La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha defendido este miércoles la legalidad de los contratos menores realizados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuestionados por la Intervención, que ha alertado de "fraude de ley". 

Según ha informado eldiario.es, informes de la Intervención de la Junta de Andalucía desvelan miles de contratos menores "en fraude de ley". Con esos contratos menores el SAS adjudicó a dedo 458,3 millones de euros a las mismas empresas en el ejercicio 2021. Los informes advierten sobre la posibilidad de elevar un "informe de actuación" al apreciar indicios delictivos si no corrige el procedimiento antes de fin de año.

El diario se centra en informes de las Intervenciones Delegadas de la Junta de Andalucía de las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén, si bien el propio medio indica que fuentes de la Consejería de Salud reconocen que la Gerencia del SAS ha recibido informes desfavorables cuestionando el “fraccionamiento indebido” de los contratos menores de los ocho interventores provinciales. Esto es, también hay informes desfavorables de Grandaa. 

Entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, el Gobierno de Moreno, añade esa información, ha encajado al menos una decena de auditorías de distintos órganos de fiscalización -incluido un duro informe de la Cámara de Cuentas- censurando el sistema de contratación a dedo con la sanidad privada, en un momento de colapso en la sanidad pública, con listas de espera de pacientes descontroladas tanto para obtener un diagnóstico como para operarse.

Lo que hizo la Junta fue recurrir a contrataciones menores, que eluden la concurrencia para adjudicar a dedo y sin control contratos que no cumplían estrictamente los requisitos para considerarse de emergencia. Según eldiario.es, el órgano fiscalizador acusa al SAS de trocear contratos millonarios en cientos de contratos menores -aunque en todos ellos el objeto de la prestación es "el mismo o similar"- con el fin de "disminuir la cuantía del mismo” para justificar la adjudicación a dedo a una misma empresa, "eludiéndose así los requisitos de publicidad y concurrencia competitiva" y, en definitiva, "infringir la ley".

El PSOE lo llevará a los tribunales por "posible malversación y prevaricación"

El PSOE de Andalucía ha anunciado que llevará a los tribunales por "posible malversación y prevaricación". "Esto es muy grave y viene a sumarse a nuestra denuncia por el abuso de la contratación de emergencia a dedo y sin control de millones de euros" desde la Consejería de Salud y Consumo, ha recordado el líder del PSOE-A, Juan Espadass, que ha exigido a Juan Manuel Moreno "de inmediato explicaciones y responsabilidades ante estos hechos presuntamente delictivos, porque todo esto se ha venido ocultando y negando en sede parlamentaria".

En declaraciones difundidas posteriormente por el PSOE-A, Espadas ha subrayado que el informe de los interventores "viene a confirmar lo que desde el PSOE venimos denunciando desde hace más de un año y es el incumplimiento de las normativas de contratación pública, el abuso de la contratación de emergencia, la contratación a dedo sin procedimiento a la sanidad privada y ahora evidentemente también como denuncian los interventores la utilización de esta práctica que es fraudulenta y que es obviamente denunciable de ese fraccionamiento de contratos en el gasto farmacéutico".

En declaraciones a los medios, la consejera Rocío Hernández ha insistido en que "no hay ningún fraude" y ha sostenido que la Junta ha actuado "con total transparencia" al ofrecer esos contratos para que "quien quiera los pueda analizar y si piensa que los pueden llevar a los tribunales, están en su derecho".

"Todos los contratos que hacemos en el SAS son para salvaguardar la asistencia sanitaria al permitirnos una mayor agilidad", ha subrayado la consejera de Salud, que ha remachado que la Junta "está cumpliendo la legalidad". Los contratos menores, ha apostillado, son una forma de contratación en la que "si Intervención encontró salvedades, se están corrigiendo".

La Junta de Andalucía calificaba este pasado martes de "rotundamente falso" que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) haya adjudicado 458 millones de euros en "fraude de ley" y ha sostenido que "ningún informe de auditoría dice eso". Sobre este asunto, el Gobierno andaluz ha acusado al PSOE-A de usar los informes de auditoría "facilitados" por el Gobierno andaluz a los socialistas "de forma tergiversada, casualmente, el día después de conocerse un nuevo escándalo de enchufes y borrado de ordenadores en el caso Faffe, donde están imputados familiares muy directos de importantes cargos políticos del PSOE".

La Junta insiste en que esas advertencias de la Intervención no abarcan los 458,3 millones adjudicados a dedo y cuestiona la muestra utilizada por los interventores para sus informes

Pero es la Intervención de la Junta la que cuestiona esos contratos, un dato que la Junta trata de eludir. 

Así, el Gobierno andaluz se centra en que los 458,3 millones de euros corresponden a la "suma de todos los contratos menores" en las centrales de compras del SAS en Cádiz, Córdoba, Huelva y Jaén en 2021. En esas cuatro provincias, se hicieron 295.914 contratos menores y "los interventores han analizado solamente 573 contratos, el 0,19%". "Extrapolar algunas salvedades de una muestra del 0,19% a la totalidad de los contratos menores efectuados por el SAS en esas cuatro provincias en 2021 para decir que todos están en fraude de ley es una absoluta falta de rigor".

El contrato menor es una "figura legal válida" para contratar y "en ningún caso se ha detectado desvío de fondos públicos", apuntaba, al tiempo que aseguraba que los contratos sirvieron para comprar medicamentos, prótesis y marcapasos, entre otros materiales, que "han sido suministrados, recetados o implantados en pacientes que ahora tienen un problema de salud resuelto".

En esta línea, la Junta lamentaba que "el PSOE promueva en sus redes sociales acciones de desinformación para tapar sus propios escándalos" y emplazaba al secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, a que "reflexione y le dé al botón de 'stop' de la máquina del fango, con el que pretende embarrar el prestigio de la sanidad pública de Andalucía".

Recordaba, por último, que "fue el Gobierno andaluz el que facilitó al PSOE 68 informes de auditoría en un ejercicio de transparencia sin precedentes en Andalucía, y el PSOE los está utilizado de forma tergiversada, casualmente, el día después de conocerse un nuevo escándalo de enchufes y borrado de ordenadores en el caso Faffe, donde están imputados familiares muy directos de importantes cargos políticos del PSOE".

Por Andalucía pedirá una comisión de investigación

El grupo Por Andalucía va a solicitar la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre la contratación pública del Servicio Andaluz de Salud (SAS), que sirva para "dirimir responsabilidades políticas" por la "corrupción" que, a juicio de esta coalición, se ha producido en ese ámbito.

Así lo ha anunciado este miércoles en rueda de prensa en el Parlamento la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, tras conocer el "nuevo capítulo de problemas muy serios y muy graves" en relación a la contratación pública del SAS, acerca del "fraccionamiento de contratos falsamente menores" que se habría llevado a cabo desde la Consejería de Salud, y "cómo eso ha ocasionado un perjuicio de cientos de millones de euros a las arcas del organismo que tiene que prestar la atención sanitaria en Andalucía".