La Asamblea de Familiares y Asociaciones de Memoria Histórica de la Plaza de la Gavidia, junto con otros colectivos memorialistas, ha celebrado la tarde de este miércoles una concentración ante el Parlamento andaluz, coincidiendo con su sesión plenaria, en demanda de que la Junta "agilice" los cotejos genéticos promovidos entre familiares de víctimas de la represión franquista y los restos mortales recuperados de las fosas comunes.

Miguel Guerrero, miembro de la plataforma, explicaba recientemente a Europa Press que desde la oficina de la Comisionada para la Concordia de la Junta de Andalucía, dirigida por Ana Gil, habían comunicado por vía "telefónica" los resultados a dos familiares de víctimas de la represión dictatorial que entregaron muestras genéticas para su cotejo con el material genético extraído de los huesos de los 1.786 individuos localizados en la fosa común de Pico Reja con signos de haber sido asesinados.

En ambos casos, según Miguel Guerrero, los resultados eran no concluyentes, siendo trasladada a estas personas la "opción de buscar entre las ramas familiares a algunas otras personas que puedan prestarse" a proporcionar nuevas muestras de genéticas, a la búsqueda de resultados positivos.

Miguel Guerrero detallaba además que estas personas a las que habían sido comunicados tales resultados negativos se sometieron a la extracción de muestras genéticas allá por mayo de 2018, precisando que no fue hasta mayo de 2023 cuando culminó el traslado de las muestras genéticas recogidas de los restos óseos de Pico Reja al Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada, para intentar identificar estos cadáveres mediante el cruce del ADN extraído del hueso con las muestras biológicas tomadas a familiares de represaliados.

Del mismo modo, agregaba que la oficina de la Comisionada para la Concordia de la Junta de Andalucía habría manifestado que contaría con unos "400 informes" relacionados con esta operación de cotejo genético, para su comunicación en adelante.

Ante ello, Miguel Guerrero lamentaba una vez más la "demora tan enorme y el atasco monumental" que arrastra todo este procedimiento de cotejo entre las muestras genéticas de los restos óseos con signos de violencia recuperados de la fosa de Pico Reja y el ADN de familiares de víctimas de la represión dictatorial que participan en esta operación.

Proponen que deje de estar "centralizado" en el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada y el cotejo sea acometido "por provincias"

Por eso, reclamaba medidas para "agilizar" todo este procedimiento, proponiendo por ejemplo que el asunto deje de estar "centralizado" en el Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología Física de la Universidad de Granada y el cotejo sea acometido "por provincias", aprovechando por ejemplo los recursos del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

También solicitaba un "canal oficial" de comunicación entre las autoridades responsables de este procedimiento y los familiares de víctimas de la dictadura que han aportado muestras genéticas para intentar identificar los cadáveres rescatados de Pico Reja con muestras de violencia.

La excavación de la fosa común de Pico Reja, acometida por Aranzadi Sociedad de Ciencias por encargo del Ayuntamiento hispalense, se saldó con la recuperación de restos óseos de 1.786 personas asesinadas durante el golpe de estado de 1936 y la posterior represión militar bajo el mando del general Gonzalo Queipo de Llano.

Según la Real Academia de la Historia, "las estimaciones más fiables cifran en alrededor de 40.000" las personas "ejecutadas en el territorio dominado por Queipo" tras el golpe de Estado de 1936, señalando que "sólo en la ciudad de Sevilla se han contabilizado 4.200 ejecuciones y otras 9.000 en la provincia".

En ese sentido, recordemos que entre las víctimas enterradas en la fosa de Pico Reja figurarían miembros de la corporación municipal hispalense de la época, algunos alcaldes de la zona e incluso diputados. Podría ser, de hecho, la fosa donde descansarían los restos de Blas Infante, ejecutado precisamente en agosto de 1936 y declarado como Padre de la Patria Andaluza.

Los últimos avances de la investigación científica promovida en torno a esta fosa apuntan a que la misma acogería los restos de, al menos, 30 miembros de la columna minera de Riotinto, enviada desde Huelva hacia Sevilla capital el 18 de julio de 1936 para detener el alzamiento militar y cuyos efectivos fueron víctimas de una emboscada tendida en la Cuesta del Caracol de Camas a manos del comandante de la Guardia Civil Gregorio Haro Lumbreras y los hombres bajo su mando, pese a que éste había declarado su lealtad al legítimo Gobierno republicano.

El pasado mes de marzo, el Gobierno central, la Junta de Andalucía, la Diputación provincial y el Ayuntamiento de Sevilla anunciaban por cierto un acuerdo para el proyecto de exhumación de la fosa común de Monumento del cementerio hispalense de San Fernando, siguiente objetivo en materia de memoria histórica, pero según Miguel Guerrero, desde entonces "nadie ha motivo ficha" para avanzar en la iniciativa, lo que le ha llevado a reclamar a los poderes que reactiven la misma.