En Andalucía viven más de 1.2 millones de personas mayores de 65 años, de las cuales mas de 200.000 son mayores de 80 años, según datos de la Consejería de Salud y Familia. Andalucía es, además, la Comunidad Autónoma con más falta de plazas en residencias. Harían falta más de 28.000 plazas para alcanzar la ratio de 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

Según la OCU, el tiempo de espera para conseguir una plaza en residencias es de 57 días en residencias privadas, 163 en residencias concertadas y de 209 días para una pública, que pueden llegar hasta los dos años (731 días) en el caso de Andalucía

Según la OCU, el tiempo de espera para conseguir una plaza en residencias es de 57 días en residencias privadas, 163 en residencias concertadas y de 209 días para una pública, que pueden llegar hasta los dos años (731 días) en el caso de Andalucía.

La desigualdad entre las diferentes Comunidades Autónomas es significativa tanto en el número de plazas como en la calidad de estas. Queramos o no, no es lo mismo una plaza en una residencia pública, concertada o privada, ya que la desigualdad entre estas se hace patente tanto por el precio de la plaza como por la atención recibida, que es directamente proporcional al número de trabajadores y profesionalidad del centro.

En nuestra Comunidad el 70% de las gerocultoras y gerocultores que trabajan en residencias públicas deben tener titulación de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o Técnico en Atención Sociosanitario. Esto hace que este tipo de centros cuenten con mucho más personal especializado que los concertados o los privados.

La falta de plazas públicas hace que las familias muchas veces se vean abocadas a contratar plazas privadas, que conllevan un gasto que muy pocas de ellas pueden permitirse, o, en el peor de los casos, a contratar en régimen de “esclavitud” a personas desprotegidas o sin papeles

La falta de plazas públicas hace que las familias muchas veces se vean abocadas a contratar plazas privadas, que conllevan un gasto que muy pocas de ellas pueden permitirse, o, en el peor de los casos, a contratar en régimen de “esclavitud” a personas desprotegidas o sin papeles.

Otro servicio que ofrece la Ley de Dependencia es el servicio de ayuda a domicilio, cuya finalidad es permitir a los mayores poder seguir viviendo en sus hogares, reforzando su autonomía y sin tener que ser apartados de su entorno y relaciones sociales. Esto nos lleva a plantearnos si es suficiente el actual servicio de ayuda a domicilio, sobre todo en los casos en los que los cuidadores no cuentan con un apoyo familiar continuo.

Otro aspecto a tener en cuenta es la rentabilidad del servicio. Según Gustavo García Herrero, en su artículo “El servicio de la ayuda a domicilio en la encrucijada”, un mayor que reciba una atención superior a 25 horas semanales resulta más caro que una plaza de residencia por lo que no podemos plantearlo como una única solución, sin pensar en implementar otros servicios que garanticen la correcta atención de estas personas.

Entonces se abrirá una ventana a la oportunidad de repensar nuestro estado como un régimen federal y republicano

Somos esclavos del “baby boom” de los años 60, ya que será a partir del 2025 cuando la población superior a 65 va a tomar un mayor protagonismo desde el punto de vista demográfico y, por tanto, también electoral y político. Entonces se abrirá una ventana a la oportunidad de repensar nuestro estado como un régimen federal y republicano.

Posiblemente, la generación que más ha luchado (y conseguido) los derechos que hoy disfrutamos (en este caso, la Ley de Atención a la Dependencia), aunque sea solo en el marco del papel mojado de la Constitución del 78, se verá privada de ellos por la ruptura del principio de igualdad, que en una constitución republicana deberíamos plantear con muchas más garantías para el ciudadano.

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