La Junta de Andalucía, que hasta ahora había ninguneado las investigaciones judiciales abiertas por presunta malversación en contratos de emergencia "a dedo" del SAS, admite ahora el posible menoscabo de fondos públicos. Así, el Gobierno andaluz se ha personado "en calidad de perjudicado" en una de esas investigaciones. En concreto, en la que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz. Junto a esta investigación en Cádiz, un juez de Sevilla investiga también estos contratos y ha citado en calidad de investigados a la actual gerente del SAS y sus dos antecesores.

Hasta ahora la Junta había ninguneado las denuncias y el propio presidente de la Junta había defendido, cuando se abrió la investigación en Sevilla a raíz de una denuncia del PSOE andaluz, que, en todo caso, en los contratos del SAS podría haber "algún reproche administrativo, pero no penal"

El propio presidente de la Junta había defendido, cuando se abrió la investigación en Sevilla a raíz de una denuncia del PSOE andaluz, que, en todo caso, en los contratos del SAS podría haber "algún reproche administrativo, pero no penal". Así se pronunció en una entrevista con la Cadena SER el pasado 25 de diciembre. En esa entrevista fue preguntado directamente por si ponía la mano en el fuego por los gerentes. Evitó una respuesta afirmativa. 

Este paso judicial del Gobierno andaluz se suma a otras decisiones cuanto menos polémicas como el cese de la interventora general que alertó de estas posibles irregularidades. La semana pasada se conoció además el relevo del director de gestión económica del SAS. 

La providencia dictada ahora por la jueza de Cádiz, recogida por Europa Press, está fechada el 10 de marzo y da respuesta al escrito de la letrada de la Administración Sanitaria, con fecha 7 de marzo, que pide la personación en las actuaciones, en nombre y representación del Servicio Andaluz de Salud, "como posible perjudicado por los daños que se deriven de las acciones enjuiciadas, manifestando expresamente la intención de reclamar los daños causados".

Cabe recordar que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz ha citado a declarar, en calidad de testigos a dos interventores de la Junta y dos jefes de Servicio por el caso de supuesta malversación en la concesión de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS), a raíz de la denuncia presentada por Podemos Andalucía.

Así, según la providencia dictada por la juez para esta citación, los dos interventores de la Junta deberán comparecer en calidad de testigo en el Juzgado gaditano el 2 de abril, mientras que las dos jefas de Servicio lo harán al día siguiente, el 3 de abril.

Fue el 17 de febrero cuando la coordinadora general de Podemos Andalucía, Raquel Martínez, informó de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz había "abierto diligencias previas por un presunto delito de malversación en la Junta de Andalucía" que derivaría de la concesión de contratos "a dedo" por parte del SAS.

Martínez explicó que esto venía derivado de una denuncia interpuesta por Podemos en octubre ante los juzgados de Instrucción en Sevilla "por un presunto delito de malversación y/o prevaricación administrativa". Esa denuncia, con fecha del 1 de octubre de 2024, se presentó después de que "la Intervención de la Junta de Andalucía" hubiera "detectado un fraccionamiento indebido de miles de contratos menores adjudicados entre enero y diciembre de 2021 por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) en las provincias de Cádiz, Huelva, Córdoba y Jaén".

"Estos contratos fueron fraccionados con el objetivo de eludir los requisitos de publicidad y libre concurrencia previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, permitiendo su adjudicación 'a dedo'", advertía Podemos en dicha denuncia.

Mes y medio después, el Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz, tras recibir la denuncia de Podemos desde el número 4 de Sevilla, acordó "incoar diligencias previas" a tenor "de lo dispuesto en el artículo 774 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), puesto que hacen referencia a la posible existencia de un delito de malversación que, en todo caso, estaría comprendido en el ámbito del procedimiento abreviado", relata la jueza que suscribe dicho auto del 12 de noviembre de 2024.

En la misma resolución, la jueza acordaba librar "oficio a la Intervención de la Junta de Andalucía a fin de que informe sobre las irregularidades cometidas en relación a los hechos denunciados y el funcionario público que las llevó a cabo", así como dar "traslado al Fiscal de delitos económicos a fin de que interese diligencias a practicar".

La actual gerente del SAS y sus dos antecesores están investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa

Junto a la investigación de Cádiz hay abierta otra en Sevilla, esta por la denuncia del PSOE andaluz. El juez ha citado como investigados a la actual gerente, Valle García, y a sus dos antecesores en el cargo con los gobiernos de Juan Manuel Moreno, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas. En el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla en noviembre del pasado año, el juez les informaba de que iban a ser investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa. 

Preguntada por la personación, la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, se limitó a señalar que la Administración autonómica está "muy tranquila" con los contratos fraccionados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). 

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