La alcaldesa de Motril niega que haya malversado fondos públicos porque el dinero era "propiedad" del PP y no de la Administración
La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro (PP), ha defendido este martes la legalidad de su gestión y se ha mostrado "tranquila" respecto al proceso que se sigue contra ella y dos personas más en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de la localidad por presunta malversación de caudales públicos en el pago de una multa a la que fue condenada en 2017 por injurias.
García Chamorro ha enmarcado el último auto de la jueza instructora en una "fase más del procedimiento" y afirma que "no ha habido ninguna novedad con respecto a su situación procesal, que sigue siendo la de investigada desde hace dos años aproximadamente".
En una nota remitida a los medios por el PP de Motril, se recuerda que 2022 se inició la fase de instrucción a raíz del pago con fondos de los grupos municipales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Motril y la Diputación de Granada de los gastos derivados de un proceso judicial en el que Luisa García Chamorro resultó absuelta en primera instancia, según recalcan.
Sin embargo, la Audiencia de Granada revocó la sentencia y estos gastos procesales fueron asumidos por los grupos municipales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Motril y la Diputación de Granada.
En ese momento se consideró, y siguen considerando, que las costas y gastos judiciales derivan del ejercicio de sus funciones y atribuciones políticas como portavoz del PP en la Diputación y por eso se pagó, por parte de los grupos del Partido Popular, esta cantidad de dinero.
El PP de Motril y la alcaldesa defienden que, cuando llegó la denuncia a la Fiscalía y "ante las dudas administrativas que pudieran surgir", García Chamorro "procedió a devolver, cautelarmente, a su grupo municipal y al de la Diputación los importes íntegros que habían sido destinados al pago de esta sentencia"
No obstante, defienden que "cuando llegó la denuncia anónima a Fiscalía y ante las dudas administrativas que pudieran surgir, García Chamorro procedió a devolver, cautelarmente, a su grupo municipal y al de Diputación los importes íntegros que habían sido destinados al pago de esta sentencia".
García Chamorro ha puesto de manifiesto que este dinero "era propiedad del grupo político y no de la Administración". Y por ello, entendiendo que en el momento de las declaraciones a las que se refiere la sentencia estaba actuando en calidad de portavoz y defendiendo la gestión política de su partido, considera que los gastos del proceso judicial "debía afrontarlos el grupo político al que pertenecían estos fondos".
Desde el PP defienden que "la legislación vigente sólo prohíbe el uso de esos fondos propiedad de los grupos para la contratación de personal o realizar inversiones" y que "es público y notorio que todos los grupos políticos, en todas las instituciones, siempre han hecho uso de estos fondos en lo que han estimado conveniente relacionado con su actividad política sin ningún tipo de reproche".
"Tan solo, y muy recientemente, y solamente en casos de evidente destino distinto a dicha actividad, por vía administrativa, nunca penal, se ha decretado la obligación de reintegrar al grupo político dichos fondos. Siendo, en definitiva, una cuestión interna de cada grupo político", defienden los populares.
García Chamorro ha expresado su "tranquilidad absoluta" ante la situación y su "confianza plena" en la justicia para que este tema pueda resolverse con la mayor celeridad posible, defendiendo que en todo momento "se ha actuado de forma transparente y colaborativa, puesto que es la primera interesada en demostrar que no se ha cometido ningún tipo de irregularidad".
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