'El Tribunal de Orden Público (TOP): el maquillaje del régimen (I)'

análisis del temible tribunal franquista, instrumento de represión de la dictadura

'El Tribunal de Orden Público (TOP): el maquillaje del régimen (I)'

Política - Alfonso Martínez Foronda y Pedro Sánchez Rodrigo - Sábado, 23 de Marzo de 2024

Con este espléndido y necesario artículo, Alfonso Martínez Foronda y Pedro Sánchez Rodrigo inician una serie dedicada al temible tribunal franquista, instrumento de represión. No te lo pierdas.

Imagen de la portada de la primera edición del libro de Juan José del Águila 'El TOP'

Tribual de Orden Público en las Salesas (Madrid).

1. Lagunas que parecen océanos

Se quejaba el hoy exmagistrado don Juan José del Águila sobre lo poco que conoce la ciudadanía española nuestro pasado más reciente y, concretamente, las últimas décadas de la Dictadura franquista. Y, para ello, ponía el ejemplo del término TOP que ni siquiera se menciona ni se referencia en los diccionarios jurídicos al uso. Son las lagunas de la historia española que, como señaló Tuñón de Lara, parecieran océanos, agujeros negros por los que se han sumido episodios claves de nuestra historia contemporánea. Etapas que sirven no sólo para entender mejor la Dictadura franquista, sino para valorar la lucha de quienes resistieron a ese régimen genocida y que sentaron las bases de una ciudadanía democrática sin la que no puede entenderse el final del franquismo y la conquista de las libertades.

La judicatura es, posiblemente, uno de los pilares del franquismo menos conocido y, dentro de ella, las denominadas jurisdicciones especiales, instrumentos del poder para reprimir la disidencia política. Una de ellas fue, precisamente, la Jurisdicción Especial de Orden Público, integrada por el Juzgado de Orden Público (JOP) y el Tribunal de Orden Público (TOP) que, desde que fue creado en diciembre de 1963, hasta su extinción en enero de 1977, se encargó de reprimir todos aquellos derechos que, en los países libres, se consideraban fundamentales.

Hace poco tiempo que la Fundación Abogados de Atocha, editó el CD que recoge todas las sentencias que permiten rastrear los nombres y apellidos de las víctimas del TOP. Coincidía en el tiempo con la ofensiva contra el juez Baltasar Garzón por haber tratado de investigar el franquismo y, en ese acto de presentación del Cd del TOP en la Complutense, lo citó el exfiscal Carlos Jiménez Villarejo:

"El auto de Varela dice que la labor de jueces y fiscales a favor de las víctimas de la dictadura es encomiable. ¿Cómo puede decir eso? Pero si estuvieron formando parte del TOP hasta 1976. Fueron cómplices hasta el último día de las torturas de la Brigada Político-Social y nunca abrieron una causa ni siquiera por lesiones durante 40 años".

La peculiaridad de la Transición española permitió que los magistrados y fiscales del TOP encontraran acomodo sin problemas en las nuevas instancias democráticas

Por su parte, Francisco J. Bastida, catedrático de la Universidad de Oviedo y autor de Jueces y franquismo (Ariel, 1986), afirmaba que los jueces se identificaron totalmente con la ideología franquista de “unidad espiritual, política, religiosa, sindical, moral y de cualquier índole". La peculiaridad de la Transición española permitió que los magistrados y fiscales del TOP encontraran acomodo sin problemas en las nuevas instancias democráticas. No sólo no sufrieron ninguna represalia del nuevo poder democrático, sino que la gran mayoría fueron ascendidos y acabaron en el Tribunal Supremo o en la Audiencia Nacional. Como mínimo 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza titular en el TOP, el 63% del total fueron en democracia magistrados del Supremo o de la Audiencia Nacional. Y todos mantuvieron la Cruz de San Raimundo de Peñafort, la medalla al mérito jurídico instituida en 1944 en el periodo más duro y filo nazi del régimen, que también sobrevivió a la democracia. (Véase noticia del acto, “Del TOP al Supremo”, de Pere Rusiñol, en Público.es).

