La Junta "simplificará y agilizará" los trámites para abrir centros sanitarios privados
La consejera de Salud junto al portavoz de la Junta, en el Parlamento. junta
El Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno da otro paso más que favorece a la sanidad privada y ha comenzado los trámites para aprobar un decreto que "simplificará y agilizará" el procedimiento para abrir centros sanitarios privados "hasta donde lo permita" la Ley.
Los planes se han conocido al someter ese proyecto al trámite de consulta pública previa a su elaboración, un paso que tiene como objetivo recabar aportaciones.
Según la Consejería de Salud y Consumo, el 'Proyecto de Decreto por el que se regulan las condiciones de funcionamiento, los procedimientos de autorización, declaración responsable y comunicación y el Registro de centros, servicios y establecimientos sanitarios' resolverá "problemas" derivados de la normativa en vigor.
Asegura que el decreto actual, de 2008, "no garantiza la calidad y seguridad en la actividad de los centros, servicios y establecimientos sanitarioss para proteger la salud individual y colectiva" porque "pone todo el énfasis en las formalidades previas, con un pretendido control, a priori, de los requisitos documentales, relegando la comprobación dinámica del efectivo cumplimiento de los protocolos de seguridad y calidad de los servicios, la praxis profesional y, en definitiva, del real funcionamiento de los centros y de su práctica habitual".
"Otro problema que se pretende solucionar", según la Consejería, es "el de la dispersión de procedimientos y la diversidad de órganos que tienen atribuida competencia de autorización sanitaria en materias conexas con las funciones que realizan los centros y servicios sanitarios". Para ello, la Junta propone "integrar en una sola norma el régimen jurídico de las autorizaciones sanitarias y de autorizaciones especiales de actividades conectadas con la materia aquí regulada".
La Junta se agarra a las "innovaciones legislativas" que se han sucedido desde 2008 que "aconsejan flexibilizar el grado de intervención en el proceso de autorización de los mismos, con respeto a la normativa de carácter básico".
Entre otros aspectos, plantea "suprimir la autorización sanitaria de instalación, en todos centros, servicios y establecimientos sanitarios para cuya puesta en funcionamiento no se precisa que se realicen obras"
El "primer objetivo" del proyecto de decreto es "simplificar y agilizar los procedimientos comprendidos en el sistema de autorizaciones" y, para ello, el Gobierno andaluz plantea "suprimir la autorización sanitaria de instalación, en todos centros, servicios y establecimientos sanitarios para cuya puesta en funcionamiento no se precisa que se realicen obras".
Junto a ello, modificará el procedimiento de renovación de las autorizaciones de funcionamiento en determinadas tipologías de centros para las que, por las características de su oferta asistencial, "no concurre la necesidad de verificación previa del cumplimiento de los requisitos".
En este sentido, la Consejería que dirige Catalina García resalta que "la tradición administrativa, basada en un control previo, debe dar paso a procesos que potencien el principio de buena fe de la ciudadanía en su relación con la Administración, sustituyéndose las autorizaciones por declaraciones responsables, a cambio de una mayor exigencia de compromiso y veracidad de las declaraciones de la persona interesada y, paralelamente, un control más riguroso y efectivo del cumplimiento de las condiciones de funcionamiento".
Otro de los objetivos, de acuerdo con el texto sometido a consulta pública previa es "integrar en una sola norma el régimen jurídico de los diversos procedimientos y reducir la diversidad actual de la regulación de autorizaciones especiales conectadas con la materia aquí regulada".
Dicho régimen debe asegurar que "los procesos de fiscalización y control posterior de la Administración se orienten a verificar el cumplimiento de las obligaciones y a propiciar, de forma proactiva, la seguridad y la calidad, sin perjuicio de establecer las sanciones oportunas en el caso de que no se cumplan las normas o los requerimientos efectuados a tal fin".
La Junta sostiene que estos cambios propiciarán "un marco de conocimiento de las características y capacidad de los centros", potenciando la actualización de la información.
También supondrá la "unificación de los plazos de vigencia de las autorizaciones de los centros sanitarios, que independientemente del régimen jurídico aplicable a la renovación, autorización o declaración responsable, se unifica de 5 años a 4 años, dado que en muchas ocasiones este es el plazo que viene establecido en la normativa estatal que regula la autorización de determinadas actividades sanitarias".
Para el PSOE es una "barbaridad" y un "escándalo"
En resumen, lo que planea la Junta bajo este decreto para la agilización y simplificación de los trámites es eliminar controles previos, como ha advertido la portavoz socialista en Salud, María Ángeles Prieto.
Según informa Europa Press, la parlamentaria ha calificado de "barbaridad y escándalo" que el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno "quiera beneficiar aún más" a la sanidad privada "al eliminar los controles previos y las autorizaciones previas para la apertura de clínicas privadas".
A este respecto, el secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, ha criticado la "alfombra roja" a la sanidad privada en la región, aseverando que la simplificación de requisitos y calidad garantizados por la Administración "no son menos burocracia sino menos seguridad para garantizar la salud de los pacientes y sus derechos que, en ningún caso, pueden ser un negocio".
Por su parte, en un audio remitido a los medios, Prieto ha criticado que a Moreno "no le baste con que Andalucía sea ya la cuarta comunidad autónoma en índices de privatización y haber entregado más de 2.500 millones de euros en los últimos años a la sanidad privada, sino que "ahora pretende favorecer aún más a la privada eliminando los controles y las autorizaciones previas que debe cumplir una clínica privada para poder abrir".
La portavoz socialista ha animado a la sociedad a presentar alegaciones a esta modificación de la legislación porque, ha aseverado, "hay que frenar e impedir este sinsentido". "Hay que parar la locura de la privatización de este gobierno, que está arruinando a nuestra sanidad pública", ha concluido.
