Andalucía, la comunidad con menor gasto por usuario, recorta su aportación a la Dependencia en 51,6 millones
El informe cuestiona la gestión de la Junta en Dependencia. junta de andalucia archivo
No sólo la gestión sanitaria del Gobierno andaluz de mayoría absoluta del PP está cuestionada. También la Dependencia, otro de los pilares del Estado de Bienestar.
Andalucía rebajó 51,6 millones de euros su aportación para atención a la Dependencia durante 2022, según el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, (XXIII Observatorio de la Dependencia) referencia en el sector, que detalla además que fue la andaluza la comunidad autónoma con menor gasto por beneficiario, con un total de 6.547 euros anuales. Demoledor.
Sólo Cataluña, con 57,3 millones de euros menos, supera a Andalucía en el recorte del gasto en un pilar fundamental del estado de bienestar, con 51,6 millones menos
El informe revela que en 2022 la inversión pública en atención a la Dependencia alcanzó los 10.234 millones de euros. De ellos, las CCAA financiaron el 74%, con 7.573 millones de euros (98 menos que en 2021), frente al 26% que supuso la aportación estatal, con 2.661 millones de euros, si se incluye el cupo vasco y la aportación Navarra, lo que supone un incremento del Gobierno de la nación del 33,6% respecto al año anterior, cuando aportó 1.992 millones de euros, incluyendo la aportación a Navarra, el cupo vasco, el nivel mínimo y el nivel acordado.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales precisa que, si se contabilizasen la aportación de Navarra y el cupo vasco, la aportación para dependencia de las CCAA "todavía se reduciría más, llegando a 134 millones de euros menos que el pasado año".
Junto a Andalucía, otros ocho gobiernos autonómicos redujeron en 2022 el gasto en la atención a personas en situación de Dependencia, con respecto a 2021. Sólo Cataluña, con 57,3 millones de euros menos, supera a Andalucía en el recorte del gasto en un pilar fundamental del estado de bienestar, con 51,6 millones menos.
Entre Cataluña y Andalucía suman el 53,5 por ciento del total recortado por los nueve gobiernos autonómicos en Dependencia, que alcanzó en 2022 los 203,4 millones.
En Andalucía la demora media es de un año y seis meses, un año más que el plazo máximo estipulado por Ley. Es la segunda comunidad con el tiempo de espera más largo, solo superada po Canarias, con 977 días
Tras las dos comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana rebajó en 40,6 millones de euros la partida, Madrid, con 15 millones menos, Extremadura (11 millones de euros menos), Asturias (10,8 millones de euros menos), Cantabria (8,7 millones de euros menos), Castilla y León (7,4 millones menos) y Murcia (1 millón menos).
De los datos también se desprende que las comunidades que más invierten en Dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.329 euros), Extremadura (1.706 euros) y Navarra (1.701 euros), mientras a la cola se sitúan Canarias (801 euros) y Galicia (615 euros).
Al número de personas en espera, hay que añadir “lo escandaloso de los plazos de tramitación”. En 2021 los plazos eran de 421 días de media, 248 días valoración y 145 para el PIA efectivo, en 2022 son 344 días de media, 208 días de valoración y 108 de PIA efectivo, una reducción de un 18,3% aunque siguen existiendo con grandes variaciones interterritoriales, y “un tiempo desmesurado, lo que indica que a la losa de la insuficiencia en la financiación hay que añadir gravísimos problemas de gestión”.
El tiempo medio de tramitación de un expediente es de 344 días, 77 menos que en 2021 y 86 que en 2020.
Por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), pero solo hay dos autonomías por debajo a ese margen en sus promedios: Castilla y León (125); y País Vasco (136). Navarra (182), Castilla La Mancha (190) y Cantabria (197) se encuentran cerca del plazo máximo.
En el otro extremo estarían Canarias (977 días); Andalucía (544) y Murcia (486). En Andalucía la demora media es de un año y seis meses.
En total, 84.109 personas en Andalucía están en lista de espera, o bien para ser valoradas o para recibir la prestación a la que tienen derecho al ser reconocidas su situación. También, solo le supera Cataluña, con 94.086
Aún hay 177.423 personas con derecho reconocido en espera de atención. El 60 por ciento se concentran en tan solo dos territorios autonómicos: Cataluña (69.770) y Andalucía (36.606). A ello hay que sumar las 47.503 personasen Andalucía, ya valoradas, pero que aún no recibieron la prestación efectiva reconocida. En total, 84.109 personas en Andalucía están en lista de espera, o bien para ser valoradas o para recibir la prestación a la que tienen derecho al ser reconocidas su situación. También, solo le supera Cataluña, con 94.086.