Esta serie de artículos, monográficos del TOP y su repercusión en Granada, tratan de hacer justicia con las víctimas, pero también llenar algo esa laguna histórica circunscribiéndonos a nuestro ámbito territorial, no porque nos anime ningún sentimiento populista o de patria chica, sino porque uno de nuestros objetivos, desde hace dos décadas, es recuperar la memoria democrática. Pero sin necesidad de profundizar en su origen, puesta en marcha, funcionamiento y extinción –trabajos ya realizados a nivel regional y nacional y que especificamos en la bibliografía- resumiremos los aspectos esenciales para facilitar al lector la comprensión de los mismos. Eso sí: analizaremos las actitudes de la resistencia granadina, de su militancia política que, desde la consciencia plena de su lucha contra la dictadura, contribuyó a los cambios iniciados desde comienzos de los años sesenta; analizaremos las principales organizaciones sociales y políticas que padecieron la represión para profundizar en la mirada que desde el poder y desde la militancia de base, cambiante, pudiera explicar la evolución del régimen y de la oposición en la medida en que ésta también ofrece cambios tácticos, crisis, confrontaciones, confluencias…; la mirada del movimiento obrero y el movimiento estudiantil que fueron la espina dorsal de ese antifranquismo; la de quienes, como los abogados defensores, colaboraron con el movimiento democrático, desde un trabajo duro y poco gratificante, a veces muy desconocido. Y, todo ello, sin obviar la mirada de género para interrogarnos sobre el papel que ejercieron las mujeres en esa resistencia activa contra el régimen y cómo aquél respondía de forma “sexuada” ante aquéllas. En definitiva, será una aproximación a la resistencia antifranquista granadina –y en algunas ocasiones, andaluza- en su conjunto respecto al TOP.

2. La creación del TOP

El recrudecimiento de la conflictividad a comienzos de los años sesenta y, especialmente a partir de 1962, con las huelgas mineras asturianas de esa primavera, se respondió desde la jurisdicción militar para reprimir las disidencias, aumentándose significativamente el trabajo de estos tribunales especiales. Según el profesor Balbé, entre 376 y 414 personas fueron condenadas por tribunales militares entre 1961 y 1963, aunque es probable que sean más habida cuenta de que no aparecen todas las que lo fueron en Andalucía, pero indica, no obstante, que en esos momentos el régimen utilizaba fundamentalmente la jurisdicción militar para reprimir cualquier actividad disidente. (M. Balbé, Orden Público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Madrid, 1985).

Las huelgas mineras asturianas de 1962, no obstante, serán un punto de inflexión en la resistencia antifranquista, no sólo porque son la expresión de un nuevo movimiento obrero en España, sino también porque, a partir de ellas, se producirán cambios importantes en las formas de represión. Ya ha explicado suficientemente Juan José del Águila –y lo hacemos aquí sucintamente- que la creación del Tribunal de Orden Público tendrá mucho que ver con una serie de factores como la crítica internacional por el uso que de los Consejos de Guerra se hizo contra los mineros asturianos en esas huelgas; por la necesidad de participar en instancias internacionales como la Comunidad Económica Europea, la ONU o el Banco Mundial, entre otras, así como para ofrecer una imagen menos fascista al boom turístico o un rostro más amable a las inversiones extranjeras, por no olvidar la repercusión mundial que había tenido el vergonzante crimen del dirigente comunista Julián Grimau, en abril de 1963. Pero también, y sobre todo, la creación del TOP responde a una adaptación del régimen respecto de los cambios y formas de lucha que estaba adoptando la oposición.

Por tanto, a partir de la creación del TOP, todos los delitos de los tipificados como políticos serán perseguidos por este Tribunal y la mayoría de ellos quedarán al margen de la jurisdicción militar, excepto los que habían realizado actos violentos contra las fuerzas del orden público. Es decir, que el TOP se crea desde el obligado adecentamiento que el régimen debía hacer de sus instituciones para recibir las bendiciones norteamericanas y europeas y no tanto para sustituir por entero a la jurisdicción militar, sino para descargarlas de una parte de sus tareas. Era demasiado estridente que a comienzos de los años sesenta se siguiera en las salas de banderas, entre entorchados y charreteras, siguiera condenándose la simple desafección del régimen, entre otros muchos delitos “subversivos”. Sin embargo, la jurisdicción militar siguió actuando, pues sólo entre 1964 y 1968 fueron condenados más de 1.500 civiles por los tribunales militares, al tiempo que el TOP, en ese mismo periodo, procesaría a más de dos mil personas.

