El grupo municipal de Unidas Podemos e Independientes ha avisado al Ayuntamiento de Granada y a la Junta de Andalucía que "es urgente blindar la futura situación de Santa Adela para prevenir riesgos de especulación urbanística". El concejal de la confluencia Francisco Puentedura ha manifestado su preocupación ante "las denuncias de vecinos y vecinas sobre el hecho de que determinados grupos inversores, algunos de ellos, dicen, vinculados a fondos buitre, se están dedicando a comprar viviendas dentro del área de actuación de Santa Adela".

El concejal ha dicho que desde UP temen que "esto se produzca con una clara intención especulativa" por tanto, ha subrayado, "es importante que los proyectos de rehabilitación de viviendas donde se está destinando fondos públicos estén directamente vinculados al fin social que el Ayuntamiento debe garantizar". 

"Nos inquieta que los retrasos que se están produciendo de cara a la continuación a este proyecto de rehabilitación hace que muchas personas mayores no puedan lograr tener una vivienda nueva, que era el origen de este proyecto", ha recordado Puentedura quien ha señalado que, por tanto, muchos de estos pisos "que están en situación de herencia lo que producirá es que los beneficiarios tengan que ser compensado económicamente pero no mediante una vivienda nueva porque ya no cumplen los requisitos de renta". 

"Queremos evitar que haya tentaciones especulativas sobre estos pisos que quedan libres"

Puentedura ha incidido en que, con esta situación, "queremos evitar que haya tentaciones especulativas sobre estos pisos que quedan libres" y ha señalado que la nueva subfase de rehabilitación de Santa Adela acumula una inversión de 13,6 millones de los cuales, alrededor del 48% bonifica el Ayuntamiento y el resto se financia a través de los planes andaluz y estatal de vivienda, al que recientemente ha habido que sumarle 1,7 millones. De esas 122 viviendas que se van a construir, ha añadido, "en 30 casos, la compensación no será en especie con una nueva casa, sino con una cuantía económica porque en muchos casos se trata de renuncias del particular o de los mencionados herederos que no cumplen los requisitos". 

Ha insistido en que "esas 30 viviendas tienen que servir para constituir un parque público de vivienda ya que el Ayuntamiento obtendría la titularidad del inmueble y, por tanto, no deben ser destinadas a la venta sino a un alquiler protegido para familias vulnerables, personas jóvenes que están empezando su proyecto de vida".