El Ministerio Público ha modificado sus conclusiones provisionales en el juicio que se ha seguido contra el exalcalde de Iznalloz, Mariano Lorente (PSOE), por las contrataciones municipales temporales de personal realizadas entre los años 2011 y 2015, para pedir para él, en vez de la libre absolución, una pena de 13 años de inhabilitación especial por un supuesto delito continuado de prevaricación.

Así consta en el escrito de modificación de conclusiones del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, tras la segunda sesión, este martes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, del juicio, que ha quedado visto para sentencia.

Las partes han elevado a definitivas sus conclusiones pidiendo la defensa la libre absolución, según las fuentes judiciales consultadas por Europa Press, mientras que la acusación particular, ejercida por el Ayuntamiento de Iznalloz, desde 2015 gobernado por el PP, ha expresado su intención de unirse a la petición del fiscal de 13 años de inhabilitación especial; pedía inicialmente 12 años por prevaricación continuada al entender que las contrataciones se realizaron sin ningún mecanismo de control durante varios años y de manera sistemática, llegando a contratarse a unas 500 personas en 2014 y unas 180 en el primer semestre de 2015, antes de las elecciones municipales.

En sus conclusiones definitivas, el fiscal señala que el exalcalde -"consciente" de que la normativa estatal dictada en 2011 "exigía que únicamente podían efectuarse contrataciones de personal laboral cuando existieran causas excepcionales y éstas fuesen justificadas" para corregir el déficit de las administraciones públicas- tuvo "intención de no cumplir la voluntad de la ley sino imponer una práctica contraria a ella" ordenando "la contratación de múltiples trabajadores eventuales sin que justificara su necesidad por ningún concepto".

Lo hacía, según el Ministerio Público, "sin seguir procedimiento legal alguno, sino por meras indicaciones verbales a los funcionarios municipales y sin dar cuenta a los encargados de materializar el pago de los salarios".

"Dicha situación subsistió durante los años siguientes en que las leyes de presupuestos de los 2013 y 2014 mantuvieron dicha restricción, materializándose no menos de 600 contratos de personal eventual", ha agregado el fiscal, que ha pasado de pedir la absolución en sus conclusiones provisionales a solicitar en las definitivas 13 de años de inhabilitación especial "para todo empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho a sufragio pasivo".

En su declaración ante el tribunal, este pasado lunes, el acusado no se consideró autor de los hechos, a preguntas de la magistrada que ha presidido el tribunal, y explicó que firmaba los contratos una vez lo elaboraban los técnicos para ir cubriendo las solicitudes de las listas que funcionaban como bolsas de trabajo "hasta agotar todos los aspirantes inscritos" con contratos de días, sin que hubiera "absolutamente ningún criterio ideológico".

Mariano Lorente indicó que los reparos que los técnicos pusieron a estas contrataciones podían ser resueltas por él como alcalde, también conforme al criterio técnico que indicaba que "si se acreditaba la inaplazable y necesaria urgencia de cubrir servicios no había limitación legal" a las mismas. El mismo interventor planteaba el reparo "y daba la solución", expresó Lorente que también explicó al tribunal que llevó esas resoluciones al pleno, aunque no los reparos porque ello era competencia de los técnicos, y que puso en conocimiento del subdelegado del Gobierno el procedimiento, tras lo cual "se da por enterado pero no muestra oposición".

Con una "plantilla muy limitada" y sin posibilidad legal de sacar oferta pública de empleo, la necesidad de los contratos en áreas como ayuda a domicilio u obras se la hacían llegar los trabajadores municipales, mientras que las necesidades económicas de la población del pueblo -de unos 5.000 habitantes y con alrededor del 50 por ciento de ellos en riesgo de exclusión social, aseguró- las conocía porque las familias hacían cola "cada día" ante el Ayuntamiento y le expresaban que necesitaban dinero "para comer" y "medicamentos" para sus hijos.

La actual alcaldesa de la localidad, Ana Belén Garrido (PP), que promovió la denuncia desde el Ayuntamiento de Iznalloz, fue este lunes la primera testigo en declarar en la vista oral y afirmó que, estando en la oposición, pidió en los plenos, y también por escrito en dos ocasiones, los reparos a la contratación de personal si bien los técnicos a los que la remitían nunca se los "facilitaron" porque "no había orden expresa" del anterior regidor.

La investigación penal que se abrió por estas contrataciones temporales durante el mandato municipal de Lorente, que sigue siendo concejal en Iznalloz, le llevó a dimitir de su cargo como diputado provincial de Deportes cuando Ciudadanos así lo exigió como condición para asegurar la investidura del socialista Francisco Cuenca como alcalde de Granada capital.