Fue una operación cosmética, una pura “administrativización de la represión”, de que todo cambiara para que todo siguiera igual

Aunque la creación del TOP respondía al intento de ofrecer una imagen de un estado de derecho que respetaba las garantías jurídicas, dejando fuera de la jurisdicción militar aquellos delitos políticos propios de la disidencia antifranquista, sin embargo, siguió otorgando a los jueces una suerte de independencia que seguía siendo una coartada para su sometimiento al poder despótico. Fue una operación cosmética, una pura “administrativización de la represión”, de que todo cambiara para que todo siguiera igual. No en vano, en la exposición de motivos de la creación del Juzgado y el Tribunal de Orden Público, se dice con toda claridad que su existencia se debe a la necesidad de “acomodar las disposiciones punitivas y jurisdiccionales a los dictados de la realidad social”.

Este tribunal especial tuvo competencia “privativa” para todos los delitos cometidos en el ámbito nacional que tendieran a “subvertir los principios básicos del Estado” o aquellos que perturbaran “el orden público” o sembraran “zozobra en la conciencia nacional”

Desde su creación el 2 de diciembre de 1963 (Ley 154/63), la jurisdicción de orden público, estuvo integrada por un Juzgado de Orden Público (JOP) que era el que instruía el sumario y por el propio Tribunal de Orden Público (TOP), con sede en Madrid –concretamente en el Palacio de las Salesas, donde también estaba el Tribunal Supremo y otras instituciones judiciales franquistas- y estaba compuesto por un presidente, dos magistrados, un fiscal y un secretario. El aumento de la disidencia a partir de los primeros años de la década de los setenta, hizo que se creara un segundo Juzgado de Orden Público, concretamente, en 1972. Y desde ahí hasta su extinción por Real Decreto-Ley de 4 de enero de 1977, en tiempos de Adolfo Suárez, este tribunal especial tuvo competencia “privativa” para todos los delitos cometidos en el ámbito nacional que tendieran a “subvertir los principios básicos del Estado” o aquellos que perturbaran “el orden público” o sembraran “zozobra en la conciencia nacional”.

En su presentación en las Cortes, fue el ministro de Justicia, Antonio Iturmendi Bañales el que explicó perfectamente el carácter de este tribunal, por “la alarma y perturbación social que causan”

Pero, al mismo tiempo, a este tribunal se le atribuía el conocimiento de los delitos previstos en la ley de 1 de marzo de 1940, por supresión del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo lo que significaba, de hecho, un recorte en la amplia competencia de la jurisdicción militar. En su presentación en las Cortes, fue el ministro de Justicia, Antonio Iturmendi Bañales el que explicó perfectamente el carácter de este tribunal, por “la alarma y perturbación social que causan” y que “llevan consigo una peligrosidad de tan gravísimas consecuencias que justifica, por la necesidad de atajarlos eficazmente, el establecimiento de procedimientos sumarios y jurisdicciones especiales, sin merma de las garantías que el justiciable requiere”. (Nicolás Sartorius y Javier Alfaya, La memoria insumisa, Editorial Crítica, Barcelona, p. 279).

¿Y cuáles eran esos “gravísimos delitos”? Pues los de opinión, reunión, asociación, prensa, manifestación y huelgas (sedición), hasta otros como atentados contra agentes del orden público, blasfemias, injurias al Jefe del Estado y también hurto o tenencia ilícita de armas, aunque algunos de estos últimos no tuvieran nada que ver con delitos específicamente políticos y fueron anecdóticos en la vida del TOP, ya que la inmensa mayoría de las personas procesadas lo fueron por “perturbar” de alguna forma el “orden” tal y como lo entendía el régimen franquista y, por tanto, respondían a la lucha democrática de la resistencia organizada. Porque, a la postre, ese Tribunal se configuró, desde su inicio, para la persecución de la disidencia política y eso es así desde que comienza a actuar la Brigada Político Social (BPS) deteniendo a los disidentes puesto que, desde sus primeros atestados, –con funciones de policía judicial-, hasta la instrucción de los sumarios por los jueces de Orden Público y la politización de la fiscalía, siguió mostrando la dependencia de los magistrados respecto del gobierno franquista, constituyéndose en una pieza fundamental para la represión. Y todo ello con el beneplácito de jerarquía católica, de las fuerzas armadas o de toda la judicatura, porque nadie impugnó desde el punto de vista teórico o práctico esta aberrante institucionalización de la represión política.