Así, según el Observatorio, hay comunidades autónomas que no sólo no reducen la lista de espera, sino que la aumentan. Es el caso de Murcia (+29,6 por ciento), Baleares (+31 por ciento) o Asturias (+34,7 por ciento), que la han aumentado cerca o por encima del 30 por ciento. Además, “Cataluña y Andalucía presentan un bloqueo en la atención a la Dependencia acumulando el 60 por ciento de las personas en lista de espera de todo el Estado”.
“Incluso si vamos un poco más allá, tres de cada cuatro personas en el limbo de la dependencia se encuentran en sólo cinco comunidades autónomas”: Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y País Vasco.
Tres de cada cuatro personas en el 'limbo de la dependencia' se encuentran en sólo cinco comunidades autónomas, entre ellas, Andalucía
Tres de cada cuatro personas en el 'limbo de la dependencia' se encuentran en sólo cinco comunidades autónomas, entre ellas, Andalucía
En cuanto a las solicitudes no grabadas, el Observatorio constata que hay un total de 21.903 solicitudes de Dependencia que aún no han sido grabadas, por lo que no figuran en ningún tipo de estadística. Las comunidades que más solicitudes tiene sin grabar son Cataluña (4.531), Madrid (3.380) y Andalucía (2.627). En el otro extremo Aragón con únicamente 55 solicitudes por grabar.
Y otro dato aterrador: Al igual que ocurrió en 2020 y 2021, Cataluña y Andalucía acumulan casi la mitad de las personas fallecidas en lista de espera. En Cataluña, 12.380 y en Andalucía, un total de 8.443
Y otro dato aterrador: Al igual que ocurrió en 2020 y 2021, Cataluña y Andalucía acumulan casi la mitad de las personas fallecidas en lista de espera. En Cataluña, 12.380 y en Andalucía, un total de 8.443.
Solo 6.547 euros anuales por beneficiario en Andalucía, a la cola de España
El Observatorio de 2022 señala que el gasto anual medio por persona beneficiaria fue de 8.135 euros, de los cuales la Administración General del Estado aportó 2.115 euros en concepto de nivel mínimo de protección y las Comunidades Autónomas, 6.020 euros.
La comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco, con 13.390 euros anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, que fue Andalucía con 6.547 euros anuales
La comunidad que destinó mayor cantidad económica por persona beneficiaria fue el País Vasco, con 13.390 euros anuales. Esta cantidad duplica el gasto de la comunidad que menos invirtió, que fue Andalucía con 6.547 euros anuales.
Según señalan los autores del informe, el peso relativo de la financiación autonómica frente a la estatal durante el periodo 2015 a 2020 presentaba una tendencia alcista que se rompe en 2021, "cuando el incremento en la financiación aportada por la AGE mediante el plan de choque es utilizado por algunas comunidades autónomas para retirar parte de su financiación". Como es el caso de Andalucía.
Así, precisa el Observatorio que el peso de las comunidades autónomas en la financiación cayó más de un 10 por ciento entre los años 2021 y 2022, mientras que la del Gobierno de la nación reforzó la financiación del sistema. Además, advierte de que "los recortes en la aportación en 2021 y 2022 de la mitad de las comunidades autónomas han limitado la capacidad de impacto de los fondos provenientes del plan de choque".
Por debajo de la media, tras Castilla y León (67,25%), figura Andalucía (66,87%) y luego, Galicia (64,80%)
De los datos se desprende que el reparto de la financiación entre el Gobierno y las comunidades autónomas presenta "grandes diferencias" entre los territorios.
Por ejemplo, País Vasco (86,00%), Islas Baleares (83,09%) y la Comunidad Foral de Navarra (81,56%) financian en mayor proporción sus sistemas, mientras que la media de financiación autonómica desciende hasta el 74% para el conjunto de España.
Por debajo de la media, tras Castilla y León (67,25%), figura Andalucía (66,87%) y luego, Galicia (64,80%).
La Asociación advierte de que aquellas comunidades autónomas que más han aumentado el número personas beneficiarias son las mismas que han reducido el gasto medio por persona beneficiaria, por lo que "el incremento en el número de personas no ha venido acompañado de un incremento proporcional de la financiación".
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