El diputado de Economía, Manuel Gómez Vidal (PSOE), ha informado este lunes de este fallo y ha incidido en que el grupo socialista, que entonces estaba en la oposición, estuvo "radicalmente" en contra del sistema de selección del contratista, que se "aprobó en un pleno presidido por -el entonces presidente de Diputación- Sebastián Pérez (PP)" por un periodo de 25 años.
El diputado de Economía ha justificado la posición de su grupo en lo que en su momento llamaron el "contratazo" en que "los elementos de selección objetivos quedaban atenuados en relación con los elementos de valoración subjetivos".
Además, "nunca" entendieron -ha dicho- "las enormes prisas de la corporación anterior para guiar este contrato y dejarlo en la antesala de la adjudicación en plenas elecciones municipales".
Así, ha subrayado que "fue el pleno de la Diputación -de entonces- quien aprobó la propuesta de adjudicación del contrato que finalmente firmó el actual presidente", el socialista José Entrena, después de que todo quedara "hecho y guiado en el mandato anterior".
Aunque están en contra del proceso que se siguió, ha matizado que son "un gobierno responsable" y van "a defender los intereses de la institución y los intereses generales de los ciudadanos", de modo que los servicios jurídicos, junto a los técnicos de las áreas competentes, están estudiando cuál será la actuación de la institución provincial.
La adjudicación del contrato se produjo en un pleno extraordinario el 8 de mayo de 2015, con los votos a favor del PP y la oposición de PSOE e IU. Dos empresas presentaron recursos de reposición ante la Diputación, que fueron rechazados, y una de ellas acudió a los tribunales, siendo su recurso estimado en parte por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada.
Ahora esa resolución ha sido ratificada por el TSJA, según publica Ideal, de forma que la adjudicación debe "retrotraerse para efectuar una nueva valoración conforme a las cuestiones que se han estimado en el recurso". Contra la sentencia cabe recurso de casación.
