La parlamentaria Ana Villaverde, ahora en el grupo de no adscritos, ha criticado que la adjudicación del servicio de comedor, realizada por el trámite de urgencia, haya quedado desierta. "Y ello pese a que el pasado mes de noviembre el consejero de Educación y Deporte, Javier Imbroda, aseguraba ante el Parlamento andaluz que la situación quedaría resuelta en la segunda quincena de noviembre", según ha recordado la parlamentaria para recordar que incluso llegó a asegurar en el Parlamento que "para prevenir la posible falta de interés de las empresas, se habían introducido nuevas condiciones como la licitación de un único lote multiprovincial que hace que el volumen de negocio sea mayor y por tanto, más atractivo para las empresas. 

Esta situación afecta en la provincia a 54 centros educativos.

Villaverde ha recordado que muchos de los niños y niñas que usan los comedores escolares provienen de familias con especiales dificultades ya sea económicas o de conciliación, y "dejar a 54 colegios granadinos sin comedor es indecente, más en una situación como la actual en la que a una crisis sanitaria se ha sumado una crisis económica y social que ha lanzado a miles de familias andaluzas a la precariedad. No es posible confiar en la palabra de un consejero que ha sido capaz de mentir en sede parlamentaria con un tema tan esencial para el conjunto de la comunidad educativa". 

Para Villaverde, al Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno "ya sólo queda una opción, cesar de forma inmediata a un consejero que se ha invalidado por la vía de los hechos para ejercer sus funciones. Imbroda ha mentido a la comunidad educativa y al conjunto de andaluces y andaluzas y además ha mentido sobre algo que es especialmente doloroso como es la alimentación de las niñas y niños en un momento de especial dificultad para el conjunto de la población".

"Había alternativas y fórmulas para asegurarse que la prestación del servicio de comedor se viera garantizada. Se lo hemos propuesto una y mil veces en comisión y en el pleno, prestar el servicio directamente por la administración pública es más barato, más seguro, más sano y muchísimo más eficiente. Además de una garantía de que los beneficios privados no restan calidad a la alimentación que reciben las niñas y niños", ha insistido la parlamentaria. 

Además, Villaverde ha apuntado que, "según los últimos datos publicados, en las etapas de segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria se han producido hasta 568 supresione de aulas públicas, mientras se expone al alumnado y a las y los docentes al riesgo de contagio en aulas masificadas que incumplen las ratios legales. La única educación que no ha visto mermados sus recursos, es la concertada. Sobran los motivos para exigir el cese de Imbroda".