Así, detalla lo ya conocido y recogido al inicio de la información, que el nuevo ente aglutinará a dos entidades instrumentales ya existentes, la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) y la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, y agrega que también asumirá una parte de la organización administrativa de la propia Consejería de Salud y Consumo, en concreto la Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud. El Instituto adoptará la forma jurídica de Agencia Administrativa, tendrá naturaleza de Organismo Público de Investigación y estará adscrito a la Consejería de Salud y Consumo, explica.

La incorporación de la Secretaría General de Salud Pública e I+D+i en Salud permitirá, según señala el Gobierno andaluz, "dotar a la futura agencia de personal funcionario, imprescindible para poder ejercer las potestades que el proyecto de ley le atribuye. Los fines y funciones de las entidades que se van a integrar en el instituto son básicamente del interés general y propios de la Administración pública, destacando el elevado grado de coincidencia en las instituciones en torno a la investigación, la gestión del conocimiento y la formación".

Sus fines serán "fomentar la investigación, el desarrollo, la innovación, la transferencia, y el emprendimiento en salud dentro del marco del Sistema Andaluz del Conocimiento y del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación; promover la excelencia en la atención sanitaria y el desarrollo profesional; fomentar la formación en materia de salud de la población andaluza, atendiendo especialmente a la cualificación profesional del personal al servicio del sistema sanitario público de Andalucía con carácter prioritario y de otras organizaciones sanitarias".

Pese a que la creación del Instituto extingue a la EASP, cuyos trabajadores se integran en el Instituto, la Junta insiste en trasladar que "contará con la Escuela Andaluza de Salud Pública" para "impulsar la generación y gestión del conocimiento en los campos de la salud públicia y de la gestión de servicios sanitarios" o "crear espacios de colaboración y redes que posibiliten la gestión del conocimiento"

Pese a que este trámite extingue a la EASP como tal, en su explicación la Junta insiste en que "el nuevo Instituto de Salud de Andalucía contará con la Escuela Andaluza de Salud Pública" para "impulsar la generación y gestión del conocimiento en los campos de la salud pública y de la gestión de servicios sanitarios; generar procesos de formación, asesoramiento, cooperación nacional e internacional e investigación, y crear espacios de colaboración y redes que posibiliten la gestión del conocimiento, la salud pública, la mejora de las competencias clínicas, investigadoras y de innovación y el buen gobierno de los sistemas de salud".

Entre los objetivos del Instituto, agrega el Gobierno andaluz, está "impulsar la mejora del sistema sanitario público de Andalucía para mejorar los resultados en salud y favorecer la interacción público-privada para el desarrollo de la investigación y la innovación en el ámbito de la salud pública".

"La naturaleza de agencia administrativa permitirá, entre otras ventajas, aplicar todas las garantías para los ciudadanos propias del procedimiento administrativo, beneficiarlo con los privilegios propios de las administraciones públicas en su relación con la Justicia, someter sus relaciones laborales al régimen de los empleados públicos, aplicar la normativa propia de las subvenciones públicas en sus procedimientos de concesión de ayudas, proteger sus bienes mediante la normativa de bienes públicos, entre otras", expone el Gobierno andaluz para defender este paso.

El régimen elegido como agencia administrativa le permitirá que "algunas de sus actividades puedan prestarse como servicios a terceros en el mercado, tal y como vienen siendo prestados actualmente por la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y por la Escuela Andaluza de Salud Pública"

El Instituto de Salud de Andalucía, resalta, "podrá ejercer verdaderas potestades públicas, quedando plenamente sometido a los mecanismos garantistas propios del Derecho público. Además, este régimen permite que algunas de sus actividades puedan prestarse como servicios a terceros en el mercado, tal y como vienen siendo prestados actualmente por la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y por la Escuela Andaluza de Salud Pública".

Al hilo de ese argumento, recoge también que "la calificación como organismo público de investigación permitirá al instituto acceder a ciertos regímenes jurídicos especiales, por ejemplo, en materia de convenios, de patentes, de contratación pública o de contratación de personal. Además, le permitirá reforzar algunas de las capacidades docentes que hasta ahora venían desarrollando la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud o la Escuela Andaluza de Administración Pública en la medida en que le permitirá beneficiarse del régimen especial de citas y reseñas e ilustración con fines educativos o de investigación científica y que se encuentra reservado al profesorado de la educación reglada impartida en centros integrados en el sistema educativo español y el personal de Universidades y Organismos Públicos de investigación en sus funciones de investigación científica, así como constituir empresas innovadoras de base tecnológica".

Finalmente, el ser organismo público de investigación tiene "importantes repercusiones en el ámbito de la investigación y educación superiores y de colaboración con las universidades". Así, defiende la Junta, "de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Universidades, el Instituto de Salud de Andalucía podrá crear institutos de investigación con universidades públicas; crear o financiar escuelas de doctorado en colaboración con una universidad; su personal investigador en posesión del título de doctor podrá realizar funciones de dirección de tesis doctorales previo acuerdo del órgano responsable del programa de doctorado de la respectiva universidad; y el personal perteneciente a los cuerpos docentes universitarios podrá ocupar puestos de trabajo adscritos al Instituto de Salud de Andalucía en labores relacionadas con la investigación científica y técnica, mediante los mecanismos de movilidad previstos en la normativa de función pública".