Los parlamentarios granadinos Carmen Lizárraga y Jesús de Manuel han denunciado la "drástica" reducción de las becas para alumnado de FP que atribuye a "una interpretación perjudicial de la norma". Así, según la norma los módulos convalidados o exentos no se tienen en cuenta en los requisitos académicos. Sin embargo, "miles de estudiantes de módulos de FP se encuentran con la sorpresa de ver reducida su beca drásticamente, lo que atenta contra el derecho de seguir recibiendo formación y oportunidades en su futuro laboral", según ha explicado Lizárraga.

La presidenta del grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha manifestado que esta situación se debe a una interpretación de la norma que perjudica a más de 2.000 estudiantes. "La convalidación de una asignatura es interpretada como matrícula parcial, en lugar de convalidación. Becas de más de 3.000 euros se convierten en ayuditas de 260 euros, ¡y sin avisar!”". La parlamentaria define esta situación como "un nuevo ataque a la educación pública, a las personas más débiles, a la gente joven; como un nuevo recorte, una nueva vulneración de derechos", porque muchos de esos alumnos, según ha advertido, "se verán obligados a abandonar sus estudios". En 15 días, que son los días de alegaciones se tiene que resolver esta "injusta" situación. "No basta con que la Junta de Andalucía diga que está a favor de las justas y lógicas demandas del alumnado afectado. Tienen que mojarse", ha afirmado.   

Por otra parte Jesús de Manuel ha denunciado "los recortes" que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en toda la Comunidad Autónoma y ha informado de la próxima presentación en marzo en el Parlamento andaluz por diferentes grupos, entre ellos Podemos, de una ley que garantice un 5 por ciento respecto al PIB en la inversión en educación. "Eeso supondría un aumento de 740 millones en el presupuesto que hay este año para educación". El parlamentario asegura que con el 5 por ciento del PIB habría "recursos de sobra para revertir los recortes sufridos en educación y contratar de nuevo a los más de 4.500 profesores despedidos en 2012, que con tres de esos millones se podría recuperar el servicio de interpretación de lengua de signos, que con cien millones bastaría para construir 20 colegios de educación infantil, primaria y secundaria y en general, revertir parte de lo recortado por el gobierno socialista".  

Ambos parlamentarios han coincidido en señalar que en que esta situación, "fruto de una gestión deficiente de Susana Díaz", es "especialmente cruel" en una comunidad con la tasa de paro estructural más alta de toda España y sin cursos de formación desde hace 5 años "por decisión de la presidenta"; y en que "los recortes se han hecho notar en la nula inversión en estructuras, condiciones e incluso transporte a estudiantes con diversidad funcional. Reclaman que el presente y futuro de la juventud está en juego, sus derechos vulnerados y las drásticas consecuencias no se las pueden permitir ni ellos ni Andalucía".