La capital suspende la contratación del servicio de ayuda a domicilio por "defectos" en los pliegos
El Tribunal de Contratos suspende el procedimiento para "impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados". p.v.m.
El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Granada ha dictado una resolución, con fecha 14 de octubre, en la que acuerda la suspensión cautelar del procedimiento para la contratación del servicio de Ayuda a Domicilio. En la resolución, consultada por El Independiente de Granada, el Tribunal admite los recursos presentados por la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos de UGT Granada y la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (Asade).
En esos recursos, tanto UGT como Asade advirtieron que los pliegos aprobados por el gobierno local tenían "defectos" que "afectarían de manera determinante" a todo el proceso. El Tribunal acuerda la suspensión cautelar del procedimiento para "impedir que se causen otros perjuicios a los intereses afectados".
El expediente con el contrato, cuyo valor supera los 100.000 euros, fue aprobado mediante decreto por el teniente de alcalde responsable de Derechos Sociales, José Antonio Huertas, el pasado 5 de agosto, en esa fecha alcalde en funciones, y un mes después fue ratificado en Junta de Gobierno. Los recursos fueron presentados, en plazo, el 28 y el 30 de agosto.
Como hoy a recordado UGT, "los pliegos impugnados establecían unas condiciones económicas que no garantizan la cobertura de los costes salariales". En concreto, según ha explicado el sindicato en una nota de prensa, "establecían un precio del servicio de 13 euros/hora, cuando el mínimo debería ser de 14,60 euros/hora (IVA incluido), ya que de otra forma no se iba a garantizar el cumplimiento del Convenio Colectivo. Y eso, sin incluir en esos 14,60 euros las cantidades correspondientes a la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial, que deberían sumarse a esa cantidad, tal y como recoge la Ley de Contrato del Sector Público (LCSP)".
UGT ha aclarado que el hecho de que se suspenda el procedimiento de contratación "no supone ni que el servicio vaya a dejarse de prestarse a los usuarios en las mismas condiciones, ni que los trabajadores vayan a ver mermados sus derechos laborales y salariales actuales".
En este sentido, el sindicato subraya que "no se ha pedido que se suprima la licitación, sino que se rectifiquen los pliegos del contrato, como así recoge la resolución; y ello, por considerar que tal y como estaban redactados, podían vulnerar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores durante la ejecución del contrato, así como el mantenimiento del empleo".
UGT reivindica un servicio de calidad para usuarios y trabajadores
UGT espera que "en la nueva redacción de los pliegos de este contrato administrativo se tenga en cuenta lo establecido en el del Convenio Colectivo de aplicación, la ley de Prevención de Riesgos Laborales, los gastos generales y el beneficio industrial, ya que estamos hablando de un servicio público, catalogado como prioritario, y pagado con los impuestos de la ciudadanía. Lo que hay que promover es la calidad del servicio, no sólo para los usuarios sino también para los trabajadores y trabajadoras que lo prestan, que en muchos casos están en situación laboral precaria".
