Ley de Memoria Democrática, un paso más para dignificar a las víctimas que exige el compromiso de todas las administraciones
La nueva Ley de Memoria Democrática, en vigor desde hace diez días, declara el 31 de octubre "día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura". La fecha elegida se corresponde con el día en el que fue aprobada la Constitución Española de 1978 por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso y el Senado y, 29 años después, con la jornada en la que se produjo la aprobación en pleno de la primera norma de Memoria Histórica, la de 2007.
Es pues este lunes 31 de octubre un día para recordar a las víctimas, cuya reparación es el principal eje de la norma, que persigue verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
Una Fiscalía de Memoria, un Banco Estatal de ADN y un Centro Documental de la Memoria Histórica, entre las medidas
Constituye un avance respecto a la anterior por cuestiones tan importantes como declarar ilegal el régimen franquista, sus tribunales y las resoluciones que dictaron vulnerando "las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo"; la creación de una Fiscalía especializada en Derechos Humanos y Memoria Democrática; llevar, de una vez, el conocimiento de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas a las aulas; el reconocimiento de la memoria democrática de las mujeres; también la inmensa labor de las asociaciones memorialistas; y el hecho de que sea el Estado el que asuma la responsabilidad de la búsqueda, localización y exhumación de las víctimas que aún permanecen desaparecidas.
Establece la creación de un Banco estatal de ADN -también para los casos de bebés robados-; un Centro Documental de la Memoria Histórica, que tendrá su sede en Salamanca; un Consejo de la Memoria Democrática, que tendrá carácter consultivo y de participación de las asociaciones memorialistas; y la resignificación del Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros.
La entrada en vigor de la ley obliga a reactivar una medida largamente reivindicada por las asociaciones memorialistas y que ya se mencionaba en otras normas anteriores, como es la retirada de los símbolos franquistas de calles y edificios públicos, un proceso en el que por ejemplo ya trabajaba el Ayuntamiento de Granada, donde el rastro franquista es muy visible en algunos barrios. Un deber, por cierto, que no solo corresponde a las administraciones públicas, también en caso de propiedad privada.
La capital ya tramita el expediente para retirar el rastro franquista en una docena de calles
Ya en el anterior mandato del gobierno socialista se creó una comisión con la participación de asociaciones memorialistas para elaborar el listado de calles en las que aún era visible el rastro franquista. Esa medida se incluyó entre las 55 recogidas en el acuerdo para la gobernabilidad suscrito entre PSOE y Unidas Podemos. Y el pasado julio, el gobierno local comenzó a tramitar el expediente. Lo hizo recién aprobada en el Congreso la nueva ley que ahora ha entrado en vigor tras completar su tramitación.
El rastro en el callejero y en monumentos es aún mayor. En la capital, como recogió en un amplio reportaje publicado en El Independiente de Granada Gabriel Pozo Felguera, un núcleo de viviendas recuerda al comandante Valdés, que ordenó la ejecución de Federico García Lorca y que, como recordó Antonio Cambril, portavoz de UP al anunciar el inicio de la retirada de los nombres franquistas, fue "el brazo ejecutor de Queipo de Llano".
Hay otros puntos también señalados, como la inscripción dedicada a Primo de Rivera en la fachada del Sagrario, junto a los muros de la Catedral.
Motril mantiene la medalla de oro de la ciudad a Franco
El rastro franquista también luce en el callejero motrileño. En Motril, a pesar de la cercanía de la tragedia de La Desbandá, también mantiene la calle Crucero Baleares, la embarcación desde la que se bombardeó a la población civil.
En el caso de Motril, es igualmente significativo que la ciudad no haya retirado la medalla de oro concedida en su día al dictador. Una "ignominia" como señaló, en una carta dirigida a la corporación en diciembre del pasado año la Asociación 14 de Abril Costa. La retirada de esa distinción también viene siendo reclamada por IU-Podemos, que llegó a llevar este caso a la Fiscalía. Y ha sido rechazada por la corporación, gobernada por el PP en alianza con ediles de varios grupos políticos, entre ellos Cs.
La nueva ley recoge también la revisión de reconocimientos, honores y distinciones, así como condecoraciones. Los ayuntamientos tienen pues trabajo por delante para cumplir con el deber de memoria, para cumplir la ley, en la que también se recogen sanciones. Por incumplirla y por atentar contra la memoria democrática.
