El Gobierno andaluz ha evitado responder a los aspectos concretos planteados por el Defensor
El Defensor del Pueblo Andaluz reprocha a la Junta que no le facilite la información solicitada sobre el escándalo de los cribados
"Estas mujeres tienen un derecho a la información", resalta Jesús Maeztu, enfadado con la respuesta "claramente insuficiente" aportada hasta ahora por la Junta.
Imagen de la concentración el pasado año en Sevilla para denunciar el escándalo de los cribados. indegranada
El pasado octubre, el Defensor del Pueblo Andaluz abrió una investigación de oficio sobre el escándalo de los cribados de cáncer de mama. Hasta la fecha, la respuesta del Gobierno de Juan Manuel Moreno ha sido "claramente insuficiente", según ha trasladado a los periodistas Jesús Maeztu, molesto con la actitud de la Junta.
En la presentación del informe anual del Defensor, que llega con el Parlamento ya disuelto ante la convocatoria electoral, Maeztu no ha ocultado su enfado con el Gobierno andaluz. Según ha explicado, la institución requirió a la Junta de Andalucía información muy concreta para evaluar el alcance de la mayor crisis que ha afrontado el sistema sanitario andaluz. "Fuimos muy claros", ha subrayado. Pero, la Junta de Andalucía no ha respondido a las cuestiones planteadas por el Defensor, que este miércoles ha recordado la obligación legal de trasladarle una respuesta "urgente y preferente". Especialmente en un caso tan extremadamente grave como el de los cribados.
Tras la petición inicial al abrir la queja de oficio ha habido otro requerimiento de información. De momento, sigue esperando a recibir una respuesta. Maeztu ha insistido en que es una obligación legal y, sobre todo, una obligación de cara a las mujeres afectadas por este escándalo, que desarrollaron un cáncer mientras pensaban que los resultados de las mamografías que se habían hecho eran correctos y no había nada que temer.
El Defensor del Pueblo Andaluz pidió que se aclararan las razones que llevaron a no comunicar determinados resultados del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. Quiere saber si esta práctica responde a un protocolo, a instrucciones internas o a otro tipo de criterios, si se aplica en todo el sistema sanitario público o solo en algunos centros -indicando cuáles-, y cuántas mujeres se han visto afectadas, tanto en número como en porcentaje, ya sea por falsos positivos o por resultados que no se han considerado comunicables.
En segundo lugar, el Defensor requirió datos sobre la atención prestada a las mujeres que obtuvieron resultados dudosos o no concluyentes. Para ello solicitó conocer la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico de los hospitales públicos andaluces, los tiempos de respuesta, el número de profesionales que integran estos servicios -incluidos los radiólogos- y cuántas mujeres estaban aún pendientes de completar su estudio diagnóstico, tanto las derivadas del propio programa como las que proceden de otros circuitos asistenciales.
El tercer bloque de información se refería a la gestión y evaluación del propio Programa de Detección Precoz. La institución preguntó si existen mecanismos establecidos para revisar sus resultados y procedimientos, con qué periodicidad se han aplicado desde 2022, qué actualizaciones o mejoras se han introducido y en qué aspectos.
También solicitó el acceso a los informes de evaluación disponibles desde ese año y a los indicadores básicos y complementarios registrados. Además, preguntó por la actividad desarrollada por la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz y si contaba con una planificación en marcha o si necesita desarrollo normativo para ejercer sus funciones.
En segundo lugar, el Defensor requirió datos sobre la atención prestada a las mujeres que obtuvieron resultados dudosos o no concluyentes. Para ello solicitó conocer la carga asistencial de los Servicios de Radiodiagnóstico de los hospitales públicos andaluces, los tiempos de respuesta, el número de profesionales que integran estos servicios -incluidos los radiólogos- y cuántas mujeres estaban aún pendientes de completar su estudio diagnóstico, tanto las derivadas del propio programa como las que proceden de otros circuitos asistenciales.
El tercer bloque de información se refería a la gestión y evaluación del propio Programa de Detección Precoz. La institución preguntó si existen mecanismos establecidos para revisar sus resultados y procedimientos, con qué periodicidad se han aplicado desde 2022, qué actualizaciones o mejoras se han introducido y en qué aspectos.
También solicitó el acceso a los informes de evaluación disponibles desde ese año y a los indicadores básicos y complementarios registrados. Además, preguntó por la actividad desarrollada por la Comisión Asesora de Cribados Poblacionales y Detección Precoz y si contaba con una planificación en marcha o si necesita desarrollo normativo para ejercer sus funciones.
Como en su momento explicó el Defensor, es la primera vez en 30 años que ha tenido que abrir una investigación de carácter general y no referida a quejas individuales.
"Este es un caso muy grave", ha insistido Maeztu para volver a recordar que la ciudadanía "tiene derecho" a esa información; las mujeres afectadas "tienen que tener esa información".
Según los datos que hasta ahora ha admitido la Junta, hay 2.317 mujeres afectadas por estos fallos en el programa de cribados de cáncer de mama. La mayoría de ellas en el Hospital Virgen del Rocío y el resto en distintas provincias. En el caso de Granada, la Junta solo reconoce 14 mujeres afectadas.
Este pronunciamiento del Defensor del Pueblo Andaluz llega después de las informaciones del diario El País sobre las alertas que los profesionales del Hospital Virgen del Rocío hicieron llegar a la Consejería de Salud sobre la falta de profesionales, informes que el Gobierno de Moreno ignoró.
