Junta y Ayuntamiento se emplazan a una reunión tras lograr más plazo del Ministerio para tramitar las ayudas
El futuro de Santa Adela se juega en la prórroga
Hasta cerca de la medianoche del miércoles se prolongaron las gestiones que reabrieron la puerta cerrada a la rehabilitación de Santa Adela. Hay quince días, ni uno más, para resolver las diferencias.
Después de anunciar que no tramitaría el proyecto municipal, que consideraba poco definido, tras las críticas unánimes por la falta de entendimiento entre Junta y Ayuntamiento y fuera ya de plazo para optar a las ayudas estatales la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, anunció que había logrado un plazo extra del Ministerio y que convocaba al equipo de gobierno del PP para tratar de cerrar el documento. En sus palabras, la Junta quería darle “otra oportunidad para que haga las cosas bien”.
A la rectificación de la Junta siguió la respuesta municipal. Su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, anunció que el Ayuntamiento aceptaba, ahora sí, un régimen de protección para las viviendas. Lo hizo tras quejarse de la falta de claridad del Gobierno andaluz, porque según ella hasta el día anterior no había explicado que, sin esa protección, la Junta no podría aportar financiación para la intervención urbanística según establece la ley andaluza.
La reunión se celebrará la próxima semana. En ese encuentro se debe cerrar el documento que se enviará al Ministerio de Fomento y con el que se tratará de conseguir las ayudas estatales. También participarán los grupos municipales, que han sido muy críticos con las dos administraciones desde que conocieron la falta de acuerdo.
Los vecinos acogieron esperanzados el movimiento. “Que se sienten de verdad y que aclaren las dudas”, dijo a El Independiente de Granada un portavoz vecinal.
La mediación
No fue fácil llegar a la prórroga en la que se jugará el futuro de la nueva fase para la rehabilitación integral de Santa Adela. El portavoz socialista, Francisco Cuenca, telefoneó a la secretaria general de Vivienda de la Junta y a la concejala de Urbanismo varias veces el miércoles. Por separado. Después, las dos mantuvieron una conversación. Quedó claro que sin un régimen jurídico de protección la Junta no podía colaborar económicamente. Hubo más conversaciones y más de un 'tira y afloja' pero finalmente se abrió la puerta al acuerdo. El jueves por la mañana la Consejería cerró con el Ministerio la moratoria. Quince días.
No fue fácil llegar a la prórroga en la que se jugará el futuro de la nueva fase para la rehabilitación integral de Santa Adela. El portavoz socialista, Francisco Cuenca, telefoneó a la secretaria general de Vivienda de la Junta y a la concejala de Urbanismo varias veces el miércoles. Por separado. Después, las dos mantuvieron una conversación. Quedó claro que sin un régimen jurídico de protección la Junta no podía colaborar económicamente. Hubo más conversaciones y más de un 'tira y afloja' pero finalmente se abrió la puerta al acuerdo. El jueves por la mañana la Consejería cerró con el Ministerio la moratoria. Quince días.
Los vecinos acogieron esperanzados la nueva reunión. indegranada
Según explicó a los periodistas la delegada del Gobierno andaluz en Granada, tras lograr esa prórroga la Junta iba a convocar al Ayuntamiento a una reunión urgente, a la que también convocará al resto de grupos municipales.
El objetivo, en palabras de Sandra García, es que "con luz y taquígrafos", técnicos y políticos puedan ver el documento, trabajarlo y cerrarlo para su presentación a la convocatoria de ayudas. Con ese ánimo se pidió la prórroga y se convocó al gobierno local. No se trata de que salga "nadie victorioso, ni perjudicado", dijo para añadir que "aquí ganamos todos y gana Santa Adela", que es el barrio por el que "tenemos que trabajar, lo que nos preocupa y por el que tenemos que luchar todas las administraciones".
En esa reunión convocada para la próxima semana la Junta quiere "darle otra oportunidad" al Ayuntamiento de Granada para que "haga las cosas bien". Porque el argumento empleado por la Delegación de Fomento y Vivienda para no tramitarlo ante el Ministerio y optar a las ayudas estatales ha sido la falta de definición del proyecto municipal.
García incidió en ese aspecto, destacando que no se había dado respuesta a los requerimientos de la Junta para ajustar el expediente a las exigencias necesarias para recibir las ayudas.
Ni aclaró el equipo de gobierno el presupuesto de la intervención, en lo referido al IVA, ni el modelo de protección para Santa Adela "quedó claro", según la responsable del Gobierno andaluz. En ese punto se detuvo para aclarar que la ley estatal no establece ningún tipo de protección, pero la autonómica sí exige que si la Junta aporta financiación para el proyecto, las viviendas tengan ese régimen y que así se le trasladó tanto al Ayuntamiento como a los vecinos, que lo aceptaron en su día.
La delegada del Gobierno andaluz, este jueves. prensa junta
La voluntad de la Junta es "colaboración cien por cien", técnica y económica, pero "reuniendo todos los requisitos", destacó para recordar que las competencias en materia de vivienda son autonómicas y por tanto se han de seguir "las reglas" que establece la normativa autonómica para poder lograr los fondos, "que todos queremos que nos lleguen del Ministerio". "Esperemos que en esa reunión, todos sentados, hagamos bien el expediente, lo enviemos a Madrid y pueda firmarse el convenio este año 2015".