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Portada del libro 'El TOP. La represión de la libertad (1963-1977)', de Juan José del Águila.

Si muchos expedientes no acabaron en juicio no lo fue tanto porque este tribunal fuera benigno con la mayoría de los encausados, sino porque el incremento notable de la resistencia desde mediados de los sesenta y, sobre todo, en los primeros años de los setenta, supuso tal cúmulo de trabajo que imposibilitó al TOP, en la práctica, llevar a juicio a todos a los que se les había instruido el correspondiente sumario

Pero hay que notar, y esto es importante, que los casi doce mil años de cárcel con que el TOP despachó a la resistencia política, sin contar las causas militares hacia civiles en esos mismos años, son sólo una parte de toda la represión franquista, y no la mayor, ya que sólo se le instruyó el correspondiente sumario a parte de los detenidos y, de entre estos últimos, no todos se sustanciaron en su correspondiente juicio. Juan José del Águila, ha contabilizado un total de 22.660 expedientes, de los que el Tribunal sólo dictó 3.798 sentencias, de las que 959 fueron absolutorias. Es decir, que si las sentencias representan un 17 por 100 del total de los sumarios instruidos, y éstos se concretan en miles de años de cárcel, si el TOP hubiera llevado al banquillo a todos los militantes antifranquistas a los que se les instruyó el correspondiente sumario estaríamos ante cifras abrumadoras. Pero no nos equivoquemos, porque si muchos expedientes no acabaron en juicio no lo fue tanto porque este tribunal fuera benigno con la mayoría de los encausados, sino porque el incremento notable de la resistencia desde mediados de los sesenta y, sobre todo, en los primeros años de los setenta, supuso tal cúmulo de trabajo que imposibilitó al TOP, en la práctica, llevar a juicio a todos a los que se les había instruido el correspondiente sumario.

Esto explica que, como hemos analizado en otros artículos, muchos de los dirigentes políticos y sindicales de la emigración –en el caso de Granada, fundamentalmente, en Cataluña- tuvieran origen en Andalucía y, sobre todo, de las provincias orientales

Y tampoco debemos pasar por alto nunca, porque si nos limitamos a simples guarismos de quienes fueron procesados y enjuiciados no podremos ver el grosor cuantitativo y cualitativo de la represión. Y eso porque la simple detención y el paso por los calabozos de la Brigadilla de la Guardia Civil o de la Brigada Político Social fue un elemento represivo lo suficientemente importante como para que muchos de ellos y ellas desistieran en la lucha no sólo en esos momentos, sino para periodos largos y, en no pocos casos, para siempre. Y si a ello le sumamos a quienes fueron procesados y que estaban pendientes de su juicio correspondiente, la dilación temporal de los procesos –que a veces duraba años- fue una espada de Damocles en todos y cada uno de los encartados que, en no pocos casos, quedaban paralizados. El miedo es libre y el régimen sabía que desde el mismo momento de la detención, la represión haría estragos entre los resistentes. Y otro elemento, no menos importante y que está pendiente de analizar, es el de los despidos, la otra represión, un daño colateral fundamental para quienes perdieron su empleo y engrosaron las listas negras por lo que, en no pocos caso, tuvieron que salir de sus lugares de origen para engrosar las listas de la emigración. Esto explica que, como hemos analizado en otros artículos, muchos de los dirigentes políticos y sindicales de la emigración –en el caso de Granada, fundamentalmente, en Cataluña- tuvieran origen en Andalucía y, sobre todo, de las provincias orientales. (Véase 'Emigrantes granadinos ante el Tribunal de Orden Público (TOP): 1966-1975' (I) y 'Emigrantes granadinos ante el Tribunal de Orden Público (TOP): 1966-1975 (II)' en El Independiente de Granada)'

Bibliografía:

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SARTORIUS, Nicolás y ALFAYA, Javier, La memoria insumisa, Editorial Crítica, Barcelona.

