Una macrocausa con 47 investigados y ramificaciones en otras provincias
La presunta trama de amaños en la Policía Local de Granada que investiga Instrucción 4 suma ya 47 investigados, una vez que la jueza ha atribuido esa condición al exconcejal del PP en la capital y actual gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes, César Díaz, a su sobrino, que es subinspector la capital, y a la directora general de Personal, Servicios Generales y Organización del Ayuntamiento de Granada, según el auto dictado este 19 de marzo al que ha tenido acceso El Indepediente de Granada.
Como se ha indicado, a raíz de los datos que han aparecido durante la investigación con supuestas irregularidades en procesos de selección de otros municipios, la jueza ve necesario que se deduzca testimonio. Lo que se investiga en su juzgado son dos oposiciones celebradas en Granada capital, además de las de Albolote y Algarinejo. Pero la documentación analizada hasta ahora por la UDEF y el análisis de las llamadas y mensajes en los dispositivos móviles intervenidos apuntan a muchas localidades, no solo Churriana de la Vega y Pulianas, también de fuera de la provincia.
Indicios de supuestos amaños en la contratación del psicólogo, otra pieza clave en las pruebas de selección
Igualmente, esos resultados han abierto otra línea de investigación. En concreto, la relacionada con el papel que desempeñó en la presunta trama un psicólogo (S.V.R.), "en presunta connivencia" con uno de los policías investigados en la trama (J.C.P.L.). ¿Qué es lo que hacía este tándem? Según expone el auto -citando las investigaciones de la UDEF-, el policía actuaba como "intermediario" con el personal de los ayuntamientos encargados del área de contrataciones y le facilitaba al citado psicólogo las ofertas económicas que habían presentado otros candidatos.
De esta manera, se aseguraban ambos la adjudicación de los contratos relativos a la prestación de servicios como psicólogo, una figura determinante en las oposiciones, pues los aspirantes también deben pasar esa prueba. Al contar con "información privilegiada" podía presentar la oferta "más ventajosa" y hacerse con las licitaciones, que estaban por tanto presuntamente amañadas.
Además de designar a los miembros de los tribunales para que fuesen policías de la presunta trama y pudieran, supuestamente, filtrar las preguntas del examen, se garantizaban un psicólogo 'amigo' que podía influir en otra de las pruebas.
Así, además de designar a los miembros de los tribunales para que fuesen policías de la presunta trama y garantizarse que conocían las preguntas del examen, pues las elaboran los miembros del tribunal, se garantizaban un psicólogo 'amigo' que podía influir, supuestamente, en otra de las pruebas.
El auto cita que S.V.R., a pesar de que su oferta fue calificada como "baja temeraria", resultó adjudicatario en Granada de un contrato de prestación de servicios durante cinco años, "en presunta connivencia con el presidente del Tribunal", que era el intendente J.J.M., y José Manuel Jiménez Avilés.
Adjudicación a la baja con la supuesta participación de la directora general de Personal y Servicios Generales de Granada, también investigada
Y, ¿cómo fue posible esa adjudicación a la baja? Ahí entra en escena otra persona que supuestamente participó en los hechos delictivos expuestos: la directora general de Personal, Servicios Generales y Organización del Ayuntamiento de Granada, C.C.M., a quien también se le atribuye la condición de investigada en la causa por su presunta "actuación torticera impulsando una baja temeraria para favorecer la adjudicación del contrato de prestación de servicios como psicólogo a S. V. R. en connivencia con el presunto grupo criminal investigado".
Esta manera de proceder para presentar las ofertas más ventajosas y asegurarse la contratación podría haberse llevado a cabo en Cijuela, Las Gabias, Montefrío, Iznalloz, Santa Fe, San Fernando, Cartaya, Paterna de Rivera, Valverde del Camino, Almuñecar, Alhendín y Alcalá La Real, además de las ya investigadas en esta causa, Granada, Albolote y Algarinejo. Por tanto, el alcance de esta presunta trama se extendería también a Cádiz, Huelva y Jaén, según la información encontrada por los investigadores. De todos los municipios citados, la jueza reclama que se ordene la información hallada para dar traslado a la Fiscalía.
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