Los juzgados de la provincia de Granada dictaron el año pasado nueve desahucios por cada proceso de ocupación ilegal de vivienda, según los datos del Consejo General del Poder Judicial sobre el ejercicio 2025, publicados este viernes a través de su estadística 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales'.  

En total, los jueces decretaron 331 lanzamientos judiciales mientras que solo procesaron 38 casos de 'okupas', lo que muestra la importancia de un problema social sobre el otro, pese al exagerado tratamiento que suelen dar algunos partidos políticos a la ocupación ilegal de viviendas y las profusas campañas de publicidad de empresas de seguridad sobre el tema. 

Hasta el punto de que el Ayuntamiento de Granada, gobernado por el PP, puso en marcha en septiembre del año pasado una 'oficina antiokupación', junto al Colegio de Abogados, sin que hasta el momento se le haya ocurrido una iniciativa parecida para afrontar los desalojos de inquilinos que no pueden hacer frente al alquiler o la hipoteca, pese a haber nueve veces más casos. 

Además, los datos indican que los procesos verbales posesorios por ocupación ilegal de vivienda -como se denomina en términos jurídicos- van a menos: en 2024 llegaron a los juzgados de la provincia 56 casos y han bajado a 38 en 2025, un tercio menos.

Por contra, los desahucios prácticamente se mantienen: 336 lanzamientos judiciales en 2024 y 331 el año pasado, solo cinco casos menos, apenas un 1,15% de descenso. 

De los 331 desalojos del año pasado, la mayoría se produjeron por impago del alquiler, con 218 desahucios, uno más que lo 217 de 2024. Y 85 derivados de ejecuciones hipotecarias (93 el año anterior), con 28 casos por otras circunstancias (dos más que en 2024),.

Aunque los desahucios no aumentaron el año pasado, sí lo hicieron los procesos de ejecución hipotecaria, que pueden conducir a un posterior lanzamiento judicial. Los juzgados granadinos abordaron 762 ejecuciones hipotecarias, un 13% más que los 673 del año anterior. 

Aumentan los concursos personales

La estadística 'Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales' arroja otros datos preocupantes, como el aumento de los concursos presentados por personas -jurídicas o naturales- no empresarias, un proceso más conocido en las empresas, pero que también resulta una opción judicial para particulares que no pueden hacer frente a sus deudas y obligaciones de pago. En 2025 los juzgados granadinos tramitaron 1.223 concursos, un 18% más que el año anterior. 

Suspensión de lanzamientos

En el último informe estadístico del Poder Judicial se difunde por primera vez información relativa a las solicitudes recibidas y resueltas por los órganos judiciales sobre la suspensión de lanzamientos de vivienda habitual por razones de especial vulnerabilidad, aunque solo por comunidades autónomas.

Según explica el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), estos datos se han incorporado recientemente al proceso estadístico y continúan sujetos a la implantación progresiva de controles adicionales, por lo que deben interpretarse con carácter orientativo, si bien permiten disponer de una primera aproximación cuantitativa sobre estos procedimientos. Pero teniendo en cuenta que no se dispone de información sobre los trimestres anteriores y, por ello, no es posible conocer la evolución de esos datos.

Durante el cuarto trimestre de 2025, los juzgados de primera instancia, las secciones civiles de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes recibieron 374 peticiones de suspensión de lanzamiento por especial vulnerabilidad y resolvieron un total de 372.

Suspendieron 29 lanzamientos en aplicación del art. 1 del Real Decreto 11/2020 (que establece la “suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional”); 5 en aplicación del art. 1 bis del mismo real decreto (que establece la “suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los supuestos de los apartados 2.º, 4.º y 7.º del artículo 250.1 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y en aquellos otros en los que el desahucio traiga causa de un procedimiento penal”) y 23 en aplicación del art. 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, referido a los casos especiales en la tramitación de los juicios verbales.

Por otra parte, y en el marco de los procesos penales en los que se sustancie el lanzamiento de la vivienda habitual de aquellas personas que la estén habitando sin ningún título habilitante para ello, los juzgados de instrucción, las secciones penales de los Tribunales de Instancia y los servicios comunes registraron durante el cuarto trimestre del año pasado 62 solicitudes de suspensión y resolvieron 67.