La Intervención detecta irregularidades en todos los contratos sanitarios adjudicados 'a dedo' en Granada en 2021
Juan Manuel Moreno y Jesús Aguirre, cuando era consejero de Salud, en una visita hospitalaria. junta archivo
La Intervención de la Junta de la Junta de Andalucía ha detectado irregularidades en la totalidad de los contratos menores sanitarios de Granada correspondientes a 2021, en plena pandemia. Así se recoge en el informe de la Intervención que ha fiscalizado las contrataciones efectuadas en la provincia en ese ejercicio a través de la que entonces se llamaba Plataforma Logística Sanitaria, que pasó a denominarse un año después Central Provincial de Compra. El documento llama la atención sobre el "elevado número" de contratos menores, una figura excepcional que permite adjudicarlos a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva. Su uso fue inadecuado.
Los informes de la Intervención en todas las provincias han puesto en una situación comprometida al Gobierno de Juan Manuel Moreno, al cuestionar la legalidad de la gestión
Los incumplimientos detectados por la Intervención en la provincia de Granada han derivado en un informe desfavorable, en la línea de lo que ha ocurrido en todas las provincias andaluzas, unas advertencias legales que han puesto en una situación comprometida al Gobierno de Juan Manuel Moreno. Porque lo que cuestionan esos informes es la gestión del Gobierno andaluz del PP en el ámbito sanitario, especialmente por abusar de esos contratos menores, adjudicando directamente sin un proceso público al que puedan concurrir todas las empresas interesadas. Para ello, lo que sistemáticamente hizo la Junta fue fraccionar el objeto de los contratos. De esta manera se evitaba tramitar un expediente de contratación.
A modo de ejemplo, el propio informe, de mayo de este año, cita algunos casos. Por ejemplo, en el apartado de contratos de servicios, en una de las partidas presupuestarias aparece para un solo proveedor un total de 256 registros que suman un importe de 1.205.003,52 euros.
En la provincia de Granada el montante de contratos 'a dedo' en 2021 fue de 148,9 millones de euros
Según ese informe desfavorable, al que ha tenido acceso El Independiente de Granada, solo en la provincia de Granada esos contratos sanitarios 'a dedo' en 2021 ascendieron a 148,9 millones de euros. Teniendo en cuenta que la Ley de Contratos establece unos límites para los importes que se pueden adjudicar mediante contratos menores, que van de 15.000 a 40.000 euros, esa cantidad millonaria da una idea de que su uso fue constante.
Las advertencias de la Intervención por el abuso del fraccionamiento de contratos para repartir a dedo estas cantidades millonarias fue desvelada por elDiario.es. En total, según nueva información publicada por El País, en el conjunto de Andalucía se repartieron 'a dedo', en el ámbito sanitario, 1.223 millones de euros. De ellos, esos prácticamente 149 millones correspondieron a Granada. Todas esas cantidades se refieren al año 2021. Entonces era consejero de Salud el ahora presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, y vicenconsejera, Catalina García, que estuvo al frente de la Consejería hasta la crisis de gobierno del pasado verano. El gerente del SAS era Miguel Ángel Guzmán.
Jesús Aguirre y Catalina García, en un acto de 2024, cuando ella aún era consejera de Salud. parlamento
"Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" en la contratación de determinados bienes y servicios "fraccionando el objeto de los contratos", según el informe de Intervención, en poder de El Independiente de Granada. Esa es una de las conclusiones del informe. De manera aislada, las prestaciones contratadas no superan el límite establecido en la Ley de Contratos del Sector Público para el contrato menor, pero "tratadas conjuntamente hubieran puesto de manifiesto la necesidad de instrumentar un expediente de contratación".
"Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" en la contratación de determinados bienes y servicios "fraccionando el objeto de los contratos"
En la totalidad de los expedientes incluidos en la muestra tramitados como contratación menor, expone el informe consultado por este diario, "se incumple con la exigencia" de aportar informes que justifiquen que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de los umbrales de la contratación menor.
De hecho, una de las recomendaciones de la Intervención referidas a esa salvedad de especial relevancia mencionada en el informe es "aportar con el informe de seguimiento de recomendaciones un informe de órgano que ejerce las facultades del órgano de contratación motivando la necesidad de los contratos menores y otro informe que garantice que no se están alterando el objeto del contrato para evitar las reglas generales de contratación y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individualmente o conjuntamente superen la cuantía del contrato menor".