Pedro Sánchez Rodrigo (Burgos, 1960). Es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, donde cursó la especialidad de Historia Contemporánea. Ha ejercido como profesor de Secundaria de Geografía e Historia desde 1984. Desde hace años colabora con la Fundación de Estudios Sindicales- Archivo Histórico de CC.OO.-A.. Ha participado en la obra colectiva “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81)”, publicada por la Editorial El Páramo en el año 2012, y, junto con Alfonso Martínez Foronda, es autor de “La cara al viento. Memoria gráfica del movimiento estudiantil de Granada durante la dictadura y la transición”, obra publicada por la Universidad de Granada, también en 2012. Ha colaborado en el volumen La Resistencia andaluza ante el tribunal de orden público en Andalucía. 1963-76, editado en 2014 por la FES/Archivo Histórico de CC.OO.-A y la Junta de Andalucía, y en otros trabajos colectivos, como De la rebelión al abrazo. La cultura y la memoria histórica entre 1960 y 1978 (Diputación de Granada, 2016) y La Universidad de Granada, cinco siglos de historia. Tiempos, espacios y saberes, coordinado por Cándida Martínez López (III Volúmenes, EUG, Granada, 2023) con el artículo “Antifranquismo en las aulas. El movimiento estudiantil”. También con Alfonso Martínez Foronda ha publicado el libro “Mujeres en Granada por las libertades democráticas. Resistencia y represión (1960-1981)”, publicado en 2016 por la Fundación de Estudios y Cooperación de CC.OO. Actualmente está jubilado y colabora en la elaboración del Diccionario de la Represión en Granada 1931-1981.

Alfonso Martínez Foronda (Jaén, 1958). Es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Desde 1984 es profesor de Enseñanza Secundaria. Actualmente es profesor del IES Albayzín. Ha sido secretario general de CCOO de Jaén desde 1993-2000 y desde 2004 es miembro de la Comisión Ejecutiva de CCOO-A, desde donde ha presidido hasta 2103 las Fundaciones de Estudios Sindicales-Archivo Histórico y la de Paz y Solidaridad.

Como investigador, ha publicado numerosos artículos de opinión sobre aspectos docentes y sociales. Colaborador habitual del Diario Jaén desde 1994-2000 publicó La firma del viento (2007), una antología de artículos de opinión. Como investigador del movimiento obrero andaluz ha publicado La conquista de la libertad. Historia de las Comisiones Obreras de Andalucía (1962-1977), en 2005; De la clandestinidad a la legalidad (Breve historia de las Comisiones Obreras de Granada), en 2007; sobre las Comisiones Obreras de Jaén desde su origen a la legalización del sindicato (2004); la unidad didáctica El sindicalismo durante el franquismo y la transición en Andalucía; diversas biografías de dirigentes sindicales andaluces como Ramón Sánchez Silva. Al hilo de la historia (2007); Antonio Herrera. Un hombre vital, en 2009; Andrés Jiménez Pérez. El valor de la coherencia, en 2010, entre otros. En 2011 su investigación La dictadura en la dictadura. Detenidos, deportados y torturados en Andalucía durante el Estado de Excepción de 1969, (2011), fue premiada por la Junta de Andalucía como la mejor investigación social de ese año. Posteriormente, ha publicado La “prima Rosario” y Cayetano Ramírez. Luchadores por la libertad en una provincia idílica (2011); sobre el movimiento estudiantil en la UGR, con otros autores, “La cara al viento. Estudiantes por las libertades democráticas en la Universidad de Granada (1965-81); sobre la historia del movimiento obrero granadino, con su investigación La lucha del movimiento obrero en Granada. Paco Portillo y Pepe Cid: dos líderes, dos puentes“, 2012; sobre el Tribunal de Orden Público, La resistencia andaluza ante el Tribunal de Orden Público en Andalucía (1963-1976); Diccionario de la represión sobre las mujeres en Granada (1936-1960) o La resistencia malagueña durante la dictadura franquista (1955-1975). Actualmente, junto a Pedro Sánchez Rodrigo, está confeccionando un diccionario sobre la represión en Granada desde la II República al golpe de estado de 1981.