El Gobierno insta a la Hermandad de la Macarena de Sevilla a retirar los restos de Queipo de Llano de la Basílica
Ha sido una de las primeras medidas puestas en marcha tras la entrada en vigor de la ley: promover la exhumación de Queipo de Llano -y el de Francisco Bohórquez Vecina, auditor de guerra y responsable de la ejecución de sentencias con aplicación de bando de guerra-.
En la carta enviada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, a la Hermandad de La Macarena, se explicaba que "esta nueva norma pretende cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana".
"Durante los últimos años, la paradoja que supone esta presencia en un recinto religioso destinado al culto y la oración ha sido objeto de un amplio debate social, del que se han hecho eco numerosos medios informativos y publicaciones nacionales e internacionales", añadía la carta, para señalar que, como muestra de respeto hacia las víctimas y sus familiares, y en cumplimiento de lo previsto en la nueva ley, "es obligado poner fin a esta situación".
La exhumación de Queipo de Llano era largamente reivindicada por las asociaciones memorialistas. De hecho, este lunes la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática también se ha dirigido a la Hermandad, al presidente de la Junta y al alcalde de Sevilla, para solicitarles la exhumación, que es "un acto de reparación" hacia las víctimas y sus familiares y que corrige "una anomalía democrática". Queipo de Llano fue, como señalan asociaciones memorialistas de Granada, responsable de La Desbandá, que tuvo como víctimas a la población civil que huía por la Costa, por la Carretera entre Málaga y Almería, de las tropas franquistas.
Para acercarnos a la nueva norma, El Independiente de Granada ha recabado las opiniones de asociaciones memorialistas de Granada, que señalan los avances, pero también lo que todavía queda por hacer.
"Estamos muy agradecidos de que una mayoría suficiente haya aprobado una ley que supera a la anterior, sobre todo en el compromiso de hacer valer la reivindicación de las víctimas", señala el presidente de la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica, Rafael Gil Bracero, que hace especial mención al compromiso de velar por estas políticas, las de memoria, desde las instituciones -Estado y Comunidades Autonómas-. Sobre todo, añade, en lo que respecta a las exhumaciones, los lugares de memoria y las sanciones a quienes no cumplan la ley.
Rafael Gil Bracero, profesor universitario, alude a un aspecto muy bien recibido desde el punto de vista de la investigación, que es la declaración ilegal del régimen y la anulación de las sentencias recogidas en la norma. Y considera también "digno de destacar" que abarque hasta los ochenta. "Otro acierto", resume.
Tras incidir en el "compromiso" del Estado para buscar los restos de víctimas del franquismo, apunta también el esfuerzo que se hará para la identificación. Al respecto, el profesor menciona el protagonismo que podrá tener la UGR, que ya cuenta con un centro pionero.
Gil Bracero (AGRMH) cree que la norma abre la posibilidad de identificar a los responsables de los crímenes franquistas, "no como responsables penales, pero sí ante la Historia"
De las medidas novedosas, Gil Bracero menciona la creación de la Fiscalía de Memoria Democrática, porque abre la posibilidad de identificar a los responsables de los crímenes cometidos. No como responsables penales, "pero sí ante la Historia". No se trata, aclara, de una justicia punitiva, sino "restaurativa". Y al identificarlos, ayudará a "comprender la mecánica de la represión, la mecánica del terror de un régimen que empezó y terminó matando, en contra de los Derechos Humanos".
También pone el acento en que lo sucedido pueda estudiarse en las escuelas, un déficit de conocimiento "absoluto" en muchos casos y que hace que estudiantes universitarios no conozcan realmente lo sucedido. "Es vital", apunta, que se garantice la inclusión de estos conocimientos en los currículos.
Pero Gil Bracero también echa aspectos en falta, como "terminar con la irregularidad" que supone "tener en vigor la ley de secretos oficiales". Ha habido, recuerda, intentos, con borradores de norma incluidos, pero se frenaron. Hay mucho material, advierte al respecto, sin estudiar y sobre el que aún pesa la "losa" del secreto oficial.
Precisamente a esos aspectos que se echan en falta alude Fernando Alcalde, representante de la Asociación 14 de Abril Costa. Se refiere a que la Ley de Amnistía "sigue sin derogar"; al hecho de que no se aborde la responsabilidad de la Iglesia; esclarecer quiénes fueron "los causantes de las violaciones de Derechos Humanos"; o señalar a las empresas que se beneficiaron del "trabajo esclavo".
