Los colectivos memorialistas que integran la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática y la Asamblea Andaluza Memorialista denuncian la "involución" en materia de Memoria Democrática en Andalucía y exigen al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos que abandone "la política de brazos caídos" y permita seguir avanzando para afrontar "la deuda pendiente" con quienes padecieron la represión franquista y sus familiares. 

El próximo 13 de noviembre, en Sevilla, en defensa de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, una manifestación reclamará su cumplimiento y, en definitiva, "una Andalucía con Memoria".

En un manifiesto suscrito por las dos coordinadoras, los colectivos exigen respeto para su trabajo y para las víctimas y sus familias, una vez que la Junta de Andalucía ha paralizado las políticas públicas en esta materia, lo que está provocando "un grave retroceso en la consecución plena de los derechos de las víctimas del franquismo".

Denuncian "cualquier intento de imponer una visión negacionista o equidistante de los crímenes del franquismo, que iría no solo contra los derechos y la dignidad de las víctimas, sino también contra las evidencias de la investigación historiográfica"

"El avance en estos derechos se ha ido consiguiendo en las últimas décadas gracias sobre todo al impulso y el empeño de la sociedad civil organizada, que ha compensado en parte el muy insuficiente compromiso por parte del Estado democrático en todos sus niveles territoriales, repetidamente denunciado por organismos internacionales", abunda el texto del manifiesto que incide en la labor de las asociaciones. Estas demandan a la Junta de Andalucía como parte del Estado en el territorio andaluz, "el cumplimiento y desarrollo de las políticas públicas de Memoria Histórica y Democrática". Y denuncian "cualquier intento de imponer una visión negacionista o equidistante de los crímenes del franquismo, que iría no solo contra los derechos y la dignidad de las víctimas, sino también contra las evidencias de la investigación historiográfica".

Cabe recordar que en los planes del Gobierno andaluz, por exigencia de la ultraderecha de VOX, está cambiar esa norma por una Ley de Concordia.

Las coordinadoras por la Memoria detallan los trabajos paralizados por la Junta y que reflejan los "recortes e involución" que denuncian. Así, recuerdan que el Gobierno andaluz "no ha tenido ninguna iniciativa propia en dos años de legislatura y tres presupuestos".

"La política de brazos caídos" de la Consejería de Cultura -que tiene las competencias en esta materia- ha hecho que no se haya abordado la retirada de símbolos franquistas ni pasos tan simbólicos y esperados como "la salida del genocida Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena". Refieren otros ejemplos, como la reversión de la nomenclatura del callejero de Córdoba "a terminología fascista" o la "intencionada polémica ocasionada por la extrema derecha con el silencio cómplice de la Junta" por la retirada de la cruz de Aguilar de la Frontera.

En la reunión del Consejo de la Memoria de julio de este año, los representantes de la Consejería anunciaron "por enésima vez" que se iba a constituir el Comité Técnico sobre símbolos contrarios a la Memoria Democrática, creado un año antes. Este comité técnico estará compuesto por 6 personas, 3 de las cuales serán designadas por su cualificación profesional o trayectoria social. "¿Quiénes serán esas personas? ¿Cuáles son sus méritos concretos? Nada se sabe al respecto, apunta el manifiesto.

El texto recuerda que no se ha aprobado ni inscrito ni procedido a la inscripción de 36 Lugares de Memoria pendientes, entre los que se encuentra La Colonia de Víznar.

En relación a la difusión, divulgación e investigación científica sobre la Memoria Democrática, "se ha perdido el presupuesto de 2019, por no resolver la convocatoria en tiempo y forma, y en 2020 se ha recortado a 75.000 euros, de los 260.000 previstos, de manera que sólo 7 asociaciones, 9 ayuntamientos y 4 universidades pueden contar con financiación. Mientras han quedado fuera proyectos de 46 ayuntamientos, 7 asociaciones y los de la Universidad de Cádiz".

Por todo ello exigen "el cumplimiento, aplicación efectiva y desarrollo normativo de la Ley 2/2017, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía" así como "la puesta en marcha y ejecución de las intervenciones en fosas que están propuestas por el Comité Técnico de Coordinación de Exhumaciones desde 2017 y todavía no se han abordado por falta de financiación y/o autorización de la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, así como la actuación inmediata ante las nuevas solicitudes de exhumación y/o extracción de muestras de ADN que se presenten por parte de familiares, Asociaciones y/o Ayuntamientos".

Entre las reivindicaciones, "la plena incorporación" al currículo educativo de contenidos y valores vinculados a la Memoria Histórica y Democrática, basados "en una visión veraz y actualizada" de cuanto supuso el periodo histórico de 1931 a 1982.

Asimismo piden "la erradicación de símbolos y actos contrarios a la Memoria Histórica y Democrática".

En relación a las exhumaciones e identificación de víctimas, reclaman la creación de un banco de ADN. Mencionan igualmente "las actuaciones dirigidas a la identificación y localización de niños y niñas sustraídas para ofrecerlas en adopción por familias adeptas al régimen franquista y por intereses económicos deleznables, sin conocimiento ni autorización de sus progenitores".

"Es una tarea que no se puede demorar, es una deuda pendiente con quienes padecieron, pero también una responsabilidad con las generaciones venideras. Nuestro futuro democrático solo se consolidará si somos capaces de conocer de dónde de venimos, qué errores cometimos y cómo los abordamos. En definitiva, cómo se ha forjado nuestra democracia y hemos llegado hasta aquí"

Además inciden en la importancia de un plan de digitalización de fondos archivísticos relativos al periodo 1936-1978 y la reapertura del Servicio de Oficinas Provinciales de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, para atender a víctimas, familiares y asociaciones memorialistas, en sus solicitudes e información de derechos.

"Es una tarea que no se puede demorar, es una deuda pendiente con quienes padecieron, pero también una responsabilidad con las generaciones venideras. Nuestro futuro democrático solo se consolidará si somos capaces de conocer de dónde de venimos, qué errores cometimos y cómo los abordamos. En definitiva, cómo se ha forjado nuestra democracia y hemos llegado hasta aquí", resaltan para incidir en que no pararán "hasta conseguir Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición".

Puedes leer el manifiesto completo en el siguiente enlace:

• En defensa de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía