar el caso en detalle, los abogados de la asociación le confirmaron que daba el perfil para acogerse al procedimiento de cancelación de deudas. Con estas palabras aclara Pepe Domínguez, uno de los abogados encargados del caso, qué se valora para confirmar la viabilidad del proceso: 

“Lo primero a valorar es si la persona es insolvente, es decir, no puede pagar sus créditos contratados. Aunque mucha gente pueda pensar que no puede ser insolvente por cobrar una nómina de más de 2.000 euros, esta clienta en concreto era insolvente, ya que el monto total a devolver era incompatible con sus gastos personales y familiares básicos”. 

Pasos a seguir

La primera actuación llevada a cabo por la asociación fue comunicar a los juzgados de Granada la situación de insolvencia de la deudora. Con ello da comienzo un periodo de negociación conjunta con todos los acreedores. 

Esto solo ya la posibilita a dejar de pagar todos sus préstamos y créditos, evitar cualquier intento de embargo y, en consecuencia, un respiro económico.

Posteriormente, los letrados propusieron a las diferentes entidades un plan de pagos acorde con las posibilidades de la deudora. Este intento de acuerdo quedó en nada debido al rechazo de los acreedores, que vieron insuficiente la propuesta.

Este trámite era crucial y obligatorio hasta el 26 de septiembre de 2022. Con la nueva reforma, el acuerdo extrajudicial ha sido eliminado del proceso. “Esto beneficia mucho a los deudores, tanto en duración como en coste de todo el procedimiento”, detalla el abogado.

El siguiente paso es intentar el convenio por parte de la deudora, certificando notarialmente que se trata de una deudora de buena fe. Esto se traduce en que la solicitante gana el derecho a ser perdonada del 100% de sus créditos pendientes si solicita su concurso de acreedores.

Dicho concurso fue pedido inmediatamente por los abogados de la asociación y turnado al Juzgado Mercantil N.º 2 de Granada.

Una vez revisada la insolvencia y la buena fe de la solicitante, el Tribunal dictó la resolución definitiva concediendo el BEPI (Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho). Esto ha supuesto dejar a esta deudora libre de los 293.520,18 euros que debía.

Esta sentencia deja sin posibilidades de cobrar absolutamente nada a los acreedores de la asociada -entre ellos BBVA, Santander o Titi Finance- y permite a la ya exdeudora ser excluida de cualquier fichero de morosidad.

Ya son casi 700 las exoneraciones de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento en  2023. Algunas sentencias en la que incluyen incluso deuda pública como los 137.709,06 euros perdonados en Albacete o manteniendo bienes, como los 222.807,18 euros en Valencia el 8 de febrero.