El alcalde de Maracena, Julio Pérez, del PP, ha denunciado ante la Guardia Civil la adquisición de material sanitario frente a la pandemia de covid-19 por el anterior equipo de gobierno local, del PSOE, así como la contratación de diversas campañas publicitarias y de marketing en etapas socialistas, lo que ha conllevado que el Instituto Armado haya librado un oficio este martes para la preservación de la documentación con las facturas originales de estas operaciones en formato físico y digital.

La denuncia se ha producido a una semana de que, el próximo martes a las 12,00 horas, el Ayuntamiento de Maracena se reúna en Pleno extraordinario para debatir la moción de censura que PSOE, que ganó las elecciones del pasado mayo con mayoría simple, e IU han presentado con Conecta, un partido local que hasta ahora había apoyado a Pérez al frente de un cuatripartito que incluye a Vox, para que la Alcaldía pase a estar ocupada por el actual portavoz socialista, Carlos Porcel.

En el oficio de la Guardia Civil a la Secretaría del Ayuntamiento, al que ha tenido acceso Europa Press, se especifica que la petición de preservación de los documentos originales correspondientes a las copias que se han aportado con la denuncia, que ha formalizado Pérez con algunos miembros de su gobierno, en el que también está Quiero Maracena, se hace a fin de que el Equipo de Delitos contra la Administración de la Unidad Orgánica de Policía Judicial pueda llevar adelante sus tareas de averiguación de las supuestas "infracciones penales denunciadas".

Según han informado desde el Ayuntamiento de Maracena, se trata de una "denuncia por presunta prevaricación y malversación de caudal público entre los años 2007 a 2023 contra miembros de los anteriores equipos de gobierno de los cuales algunos son concejales en la actualidad".

Se especifican en el oficio dos apartados relativos a contrataciones con empresas de publicidad y márketing desde 2007 "hasta la fecha" y con un autónomo para la prestación de servicios desde ese mismo año "hasta la actualidad", y otro específico al material sanitario covid "en el periodo que comprende desde el año 2020 hasta la finalización de la pandemia".

"De producirse cualquier eliminación" de la documentación objeto de las funciones de investigación de la Policía Judicial se "podría incurrir en responsabilidades penales", finaliza el oficio.

En una rueda de prensa la semana pasada tras conocerse la moción de censura contra él, el alcalde anticipó que empezarían a "salir cosas" en estos días de anteriores mandatos, en referencia a cuestiones de tipo económico y legal, conforme a una auditoría que el gobierno local encargó en su día y que dijo que el Ayuntamiento estaba cerrando.

La situación política en Maracena se vio condicionada en la campaña electoral de mayo por la investigación judicial que se abría tras el secuestro de la exedil socialista Vanessa Romero en febrero del año pasado por el que entonces era pareja sentimental, investigado en esta causa por la que está en libertad provisional desde el pasado julio, de la en ese momento alcaldesa, Berta Linares, del PSOE, que dimitió tras los comicios.