El Gobierno ha reaccionado este sábado a las reacciones y críticas ocasionadas tras conocerse el jueves que la línea ferroviaria Bobadilla-Granada estará cerrada hasta febrero, afectando pues a los plazos previstos para la llegada de la Alta Velocidad. Su delegado en Andalucía, Antonio Sanz, que ha acompañado a la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, lo ha hecho a través de un comunicado en el que ha culpado a la Junta del retraso del AVE, por la "innegable obstrucción administrativa" al proyecto y en el que ha criticado que ahora pidan explicaciones quienes han tratado de "impedir" que el proyecto se termine antes de las elecciones. 

Sanz ha recordado que el plazo contractual para la construcción de la Línea de Alta Velocidad a Granada establece que las obras deberían estar terminadas antes de que finalice  el 2015 y ha agradecido “el esfuerzo” que están haciendo los contratistas para solventar los problemas derivados de la obstrucción administrativa por parte de la Junta en Loja, que mantuvo la obra paralizada durante 4 meses.

El delegado ha explicado que las constructoras que están ejecutando la obra “mantienen el compromiso de hacer todo lo que está en su mano para cumplir los plazos previstos, y aseguran que lo pueden conseguir”.

En todo caso, lo más importante es que “la obra está en su plazo final y que el AVE, tras diez años de espera, llegará a Granada gracias al Gobierno de la Nación y ningún granadino lo duda”, ha dicho el delegado. 

Sanz ha querido precisar, por otra parte, que  si los plazos están ajustados ahora es por “la innegable obstrucción administrativa” de la Junta de Andalucía en la variante de Loja, donde la obra ha estado cuatro meses parada por exigencia de la Consejería de Medio Ambiente, “que ha hecho todo lo que ha podido por obstaculizar la marcha de los trabajos”.

A juicio del delegado, “resulta penoso que los mismos que han puesto palos en la rueda para retrasar la obra, e impedir que se termine antes de las elecciones cuestionando sin motivos la sostenibilidad ambiental del proyecto, pidan ahora explicaciones sobre ese retraso”.

Ha añadido que  la Junta exigió un estudio del impacto que tendría sobre las aves la sustitución de la catenaria por una que permita los servicios de alta velocidad, obviando que “el proyecto ya contaba con todas las garantías medioambientales” y “provocando una inevitable demora en la variante de Loja que ahora tratamos de solventar”.  

El delegado ha reiterado la "apuesta" del Ministerio de Fomento por la provincia de Granada, “con la que cumplimos los compromisos adquiridos con una gestión eficaz y solvente, como se ha demostrado con la reciente apertura de la autovía A-7”, según sus palabras. 

Finalmente, ha recordado que la inversión prevista en los PGE de 2016 para la provincia es de unos 380 millones de euros, de los que algo más de la mitad, concretamente 192 millones de euros, se destinarán al corredor de Alta Velocidad Bobadilla-Granada.