García dice que el ánimo de la Junta ha sido que se hicieran "bien las cosas"
Preguntada por si esto suponía reconocer la tardanza de la Junta -a la que el Ayuntamiento reprocha haber tenido ocho meses parado el expediente para retomarlo a punto de concluir el plazo-, lo negó, destacando que la voluntad de la Junta ha sido siempre la de se hicieran "bien las cosas" y que en ningún momento ha mantenido algo distinto, insistiendo siempre en la necesidad de que las viviendas fuesen protegidas para que las tres administraciones, además de una cantidad "mínima" que corresponde a los vecinos, puedan aportar fondos
Pero el Ayuntamiento defiende "un modelo diferente" al recogido en la Ley Andaluza de Vivienda, según García, que anunció que se convocará a todos los grupos municipales, porque están participando también del debate y con el ánimo de que conozcan de primera mano el desarrollo de la reunión y la voluntad de sacar adelante el proyecto.
Gobierno local, grupos políticos, incluido el PSOE, y vecinos habían criticado con dureza la decisión anunciada por la delegada de Fomento y Vivienda, Mariela Fernández-Bermejo por sus consecuencias para el barrio. La incapacidad para el acuerdo de las dos administraciones fue señalada por toda la oposición y especialmente por los vecinos afectados, que se mostraron indignados y decepcionados con la decisión.
Urbanismo acepta ahora la protección, pero no la comparte
El gobierno local no comparte la interpretación de la Consejería de Fomento y Vivienda, pero asumirá ahora el criterio de la Junta. Así lo afirmó a El Independiente de Granada la edil Isabel Nieto, que este mismo jueves tenía previsto comunicarlo a la Junta, mientras los técnicos ya trabajaban en los documentos que llevarán a la reunión convocada para el próximo miércoles.
Lamentó Nieto que la Junta no haya sido "clara" y que hasta ayer no le trasladara -por primera vez por escrito- que la protección oficial de las viviendas es una condición indispensable para que la Administración aporte fondos a la futura intervención, porque así lo establece la normativa andaluza, no porque el plan estatal obligue a ello para optar a las ayudas.
Hasta el momento, según la edil, la Administración autonómica solo había preguntado por qué el Ayuntamiento no utilizaba ese régimen jurídico para Santa Adela, obteniendo siempre la respuesta conocida del gobierno local: porque son viviendas libres que se expropian a sus propietarios, a los que se les paga con la construcción de los nuevos inmuebles.
En todo caso y, al margen de esos detalles técnicos -que al final distanciaban a las dos administraciones-, el equipo de gobierno asumirá ahora el criterio de la Junta, haciendo constar que no comparte esa interpretación de la norma. Asimismo incluirán un apartado eximiendo a los propietarios de la necesidad de inscribirse en el Registro de Demandantes de VPO, lo que haría que otros demandantes figuraran por delante de ellos con opciones para aspirar a estas viviendas. Será la inscripción en este Registro otro punto a negociar en los próximos días, pues la normativa andaluza obliga a ello, aunque establece distintas categorías y figuras para enmarcar la operación que afecta a los propietarios de las viviendas de Santa Adela.
"Han estado mareando; si lo hubieran dicho en febrero, en marzo, en abril, en mayo y no el 30 de septiembre, se habría solucionado mucho antes", señaló la responsable municipal de Urbanismo para indicar que parecía que todo iba dirigido a que "no saliera".
Era "un despropósito", según García Montero
También se ha se pronunció, a preguntas de los periodistas, el portavoz del gobierno local, Juan García Montero, que cree que este movimiento de la Junta avala la tesis del Ayuntamiento. A su juicio, la Junta le ha visto "las orejas al lobo" con su actuación que era "un despropósito". Y sobre el llamamiento unánime a la responsabilidad de las instituciones en Santa Adela, ha destacado que el Ayuntamiento fue "pionero" al intervenir en el barrio, con un esfuerzo económico "brutal", asumiendo sin ayudas estatales ni autonómicas la primera fase. Y eso, "nos hace presumir" y enarbolar "la bandera de trabajar en favor de los que necesitan un mayor esfuerzo", ha dicho para defender el compromiso municipal con el barrio.
Vamos, Granada consideró que a la próxima reunión se debe acudir "con esta cuestión debidamente trabajada y explicitada". Al respecto, reclamó además que cada Administración explicite la cantidad que va a invertir y que se informe "de todo" a los afectados por este proyecto, colaborando con la Plataforma de Santa Adela. Lo hizo tras criticar que en estos últimos días las dos administraciones se hubieran justificado en "la falta de voluntad de la otra, delegando la responsabilidad", señalando también que Ayuntamiento y Junta habían dado por supuesto que cada una conocía "los escollos sin explicitarlos por escrito".
En este sentido criticó que la Junta, por haber "olvidado decir explícitamente" que si hay financiación autonómica se debe cumplir la ley andaluza y, por tanto, las viviendas deben ser protegidas.
Por su parte, el concejal de IU, Francisco Puentedura, emplazó a las dos administraciones a sacar adelante esta fase de tramitación del expediente de las ayudas para abordar la siguiente fase del proceso.
En ese sentido, el portavoz socialista, muy crítico con la posición municipal, porque a su juicio el gobierno local parecía no tener interés en que saliera adelante el proyecto, se refirió a la necesidad de centrar los esfuerzos en ese complicado proceso, jurídico y administrativo, que se abrirá una vez que se cierre la petición de las ayudas.
