El Gobierno andaluz ha expresado este martes su cautela sobre el pronunciamiento del Tribunal Constitucional acerca de la creación del impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, que en esta jornada ha rechazado el recurso de la Comunidad de Madrid contra aquél, con un "esperemos a ver qué decide sobre el recurso de la Junta de Andalucía", aunque de igual forma ha expresado su malestar por el hecho de que "deja en entredicho la autonomía fiscal de las comunidades autónomas".

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, ha respondido en estos términos a preguntas de los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

El Gobierno dio réplica con la Ley 38/2022, por la que se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, a la decisión de la Junta de Andalucía de bonificar el Impuesto sobre el Patrimonio para los contribuyentes con una riqueza neta superior a los 700.000 euros al establecer la obligación de contribuir a partir de la cota de los tres millones.

En el proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2022 ha estimado la Junta de Andalucía que el beneficio fiscal para los andaluces en el Impuesto sobre el Patrimonio será de 107,48 millones.

"Acatamos las decisiones del Tribunal Constitucional", ha afirmado el consejero y portavoz del Gobierno andaluz, quien de igual forma ha esgrimido que "ese impuesto por la vía de atrás fue una vulneración de la autonomía fiscal" de las comunidades autónomas, momento en que ha planteado que la decisión de recurrir el impuesto estatal no era "por capricho personal de la consejera de Hacienda, del presidente o de este quien les habla".

Fernández-Pacheco ha señalado que entre las atribuciones de Andalucía está "fijar el régimen fiscal de los tributos de titularidad autonómica", antes de blandir que "ningún país, salvo España" tiene un tributo de naturaleza similar.

El portavoz del Gobierno andaluz expresa "el desacuerdo" con la decisión del Constitucional y se pregunta si lo siguiente será "la política educativa, sanitaria"

"El presidente de la Junta tiene el compromiso firme de la rebaja fiscal", ha proclamado el consejero y portavoz, quien ha defendido que "ese compromiso de Moreno con la sociedad andaluza es claro" por cuanto ha blandido los beneficios añadidos a ello como que "la competitividad fiscal genera inversiones, bienestar y nos ha llevado a situarnos como la segunda comunidad de régimen común con la presión fiscal más baja de España".

"Se crea más actividad y se baja la recaudación", ha insistido.

Fernández-Pacheco ha reconocido "el desacuerdo" por que el Tribunal Constitucional haya validado que el Estado por "la puerta de atrás" haya dejado sin efecto la rebaja fiscal andaluza en Patrimonio, para preguntarse entonces "¿qué va a ser lo siguiente: la política educativa, sanitaria" sobre la actitud del Estado en invadir competencias, convencido de que "no es la vía más adecuada" la réplica desde el Estado a medidas de las comunidades.

El consejero y portavoz del Gobierno andaluz ha defendido que con la decisión que tomó el presidente de la Junta "lo único que hizo fue cumplir con su palabra eliminando al impuesto", antes de reiterar que "por eso presentamos el recurso" y reafirmarse en un "a ver qué dice el tribunal al respecto".

Este martes el Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el impuesto a las grandes fortunas, en su rechazo al recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz-Ayuso, por considerar que el nuevo tributo no invade competencias autonómicas ni resulta confiscatorio.

El Constitucional rechaza todas estas alegaciones. Así, empieza por asentar que "la queja real de la Comunidad de Madrid es que aquellos de sus residentes con un patrimonio superior a 3 millones de euros (únicos que están sujetos al impuesto sobre grandes fortunas) tendrán que pagar el nuevo impuesto estatal, con lo que Madrid pierde su atractivo fiscal para atraer dicha riqueza a su territorio", según ha informado el propio TC.

El tribunal responde que "este objetivo no puede impedir al Estado ejercer su competencia para establecer nuevos tributos", recordando que en el pasado "ya ha reconocido que el Estado puede ocupar un espacio fiscal autonómico para armonizarlo", por lo que "con mayor razón podrá hacerlo en su propio espacio fiscal, como es este".