Según los datos recogidos en el informe, los contratos menores que tramitó en 2021 la Plataforma Logística Sanitaria de Granada supusieron el 36,6 por ciento del total de las contrataciones efectuadas.
En el otro 63,34 por ciento, donde se encuadran los procedimientos distintos a los contratos menores, también hay figuras que no convencen a la Intervención, que también pone reparos a "los mal calificados por el gestor como contratos basados en Acuerdos Marco". En este caso por incumplir la exigencia de que todo contrato cuente con crédito necesario y suficiente para toda la duración del mismo.
El uso irregular de los contratos menores no es la única advertencia señalada por los interventores, que cuestionan la manera en la que el Gobierno andaluz ha seguido utilizando el marco legal de emergencia que se estableció en los peores momentos de la pandemia
El uso irregular de los contratos menores no es la única advertencia señalada por los interventores, que cuestionan la manera en la que el Gobierno andaluz ha seguido utilizando el marco legal de emergencia que se estableció en los peores momentos de la pandemia. Con la tramitación de emergencia a la que se recurrió en 2020, en pleno estallido de la pandemia cuando era necesario agilizar todos los trámites en el ámbito sanitario, se siguieron cerrando contratos en 2021, para bienes y servicios, sin que estuviera justificado.
De nuevo, la Intervención señala que se prescindió "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" recurriendo a la tramitación de emergencia.
"En definitiva, no se establece ninguna relación de causa-efecto entre la situación provocada por el COVID- 19 y la necesidad concreta a atender por vía de emergencia, es más, ni siquiera se identifica la concreta necesidad a atender, simplemente se declara la emergencia, en los casos en que se hace, ya que hay actuaciones tramitadas por esta vía para las que no consta la oportuna declaración", expone el informe.
La Intervención considera que "parece que el gestor está buscando una declaración genérica en la que ampararse, dejando para un momento posterior la concreción de la actuación particular a realizar, cosa que se hace, en los casos en que se hace, ya que son frecuentes las actuaciones tramitadas por emergencia para las que no consta resolución del órgano de contratación declarándola, mediante una remisión a informes técnicos futuros que, en ocasiones, se emiten casi un año después de la declaración".
También se advierten irregularidades en las prórrogas de contratos, ampliando la vigencia en situaciones no previstas o posibles por la legislación contractual o modificando los importes previstos en los contratos en el momento de formalizar las prórrogas.
La manera en la que la Junta ha sorteado, en el ámbito sanitario, los límites establecidos por la Ley de Contratos del Sector Público se ha convertido en un asunto incómodo para el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno. En primer lugar, por las advertencias de la Intervención, que ha emplazado a la Junta a corregir las irregularidades detectadas. Cuando el PP estaba en la oposición, utilizaba las advertencias de los interventores para cargar contra el entonces gobierno socialista. Ahora minimiza el alcance de esos avisos e incluso los cuestiona, por ejemplo arrojando dudas sobre la muestra utilizada. En Granada, 124 expedientes (0,10%).
Un Juzgado de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia del PSOE-A contra la Junta por "presunta malversación y prevaricación" en la adjudicación de en torno a 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia
En segundo lugar porque esas irregularidades en las contrataciones van a ser investigadas judicialmente. A principios de octubre se conoció que el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla ha admitido a trámite la denuncia presentada por el PSOE-A el pasado 20 de junio contra el Gobierno de la Junta de Andalucía por "presunta malversación y prevaricación" en la adjudicación de en torno a 300 millones de euros mediante contratos de emergencia sanitaria realizados por el procedimiento excepcional aprobado para la pandemia de Covid-19 y que, según los socialistas, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) siguió utilizando hasta 2023, "dos años después de su derogación legal".
Ahora, con los nuevos datos conocidos -esos 18 informes desfavorables citados por El País, entre los que se encuentra el de Granada-, el PSOE andaluz ha anunciado que va a pedir la "comparecencia inmediata", en sede parlamentaria, tanto de la Interventora General de la Junta de Andalucía como de la Interventora delegada del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para "esclarecer las irregularidades" puestas de manifiesto en esos "demoledores informes de fiscalización".