Alude al hecho de que el Estado asuma las exhumaciones. Al respecto, Fernando Alcalde recuerda que ningún ayuntamiento de la Costa ha solicitado subvenciones a la FEMP para exhumar víctimas del franquismo, a pesar de la existencia de fosas en la comarca.
"Es un buen instrumento. El principal problema es que depende de la voluntad política que se pueda ejecutar", señala Fernando Alcalde (14 Abril Costa)
"Es un buen instrumento, no el que hubiéramos querido. Y el principal problema es que depende de la voluntad política que se pueda ejecutar", afirma para referirse después a la creación de la Fiscalía, "para recibir, no para ser proactiva", lamenta.
A su juicio, la guerra, la violación de los derechos humanos durante la dictadura y el periodo democrático no se afronta como "una cuestión de Estado" y también duda de la idoneidad de la resignificación del Valle de los caídos. "No cabe la resignificación de monumentos franquistas", afirma para advertir que estos pueden terminar convirtiéndose en lugares de peregrinación.
Tampoco olvida mencionar la obligación de retirar condecoraciones o el nombre franquista a las calles. Porque en Motril, como ya se ha señalado, el gobierno local se ha negado hasta ahora a quitarle la medalla de oro de la ciudad a Franco.
"Por fin, tenemos una nueva ley de memoria y ahora tiene que cumplirse. Esta nueva ley representa un avance en políticas de memoria democrática, pero considero que es insuficiente", afirma el periodista Paco Vigueras, portavoz de la Asociación Verdad, Justicia y Reparación.
Es, a su juicio, "un avance para eliminar simbología que hace apología del franquismo".
"La salida del general golpista Queipo de Llano de la Macarena será uno de los mayores éxitos del movimiento memorialista andaluz", opina Paco Vigueras (VJR)
Al respecto incide en que, "para empezar, con esta nueva ley vamos a sacar de la Macarena al general golpista Queipo de Llano, responsable de :a Desbandá, que fue el mayor crimen de guerra contra población civil indefensa. Parece que su salida de este templo ultracatólico es inminente y tenemos que celebrarlo. Será uno de los mayores éxitos del movimiento memorialista andaluz".
"También veremos salir del Valle de los Caídos a José Antonio Primo de Rivera, fundador de un partido fascista como Falange, que animaba a utilizar la dialéctica de los puños y las pistolas, y participó activamente en el golpe y la represión franquista", resalta Paco Vigueras, que apunta también que "esta ley cambiará el nombre del Valle de los Caídos por el de Cuelgamuros, y convertirá este monumento de la dictadura en un centro de memoria democrática". Sin embargo, lamenta, "con esta ley, todavía no podremos desmontar la enorme cruz del Valle de los Caídos, que representa la ideología nacional católica y la Cruzada, nombre con el que la jerarquía eclesiástica legitimó y colaboró con la sublevación fascista.
La norma trae avances para las políticas de Memoria, que dependen siempre de la voluntad de los gobiernos. Porque como la propia ley recuerda, la anterior norma tuvo "un importante desarrollo hasta 2011", con el mapa de fosas, subvenciones para las exhumaciones o la constitución del comité de expertos para el futuro del Valle de los Caídos. Pero la tarea fue "abrupta e injustificadamente interrumpida".
"Este esfuerzo reparador en favor de quienes comprometieron su vida y su libertad en la lucha por la democracia y las libertades no tuvo continuidad en las X y XI Legislaturas, dejándose de dotar estas medidas y eliminándose la partida presupuestaria para esta política. Como consecuencia, la continuación de muchas de las actividades memoriales por parte de la sociedad civil y el movimiento memorialista sufrieron la carencia de medios y orfandad institucional, contrarrestado en algunos territorios por el desarrollo de la política memorial en el ámbito autonómico. Desde entonces, un buen número de comunidades autónomas han aprobado sus propias leyes de memoria histórica y democrática, y otras han desarrollado actuaciones de memoria en diversas escalas".
La nueva ley española es fruto del impulso a las políticas de Memoria desde el ámbito estatal, en un momento en el que, en Andalucía, se han dejado en modo espera. En Andalucía las actuaciones que se llevan a cabo tienen financiación estatal, bien a través de la FEMP o de la propia Junta, que recibe fondos del Gobierno que canaliza vía convenios. Todo ello con la amenaza de derogar la norma andaluza para sacar adelante lo que las derechas llaman 'ley de concordia'. Y con la incógnita de cómo se dará cumplimiento a la nueva Ley de Memoria Democrática aprobada por las Cortes.
